El titular de este artículo merece ya por sí solo una pausa. Hablamos de un ex presidente del Gobierno de España, nada más y nada menos, que por primera vez en nuestra democracia va a ser investigado por un Juzgado de Instrucción de la Audiencia Nacional. Lo será por un supuesto delito de tráfico de influencias y delitos conexos en relación con el rescate de la aerolínea Plus Ultra. Se trata, además, de un ex presidente que ha estado muy activo en la vida política española de los últimos años, al desempeñar un papel de valedor del Gobierno de Pedro Sánchez, muy criticado por otras viejas glorias del PSOE y, muy en particular, por el ex presidente Felipe González. Lo primero que hay que decir es que, con independencia de las simpatías políticas de cada uno, es muy mala noticia para todos los españoles.

Sentado lo anterior, la primera reflexión me parece clara: el levantamiento del secreto de las actuaciones sobre el caso Plus Ultra y la imputación (o la citación para declarar como investigado) el próximo 2 de junio se produce apenas 24 horas después de las elecciones andaluzas, en las que el PSOE, de la mano de la ex ministra de Hacienda, tuvo su peor resultado hasta la fecha. Parece obvio que ha existido algo parecido a un pacto o acuerdo tácito por el que el Poder Judicial ha retrasado esta citación, probablemente con la intención de no interferir en el voto. Habrá personas que lo consideren razonable; yo me temo que no me encuentro entre ellas. Los políticos o ex políticos deberían de ser tratados como cualquier ciudadano, ni mejor ni peor, y tendrán que declarar cuando corresponda procesalmente. Por supuesto, esto se aplica a los políticos de todos los partidos.

Si mantenemos esta deferencia judicial, por llamarla de algún modo, y teniendo en cuenta, por una parte, la agitada vida procesal de nuestra clase política y, por otra, el ritmo de las citas electorales, podemos encontrarnos con muchas más situaciones en que las decisiones judiciales con trascendencia mediática y política se vean retrasadas (o adelantadas) por motivos que nada tienen que ver con el buen desarrollo del proceso judicial en cuestión, que se supone que es lo relevante. Pensemos en el caso de la dana, en el del accidente de Adamuz, en los relacionados con Ábalos, Aldama y Koldo o cualquiera que pueda surgir en el futuro. La lógica judicial y procesal no es la lógica política y mediática, y mezclar ambas me temo que no es una buena idea, puesto que dará alas, y esta vez con razón, a la convicción de muchos ciudadanos (a un lado y a otro del espectro ideológico) de que la justicia está politizada, en el sentido de que los jueces intervienen como agentes activos en la política y tienen muy en cuenta las consecuencias políticas de las decisiones judiciales. Lo que no quiere decir que no las tengan, dado que, lamentablemente, en nuestro país la única responsabilidad política exigible es la que se deriva de un procedimiento judicial penal, como vemos repetidamente. Pero esto no es culpa de los jueces.

En suma, es indudable que una noticia como esta hubiera producido un gran ruido mediático en medio de una campaña electoral, pero sospecho que no habría supuesto ningún cambio en un sentido u otro: habría, eso sí, ratificado la convicción de muchos electores de izquierdas de que estamos ante una maniobra más de lawfare de la judicatura facha, y la de muchos electores de derechas de que las andanzas empresariales de José Luis Rodríguez Zapatero, en particular en Venezuela, eran muy sospechosas.

Lo que nos lleva a la segunda reflexión: el papel de los ex presidentes del Gobierno -y más cuando dejan sus cargos relativamente jóvenes- no es desde luego sencillo. Hay innumerables ejemplos, empezando por España, en que la dedicación a los negocios puede ser problemática, habida cuenta de la influencia que claramente pueden ejercer sobre sus sucesores del mismo partido o sobre cargos importantes que les deban favores de todo tipo. De ahí que la sombra del tráfico de influencias nunca ande demasiado lejos de los que optan por esta vía. No todo el mundo puede vivir de dar charlas millonarias en foros internacionales ni tener un puesto permanente en el Consejo de Estado, por lo que parece demasiado tentador. Dicho esto, parece claro que, aunque los límites entre la ética y la legalidad sean un tanto difusos -como podemos ver, precisamente, en el caso de la mujer del presidente del Gobierno-, estos límites pueden ser apreciados por terceros. Lo que es compatible con que los afectados directamente no los distingan, a su vez muy comprensible desde un punto de vista humano: nadie suele ver la posibilidad de un conflicto de interés o de un tráfico de influencias cuando le afecta y la recompensa económica de no apreciarlo es relevante. Esto es especialmente cierto en un país donde el clientelismo es estructural y forma parte de la cultura política.

Por poner un ejemplo muy sencillo: son muchos los ex políticos que se dedican a hacer lobby desde consultoras importantes, o incluso los que montan consultoras para hacer lobby. ¿Es legal? Sin duda. ¿Puede dar lugar a zonas grises o incluso a tráfico de influencias? Pudiera llegar a ocurrir, si no se tiene mucho cuidado: como digo, los límites son un tanto difusos. El caso de la consultora Acento Public Affairs, fundadada por los ex ministros José Blanco (PSOE) y Alfonso Alonso (PP), vendida recientemente a Havas Media Group, propiedad de un grupo internacional, después de una subida espectacular de su negocio en muy poco tiempo es un ejemplo sintomático de lo que hablamos.

Por último, quiero dedicar unas pocas líneas relativas al rescate de Plus Ultra por la SEPI. Hace ya varios años escribí en el blog de la Fundación Hay Derecho sobre los problemas que planteaba la decisión de conceder una ayuda pública de 53 millones de euros de los contribuyentes a una aerolínea que había presentado pérdidas desde su constitución en 2011, que en 2019 operó un 0,03% de vuelos en España y que había intentado infructuosamente conseguir los créditos ICO, también públicos, pero gestionados privadamente. El Real Decreto-ley de 3 de julio, de medidas urgentes para apoyar la reactivación económica y el empleo después del Covid, creó un nuevo fondo gestionado por la SEPI para dar apoyo a determinadas empresas no financieras, estratégicas y solventes, especialmente afectadas por la pandemia, exigiendo que las dificultades fueran temporales y consecuencia de la misma. El carácter estratégico tenía que serlo "para el tejido productivo nacional o regional, entre otros motivos, por su sensible impacto social y económico, su relevancia para la seguridad, la salud de las personas, las infraestructuras, las comunicaciones o su contribución al buen funcionamiento de los mercados".

Sencillamente, con los datos objetivos, estos requisitos no se daban. Pero, al parecer, los informes oficiales dijeron que sí y apoyaron la decisión tomada por el Consejo Gestor del Fondo, de apoyo a la solvencia de las empresas estratégicas, al frente del cual estaba el entonces vicepresidente de la SEPI, Bartolomé Lora, persona de confianza de María Jesús Montero. La pregunta que ahora podemos hacernos es: ¿qué fue lo que determinó que se hicieran en ese sentido y no en otro? La pregunta no solo interpela procesalmente al ex presidente del Gobierno, sino que nos interpela a todos los españoles preocupados por nuestras instituciones.