Varios consumidores en una gasolinera en Toledo.EFE
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La espiral inflacionista causada por la guerra de Irán, sumada a la falta de focalización de las ayudas energéticas del Gobierno en los hogares con menos recursos, evidencia que la necesidad de auxiliar a las clases medias españolas representa una urgencia inaplazable.
España se ha convertido en marzo en la gran economía europea con más inflación (un 3,4%) y en el octavo de los 27 Estados miembro con una mayor alza de los precios en términos interanuales. A este dato hay que unir las previsiones de la AIReF, que ha elevado al 3,2% la inflación para este año. Todo ello revela hasta qué punto nuestro país se muestra incapaz de embridar los precios en medio de la incertidumbre por el encarecimiento de los carburantes en todo el mundo.
Lo más preocupante es que el repunte español castiga de forma más dura a los hogares de menor renta y a los sectores que tienen menos margen para absorber subidas de costes -como el transporte o la agricultura-. Uno de los efectos de esto es que la desigualdad social se acentúa cada vez más. Según la Encuesta Financiera de las Familias publicada por el Banco de España, un millón de familias está en riesgo de vulnerabilidad, con deudas que superan el 40% de su renta. A ello contribuye decisivamente la crisis de acceso a la vivienda, que amplía la brecha de riqueza entre las familias con menor renta, los jóvenes y los extranjeros frente a los hogares más ricos.
En este delicado contexto, es presumible que el paquete de iniciativas que el Gobierno ha aprobado para amortiguar el shock energético contribuya a paliar el daño económico y social. Sin embargo, según calcula la AIReF, la ausencia de medidas orientadas específicamente a los hogares con menos recursos provoca que, en términos absolutos, las familias pudientes se beneficien más de las ayudas públicas. Tal como ha advertido Bruselas, las reducciones de gravámenes generalizados para toda la población -independientemente de su renta- no sólo son difíciles de financiar: también se muestran ineficaces, pues diluyen los recursos públicos, encarecen el coste fiscal y benefician también a quienes no necesitan el apoyo del Estado.
Proteger a los más vulnerables es imprescindible, pero alcanzar ese objetivo con eficacia requiere medidas quirúrgicas, compatibles con la disciplina fiscal y coordinadas con la UE.