Podemos imaginar dos finales para esta legislatura: uno excepcional y otro normal. El excepcional empieza a abrirse paso en algunas tribunas y conversaciones políticas. A grandes rasgos, consistiría en un planteamiento plebiscitario por parte del presidente del Gobierno: convertir las próximas elecciones en algo más que una alternancia entre partidos, presentarlas como una confrontación existencial entre dos modelos de país y montar una suerte de Frente Popular. Por ahora sigo considerándolo improbable, pero el simple hecho de que ese escenario empiece a debatirse ya dice mucho sobre el clima político actual.

Precisamente por eso merece más la pena analizar el desenlace normal: unas elecciones generales en los próximos meses dentro de los cauces habituales de la democracia española. Esta tribuna continúa la que publiqué el pasado 18 de marzo tras las elecciones de Castilla y León, incorporando ahora también los resultados definitivos de las andaluzas.

Lo que sí me atrevo a aventurar es que las próximas elecciones que tendremos en España serán las generales. La retórica de aguantar hasta el verano de 2027 empieza a resultar insostenible. Nunca hubo una verdadera mayoría legislativa, pero ahora la política ha entrado ya en otra fase: la de preparar los motores con los que cada partido llegará a la contienda electoral. Siempre creí que la apuesta de Pedro Sánchez por agotar la legislatura era verosímil, salvo por un detalle decisivo: esperar hasta el último límite legal te deja sin margen de maniobra. Por eso, si hay elecciones normales, probablemente serán antes del final de la legislatura.

Las recientes autonómicas han reforzado además la sensación de que, si las generales no llegan antes, el PSOE puede seguir perdiendo poder territorial. Las encuestas apuntan a una mayoría de derechas en Asturias, Bildu podría superar al PSN en Navarra y Castilla-La Mancha vuelve a depender de un escaño, como mostraba la reciente encuesta de Sigma Dos para este diario. A ello se suma la presión de alcaldes socialistas que temen verse arrasados por el desgaste político si antes no se produce algún giro de tendencia. Sea en otoño o en primavera, la campaña ya ha empezado, y ni siquiera el tradicional parón de agosto frenará los preparativos electorales.

Salvo sorpresa mayúscula, PP y Vox alcanzarán una mayoría holgada si se repiten las tendencias vistas en este ciclo electoral. Desde 2024 se han celebrado unas elecciones europeas y comicios autonómicos en siete comunidades que representan a más de la mitad de la población española, y todas apuntan en la misma dirección. Tras analizar este ciclo electoral, la conclusión más evidente es que la izquierda ni siquiera está recuperando los escaños que perdió en 2023. Los resultados de aquellas generales ya no son una excepción: son el punto de partida a partir del que la derecha solo puede sumar escaños.

A partir de ahí aparecen tres procesos que refuerzan aún más una mayoría de centroderecha en el Congreso. Cualquiera de ellos, por separado, bastaría probablemente para dar a la oposición actual los cinco diputados que le faltaron en 2023; combinados, podrían llevar a PP y Vox a una mayoría que España no ve desde 1982. ¿Cuáles son esos tres procesos?

El primero es el colapso de Sumar. Su caída de votos regala automáticamente escaños al PP en circunscripciones medianas como Córdoba o Granada, incluso aunque los populares no ganen nuevos votantes. Basta con que sigan siendo la primera fuerza, algo que hoy parece prácticamente asegurado. Y aunque el efecto principal beneficie al PP, Sumar también perderá representación hacia otro lado: las izquierdas identitarias y territoriales, hoy el único espacio progresista claramente al alza. Ya se ve en Galicia y Andalucía, y podría extenderse también a Cataluña o País Vasco.

El segundo proceso que refuerza la mayoría de centroderecha es el auge territorial de Vox. Aunque ha pasado más desapercibido, probablemente sea el cambio más importante de este ciclo para entender una posible alternancia de gobierno. Vox ya no depende solo de grandes ciudades o de provincias muy pobladas: ha demostrado capacidad para competir en prácticamente todo el territorio, algo que en la España democrática solo habían logrado antes UCD, PSOE y PP. En las autonómicas de 2025 y 2026 ha obtenido representación en todas las provincias donde se ha votado.

Y eso tiene un efecto decisivo en el sistema electoral español. En muchas provincias pequeñas, de tres o cuatro escaños, Vox ya está en condiciones de arrebatarle al PSOE su segundo diputado. Como hemos visto en Andalucía, este patrón convierte a la derecha en un bloque especialmente eficiente a la hora de transformar votos en escaños: el PP se beneficia del prémium que otorga ser la fuerza más votada, mientras Vox compite prácticamente sin rival por el tercer o cuarto escaño.

Lo más llamativo es que estos dos procesos son, en gran medida, independientes de la evolución del voto a PP y PSOE. Basta con que se mantenga la dinámica de los últimos cinco años: una ligera ventaja del PP sobre los socialistas. El PP no necesita una victoria amplia; le basta con quedar por delante. Y eso es precisamente lo que viene ocurriendo de forma bastante estable desde junio de 2021, tanto en la media de encuestas como en las distintas elecciones celebradas desde entonces. En el clima político actual, además, parece difícil que el PSOE recupere el terreno perdido durante el último lustro.

El tercer proceso es que el PSOE, lejos de recuperarse, sigue acusando el impacto de cada nuevo escándalo de corrupción. A medida que el ciclo informativo pierde intensidad, logra recomponerse parcialmente, pero solo para «hacer la goma», usando el argot ciclista: mantenerse cerca del grupo de escapados –en este caso el PP– sin tener fuerza suficiente para alcanzarlo. Más que un escenario de resistencia, las autonómicas han dibujado para los socialistas un panorama de retroceso sostenido, con mínimos históricos en muchos territorios.
Ese hundimiento en el sur tiene además consecuencias directas en el reparto de escaños. En provincias como Badajoz o Huelva, el PP puede arrebatarle diputados simplemente por quedar por delante, incluso sin aumentar su porcentaje de voto. Y a ello se suma otra presión adicional: el crecimiento de izquierdas identitarias como Adelante Andalucía, que también podrían disputarle representación en provincias como Sevilla o Cádiz.

Visto desde la perspectiva de la izquierda, repetir el escenario de julio de 2023 exigiría que ocurrieran varias cosas al tiempo: que las izquierdas alternativas lograran articular una alianza electoral al menos tan eficiente como lo fue Sumar, que el PSOE dejara de hundirse en buena parte de las provincias y que Vox retrocediera dos o tres puntos. Es decir, necesitaría revertir simultáneamente los tres procesos que hoy favorecen a la derecha. Ninguna de estas condiciones parece razonable en el plazo de unos meses.

En definitiva, si las tres tendencias descritas se consolidan al mismo tiempo –como ha ocurrido en buena parte de las elecciones autonómicas de este ciclo–, el próximo Congreso podría alumbrar una mayoría conservadora de una magnitud inédita desde los años ochenta.

¿Tiene la izquierda una vía para contrarrestar estos movimientos? Creo que sí, pero difícilmente en el plazo máximo de un año. Más bien parece un proceso que se desarrollará en los próximos ciclos electorales. España es hoy una de las pocas excepciones –casi la única relevante– de Gobierno progresista en Europa, en un continente donde el dominio de las derechas es cada vez más amplio. Ese cambio acabará forzando también una refundación de las izquierdas.
Pero todo eso sigue siendo todavía muy incipiente y requeriría una transformación política y cultural que aún no se ha producido. Por ahora, si el final de la legislatura es normal, la principal incógnita no parece ser quién gobernará España, sino la magnitud del cambio de ciclo que pueden traer las próximas generales.