En el acuerdo de gobierno suscrito por los l�deres del PP y Vox en Extremadura se prev� que la concesi�n de ayudas sociales refleje una �prioridad nacional� que sit�e al ciudadano espa�ol por delante del extranjero, un planteamiento que ha sido objeto de inmediata contestaci�n y no solamente del lado oficialista: mientras que Moreno Bonilla e Isabel Ayuso han rechazado la posibilidad de firmar nada parecido en el futuro, nuestros mejores comentaristas han lamentado que la direcci�n nacional del PP se haya rendido a Vox asumiendo una pol�tica de origen lepenista. Y bien est�: como quiera que el PSOE de S�nchez ha demostrado sobradamente hasta d�nde puede llegar un partido dispuesto a gobernar a toda costa, tambi�n hay que vigilar con celo la conducta del PP.

Ahora bien: por tentador que resulte aprovechar la ocasi�n para sumarse al nuevo no es no -�ni S�nchez ni Vox!- y salir bien en la foto, conviene introducir algunos matices a fin de entender lo que est� pasando en una sociedad espa�ola que se mueve como pollo sin cabeza desde que la Gran Recesi�n transformase nuestro sistema de partidos. Veamos.

1. No est� claro que Moreno Bonilla e Isabel Ayuso representen �modelos� de relaci�n con Vox diferentes al que cabe atribuir a Feij�o. Se dir�a m�s bien que los n�meros mandan: Guardiola est� lejos de la mayor�a absoluta de la que gozan Moreno Bonilla e Isabel Ayuso. Solo en el caso de que estos �ltimos tuvieran que pactar con Vox en sus respectivas comunidades -un Moreno que pronto va a las urnas quiere evitarlo a toda costa- ser�a posible apreciar esa hipot�tica diferencia y aplaudirla como es debido.

2. Ya quisiera Feij�o gozar de mayor�as absolutas all� donde su partido concurre a las elecciones. Dado que no las tiene, sus opciones se reducen a dos: gobernar en minor�a con el apoyo del PSOE o de Vox; y gobernar en coalici�n con el PSOE o con Vox. Sucede que el PSOE de S�nchez no est� por la labor; si lo estuviera, Feij�o ser�a hoy presidente del Gobierno, pues gan� las generales. A la vista del Superfrankenstein montado por S�nchez para seguir en la Moncloa, de hecho, Feij�o debe elegir entre pactar con Vox o renunciar a la conquista del poder durante un tiempo indefinido.

3. Pero incluso si el PP de Feij�o renunciase a pactar con Vox, alguien tendr�a que gobernar en Extremadura o Arag�n; ser�a estramb�tico -aunque habr� quien lo vea plausible- que en esas comunidades se invistiera al candidato del PSOE con el apoyo del PP... solo porque el PSOE se niega a apoyar al PP y el PP concluyera que lo que vale para el PSOE (puede pactar con cualquiera) no vale para ellos (que no puede entenderse con Vox). En resumen: S�nchez empuja a Feij�o a pactar con Vox; aunque diga lo contrario. Y Feij�o cae en la trampa, pues no tiene manera de evitarlo; por eso es una trampa.

4. Dicho esto, puede reprocharse al PP que llegue a acuerdos moralmente inaceptables o que impliquen una grave traici�n a su programa electoral. �Es el caso? Todo depende de la traducci�n legal y administrativa que tenga -si es que la tiene- esa malsonante �prioridad nacional�... afirmada en una comunidad aut�noma. No obstante: trazar una analog�a con la xenofobia de los nacionalistas catalanes o vascos supone trazar una falsa analog�a, ya que los nacionalistas discriminan entre espa�oles; del acuerdo entre PP y Vox se deduce el prop�sito de favorecer a los espa�oles frente a los extranjeros. Hay que preguntarse, con todo, si tambi�n eso es xenofobia.

5. Si uno se para a pensarlo, la entera Constituci�n Espa�ola es un mecanismo de discriminaci�n en favor de los ciudadanos espa�oles, sea cual sea la forma en que hayan llegado a serlo; eso es lo que hacen por definici�n los Estados nacionales. Por supuesto, hay l�mites bien claros: los derivados de la pertenencia a la UE y de los tratados internacionales firmados por Espa�a. Pero los ciudadanos europeos, por ejemplo, no pueden votar en las elecciones generales; si residen en Espa�a y pagan aqu� sus impuestos, �acaso no habr�an de gozar de ese derecho? Por su parte, hay quien ha reclamado desde la izquierda que los ciudadanos espa�oles tengan prioridad frente a los extranjeros a la hora de comprar una vivienda: otra forma de prioridad nacional.

