Salvador Illa se ha conjurado para desobedecer la sentencia de los padres de la niña de Canet que pedía un 25% de clases en castellano a la espera de lo que decida el Tribunal Constitucional de Cándido Conde-Pumpido
ARABA PRESS
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La resolución del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre la escuela catalana reviste una gran importancia pues define un criterio meridianamente claro: todos los ciudadanos españoles tienen derecho a ser educados en la lengua común, y la inmersión obligatoria en catalán carece de base jurídica.
Estrasburgo se expresa así al inadmitir una denuncia presentada por Òmnium Cultural y un grupo de familias que pedían la exclusión del castellano. No se trata, por tanto, de una sentencia. Sin embargo, los magistrados entran al fondo de la cuestión. Afirman que, «dado que solo el castellano es lengua oficial en todo el territorio nacional, incluida Cataluña», «prohibir su uso como lengua de instrucción privaría a los ciudadanos españoles de su derecho a ser educados en la lengua nacional». Y añaden: «Recibir educación en la lengua del Estado es crucial para facilitar la igualdad de acceso de los alumnos al sistema educativo estatal y para preservar el principio de unidad del sistema educativo».
Además, el tribunal desmonta el argumento jurídico clave de los partidos nacionalistas, el PSC y los Comunes, al subrayar que la Carta Europea de las Lenguas Minoritarias no impone en ningún momento un modelo escolar que solo emplee el idioma regional.
El fallo no solo constituye un espaldarazo para la defensa de la igualdad y la ley en Cataluña. También es un acto de justicia para los padres -y para asociaciones como la Asamblea por una Escuela Bilingüe- que, desde un civismo ejemplar, están luchando de forma incansable por los derechos de todos. Su valentía siempre contará con el reconocimiento de EL MUNDO. De hecho, en el origen de este proceso está la familia del colegio público de Canet de Mar que sufrió un acoso infame por pedir para su hija el 25% de español, en aplicación de la sentencia dictaminada por el Tribunal Superior catalán. Mientras Salvador Illa desobedece ese fallo a la espera del Tribunal Constitucional de Conde-Pumpido, la Justicia europea ha hablado con una claridad que ninguno de los miembros del órgano constitucional puede ignorar.