Cuando quienes gobiernan equiparan las críticas con ataques a la democracia, adaptan los principios a sus necesidades y subordinan las instituciones a su supervivencia
Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, durante su comparecencia ante la prensa en Roma, el pasado miércoles.EFE
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Hace unos meses escribí que Pedro Sánchez había fijado el criterio moral de su Gobierno en la reacción y no en el hecho. Ante los casos de corrupción o las agresiones sexuales que salpicaban a su entorno, sostenía que lo decisivo no era lo ocurrido, sino la forma de responder: la rapidez del comunicado, la contundencia del gesto o la comparación con el adversario.
Aquella tesis era discutible, pero al menos tenía coherencia. Hoy ni siquiera eso queda.
Cuando las investigaciones judiciales cercan el núcleo del sanchismo -es decir, a Rodríguez Zapatero-, ya no importan ni el hecho ni la reacción. La ética posterior al daño ha sido sustituida por la negación preventiva: no se explican los hechos, se desacredita al investigador; no se responde a los indicios, se denuncia al juez; no se asumen responsabilidades, se invoca la conspiración.
Esta deriva confirma una de las tesis centrales del oportuno estudio de Rafael Jiménez Asensio, Falsos cimientos. La fragilidad de las instituciones en España (2026): buena parte de los males de nuestra democracia nacen de una tradición que confunde las instituciones con quienes las ocupan y el interés general con el del partido en el poder. En el sanchismo esos rasgos son reconocibles. Los principios dejan de ser permanentes y dependen de la identidad del afectado: lo que ayer justificaba una dimisión, hoy se relativiza; lo que ayer era exigencia ética, hoy se denuncia como lawfare. Cuando eso ocurre ya no hay ética pública.
La misma lógica explica la afirmación de Sánchez de que no convocará elecciones porque la Constitución fija cuatro años de legislatura. Se trata de una interpretación falsa: la Carta Magna establece un máximo y permite expresamente la disolución anticipada. Resulta aún más llamativo que invoque una obligación inexistente mientras lleva años incumpliendo otra bien real: la que obliga al Gobierno a presentar anualmente los Presupuestos Generales del Estado. Otro falso cimiento de los que describe Jiménez Asensio: el uso instrumental de las instituciones y las reglas comunes.
Los gobiernos pasan. Las instituciones deben permanecer. Pero cuando quienes gobiernan equiparan las críticas con ataques a la democracia, adaptan los principios a sus necesidades y subordinan las instituciones a su supervivencia, recorren en tres pasos el camino de la ética a la negación y de la negación a la impunidad. Y al final destruyen precisamente lo que dicen defender.