6. Dicho de otra manera: si cualquier residente en Espa�a fuese acreedor a todos los derechos que se derivan de la nacionalidad reconocida por el Estado, la ciudadan�a misma se ver�a privada de significado. Ojo: se puede defender la indiferencia moral de las fronteras desde posiciones liberales o progresistas; en ese caso, hay que ser coherente y reclamar -entre otras cosas- la abolici�n de los controles de entrada y salida del territorio estatal. Si no se llega tan lejos, lo que corresponde es determinar de qu� derechos gozar�n los nacionales por oposici�n a los extranjeros. Pero no es menos cierto que la distinci�n entre espa�oles y extranjeros se desdibuja all� donde los mecanismos de recepci�n de la inmigraci�n legal dejan de funcionar correctamente; distinguir entre espa�oles y extranjeros no es suficiente si se consolida una tercera categor�a -los residentes irregulares- cuya relaci�n con el Estado tambi�n habr�a de definirse con precisi�n.

7. Es tal la magnitud de los flujos migratorios -regulares e irregulares- que est� recibiendo Espa�a en los �ltimos a�os, que la demanda de esa indeseable �prioridad nacional� debe entenderse como expresi�n de un sentimiento de alarma ciudadana. Porque el deterioro de los servicios p�blicos, el estancamiento de los salarios y la inaccesibilidad de la vivienda se producen en coincidencia con una inmigraci�n elevada, lo que pese a la propaganda gubernamental dificulta que el aumento resultante de la poblaci�n sea percibido como una fuente de prosperidad general. Y el sentimiento de privaci�n relativa que experimentan algunos grupos sociales conduce al �xito de los mensajes anti-inmigraci�n.

8. �Tiene fundamento ese sentimiento? Como es natural, la risa va por barrios: no es lo mismo ser alto funcionario o pensionista m�ximo que joven precario o trabajador aut�nomo; una cosa es vivir en Badalona y otra hacerlo en el Ensanche. El caso es que muchos ciudadanos comprueban que la inmigraci�n recibida en los �ltimos a�os -Espa�a es con diferencia el primer pa�s europeo en saldo migratorio neto- coexiste con el aumento de la presi�n fiscal, con una inflaci�n sostenida que no se ve compensada por el aumento de los salarios, con el incremento exponencial del precio de la vivienda o con un deterioro de los servicios p�blicos que se manifiesta por igual en las listas de espera y en la saturaci�n del transporte o la propia Administraci�n. Dicho de otra manera: los mismos poderes p�blicos que han abierto la puerta a la inmigraci�n masiva se han despreocupado de sus efectos sobre el conjunto de la sociedad.

9. si queremos evitar que una parte significativa de los espa�oles desarrolle sentimientos negativos hacia la inmigraci�n, la aut�ntica �prioridad nacional� debe consistir en hacer todo lo necesario para que sus efectos positivos se dejen sentir en todas partes. En caso contrario, aumentar� el n�mero de quienes se pregunten de qu� les sirve ser ciudadanos espa�oles. Dado que queremos evitar que eso suceda, convendr�a hacer las cosas mejor. Y eso pasa por fomentar un debate racional sobre el fen�meno migratorio, rehuyendo por igual la criminalizaci�n y el buenismo, en busca de un consenso parlamentario del que resulte una pol�tica de largo recorrido.

10. No es algo a lo que este Gobierno de corte iliberal -que lleva tres a�os sin presentar unos presupuestos- sea demasiado aficionado; recordemos que la regularizaci�n en curso se apoya �nicamente en un decreto. Y recordemos las palabras que Diego Rubio, a la saz�n Jefe de Gabinete de Pedro S�nchez, pronunci� en un acto p�blico celebrado en Londres el a�o pasado: �En el Gobierno de Espa�a creemos que es importante conectar con las creencias de los ciudadanos, pero no cuando eso te hace desarrollar las pol�ticas equivocadas�. �Estamos avisados!