La cascada de excarcelaciones de presos de ETA, desde Anboto a Txeroki, que está promoviendo el Gobierno vasco exige de la Justicia un análisis individualizado y ajeno a los intereses políticos
Salida de prisión de 'Anboto', el 24 de marzo.EFE
Actualizado
La cascada de terceros grados y semilibertades con la que el Gobierno vasco está sacando de la cárcel a decenas de presos de ETA exige de la Justicia un análisis individualizado y ajeno a los intereses políticos del que los magistrados competentes no pueden abstraerse.
Como informamos hoy, desde que asumió la competencia sobre las cárceles en octubre de 2021, el Gobierno autonómico ha concedido a los condenados por terrorismo 97 terceros grados, además de 48 semilibertades, en este caso a través del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario.
El proceso se ha acelerado en los últimos diez meses, con 18 etarras beneficiados por el 100.2, una fórmula que la ley estipula como excepcional pero que el Departamento vasco de Justicia, en manos de la socialista María Jesús San José, ha convertido en ordinaria. Uno de los casos más controvertidos es el de María Soledad Iparragirre (Anboto), que desde finales de marzo está saliendo de la cárcel de Martutene durante el día, de lunes a viernes. La novedad es que, esta vez, la Fiscalía de la Audiencia Nacional se ha opuesto a ello.
El informe del fiscal no es vinculante, pero sin duda allana el camino para que el juez titular de Vigilancia Penitenciaria, José Luis Castro, revierta la semilibertad de la ex dirigente terrorista. Sería incomprensible que actuara de otra manera, sobre todo teniendo en cuenta la insólita dureza con la que se expresa el fiscal, que acusa al Gobierno vasco de favorecer a Anboto con un tercer grado «encubierto» sin que esta cumpla los requisitos mínimos.
En efecto, el caso de Anboto, condenada a más de 700 años de cárcel, es palmario. Por un lado, en España sólo ha cumplido seis años de prisión, tras pasar 16 en Francia, cuando el cumplimiento efectivo máximo son 30 años. Por otro lado, como indica el fiscal, la flexibilización de la situación penitenciaria de todo recluso debe ser progresiva. En cambio, Anboto no ha disfrutado de permisos de salida previos -más allá de uno de dos días, sin revisión judicial-, lo cual es clave para evaluar su comportamiento en libertad.
Aunque el fiscal se muestra contundente, interpretar esta decisión como un giro de calado sería engañarse. El movimiento se produce en un contexto de malestar creciente entre las asociaciones de víctimas ante el goteo incesante de excarcelaciones protagonizadas por terroristas que no han expresado arrepentimiento público. Un ejemplo claro es Garikoitz Aspiazu (Txeroki), que está saliendo todos los días de prisión con el aval entusiasta de la Fiscalía. A todo ello se añade la desconfianza que han despertado los encuentros «restaurativos» entre etarras y víctimas desvelados por este periódico y que han servido precisamente para motivar la semilibertad de Txeroki.
En democracia la Justicia es quien debe decidir, con independencia y conforme a la ley, caso por caso. El límite infranqueable es la arbitrariedad, especialmente cuando se trata de delitos tan graves como los de terrorismo