La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, junto a la vicepresidenta Teresa Ribera.EFE
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Las revelaciones en torno al caso Zapatero colocan a Teresa Ribera en una posición delicada en el tablero político europeo, al reabrir el debate sobre el rescate de Plus Ultra y proyectar sobre su figura una serie de interrogantes que trascienden el ámbito estrictamente español.
En ese contexto, su papel como vicepresidenta de la Comisión Europea adquiere una dimensión especialmente sensible. La autoridad de un comisario no se mide únicamente por su presente institucional, sino también por la solidez de su gestión y de las decisiones políticas en las que participó en etapas anteriores. En el caso de Plus Ultra, esas decisiones siguen rodeadas de preguntas que la interpelan como vicepresidenta cuarta que fue del Gobierno que aprobó la inyección de 53 millones de euros a la aerolínea.
La Comisión Europea ha recordado que la operación -polémica desde su origen por las dudas sobre la situación real de la empresa, su encaje como beneficiaria de ayudas estratégicas y los criterios aplicados en la concesión de fondos públicos- no requería una autorización individual previa por su cuantía. Sin embargo, esa precisión técnica no anula la responsabilidad política: Bruselas observa con atención este tipo de controversias porque afectan directamente a la percepción de transparencia dentro de sus propias instituciones. Es en ese marco donde la posición de Ribera se vuelve más expuesta.
El problema, además, se inserta en un clima más amplio de creciente escrutinio sobre la política española en el ámbito europeo. Las sucesivas polémicas que han rodeado al Ejecutivo de Pedro Sánchez contribuyen a reforzar una imagen de corrupción y desgobierno que debilita la posición de nuestro país en Europa.
Por todo ello, resulta imprescindible aclarar hasta dónde llegó el papel de Teresa Ribera en el rescate de Plus Ultra y en las opacas maniobras de Zapatero para disipar las dudas que ahora vuelven a proyectarse sobre una de las figuras españolas con mayor responsabilidad en la Comisión Europea. Están en juego la imagen de España como socio democrático y la credibilidad de las instituciones europeas.