Editorial
La Audiencia ha respaldado en lo esencial el n�cleo de la investigaci�n sobre la mujer del presidente. Y ese n�cleo apunta a un uso patrimonial del poder
Bego�a G�mez y Pedro S�nchez, en su visita a China.EFE
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El hecho de que la esposa del presidente del Gobierno se vea abocada a sentarse en el banquillo por cuatro presuntos delitos constituye una anomal�a hist�rica de enorme gravedad pol�tica. Juan Carlos Peinado ha cerrado la instrucci�n del caso Bego�a G�mez y mantiene los indicios por tr�fico de influencias, corrupci�n en los negocios, apropiaci�n indebida y malversaci�n. M�s all� del estilo discutible del instructor y de los recursos pendientes que pueden provocar que la Sala revoque su decisi�n, lo medular es que la Audiencia Provincial ha respaldado en lo esencial el n�cleo de la investigaci�n. Y ese n�cleo apunta a un uso patrimonial del poder.
Lo relevante no es el ruido sembrado por Moncloa ni la explotaci�n propagand�stica del t�rmino �lawfare�, sino los hechos acreditados. El juez sostiene que Bego�a G�mez se aprovech� de su �singular posici�n relacional� como esposa del presidente para tejer desde Moncloa un c�rculo de �lite para interlocuciones excepcionales con grandes compa��as y entidades. Telef�nica, Google, Indra o Reale Seguros aparecen en ese ecosistema de apoyos movilizados alrededor de su c�tedra y su proyecto empresarial. No se trat� de contactos inocuos, sino de una utilizaci�n de la cercan�a al poder para promover intereses particulares.
Ese es el elemento pol�ticamente decisivo. La esposa del presidente no va camino de juicio por una irregularidad menor, sino por la sospecha de haber convertido la posici�n institucional de su marido en una palanca de influencia. Y a ello se a�ade la posible utilizaci�n de una asesora pagada por Presidencia para atender tareas privadas.
Pedro S�nchez no puede seguir escud�ndose en lo estrafalario de los modos del juez para ocultar la gravedad del caso. Que su mujer vaya a juicio con jurado, junto a una asesora de Moncloa y a un empresario presuntamente beneficiado por ese c�rculo relacional, retrata una concepci�n del poder incompatible con la ejemplaridad p�blica en democracia. No se trata s�lo de la suerte penal de Bego�a G�mez. Se trata de que, una vez m�s, el entorno �ntimo del presidente aparece utilizando la capacidad de presi�n de la Moncloa para fines ajenos al inter�s general.