La Generalitat afronta la obligación de mitigar la multirreincidencia en el área metropolitana de Barcelona, una zona gobernada principalmente por el PSC
Agentes de los Mossos, Policía Nacional y Policía Local de Sabadell realizan un dispositivo de identificación y control a la salida del cercanías de Sabadell Centre.ARABA PRESS
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La inseguridad sigue siendo uno de los principales quebraderos de cabeza en Cataluña, lo que exige operativos sin reparar en fronteras municipales y una mayor dotación de recursos para hacer frente al aumento de la delincuencia. Tal como explicamos hoy en el Primer plano, el incremento de la presión policial en las calles de Barcelona y los efectos del denominado plan Kanpai, que incluye desde hace un año macrorredadas de los Mossos, han desplazado el problema de la multirreincidencia a las poblaciones vecinas. El objetivo del conjunto de administraciones públicas, empezando por la Generalitat, debe ser acabar con una creciente sensación de impunidad que opera como caldo de cultivo de los populismos y extremismos.
La ofensiva lanzada por la Policía catalana busca atrapar a las personas que hacen de delinquir su modo de vida, y que han convertido el área metropolitana de Barcelona en su base de operaciones. Se trata de una zona gobernada principalmente por el PSC, con una población de 3,4 millones, que integra tanto la capital catalana como el aeropuerto de El Prat. Según el último balance del Ministerio del Interior, mientras en 2025 las denuncias de hechos delictivos bajaron un 3,1% en Barcelona, en Esplugues subió un 14%, en Sant Adrià casi un 11% y en L'Hospitalet un 6,2%. En estas poblaciones se han disparado los robos con violencia, los hurtos y las agresiones sexuales, lo que se suma a la actuación de los multirreincidentes en la red viaria catalana, incluida la AP-7. Los datos revelan la gravedad del problema de la inseguridad, un reto que excede a los límites de Cataluña. En este contexto hay que enmarcar el compromiso de Interior, en línea con lo que el Gobierno ha acordado con el PNV, para prohibir llevar armas blancas en la calle.
En el caso catalán, la Generalitat afronta la obligación de mitigar la multirreincidencia en un área estratégica de 600 kilómetros cuadrados y 36 municipios. El refuerzo del despliegue policial en estaciones y carreteras, así como en las carreteras y los locales de ocio, resulta prioritario. Pero no basta con movilizar más medios; la ciudadanía clama por una cooperación efectiva entre todas las administraciones públicas implicadas.