Hasta en 12 comunidades se puede sacar de notable para arriba sin haber estudiado a ningún filósofo de la Modernidad
Alumnos realizan la PAU en Madrid, en 2025.
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Los exámenes de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) arrancan hoy en la Comunidad de Madrid y lo harán los próximos días en el resto de España sin que sus contenidos, estructura y nivel de dificultad hayan sido aún homogeneizados en todo el territorio. El resultado será que, en un contexto en el que ha crecido la demanda para estudiar en la universidad sin que lo hayan hecho las plazas disponibles, se producirán previsiblemente injusticias en el acceso a las carreras más demandadas. Alumnos que hagan la prueba en una comunidad más exigente se verán relegados por compañeros de otras autonomías que hayan sacado mejor nota. El Real Decreto que se aprobó en junio de 2024 para, entre otras cosas, poner fin a esta situación ha fracasado en ambición y en resultados prácticos. Como muestra el análisis que publicamos hoy, la manga ancha que se instauró durante la pandemia de Covid sigue vigente, lo que significa que los estudiantes pueden acudir a tácticas de ingeniería académica para optimizar su esfuerzo en las autonomías más laxas. El caso de Filosofía, una asignatura que debería servir para exponer razonamientos y desarrollar el pensamiento crítico, es paradigmático: hasta en 12 comunidades se puede sacar de notable para arriba sin haber estudiado a ningún autor de la Modernidad, como Descartes o Kant, y en dos de ellas -Aragón y Castilla La-Mancha- el examen incluye preguntas tipo test.
Pese a la homogeneización del nombre -ahora se llama PAU en toda España- y a que las fechas de realización del examen se han aproximado -solo Castilla-La Mancha y Cataluña empezarán la semana próxima-, el objetivo de erradicar la desigualdad en la facilidad de acceso a una carrera ha fracasado. Ni siquiera las regiones que gobierna el Partido Popular, que se habían comprometido a hacer una prueba común con independencia de lo que hiciera el Gobierno, han logrado este objetivo. Además, el desajuste entre demanda y oferta se ha disparado: hoy quieren estudiar un grado un 26% más de alumnos que hace una década, pero las plazas públicas han caído un 0,6% en ese mismo periodo. En las carreras sanitarias y tecnológicas, la dificultad es aún mayor, como muestran sus elevadas notas de corte. Paradójicamente, estos son los profesionales que más demanda el mercado, por lo que el sistema está dejando fuera a alumnos que luego las empresas echan en falta. La universidad privada es necesaria porque cubre en parte esa carencia, pero no todas las familias se pueden permitir sus elevados costes.
En un contexto de alta competitividad como el actual, es responsabilidad del Estado fomentar la cultura del esfuerzo y garantizar que quienes más trabajan no se queden fuera, con independencia de dónde estudien. Algo imposible de conseguir si persiste la enorme disparidad de criterios en las pruebas de acceso.