Pedro Sánchez ha acompañado cada uno de los golpes contra el ex presidente con la misma respuesta: su «confianza», y la del partido, en su inocencia
EFE
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Cinco meses han bastado para constatar el hundimiento del gran referente moral del PSOE. En el tiempo transcurrido desde que EL MUNDO reveló que José Luis Rodríguez Zapatero había cobrado cantidades de su amigo Julio Martínez, detenido por el caso Plus Ultra, la caída ha sido continua y cada nuevo golpe ha resultado más demoledor que el anterior: el papel de comisionista internacional, los negocios con el chavismo, los viajes a China, y finalmente el escándalo las joyas -tasadas en 1,3 millones de euros- halladas en la caja fuerte de su propio despacho.
Pedro Sánchez ha acompañado cada uno de esos golpes con la misma respuesta: su «confianza», y la del partido, en la inocencia de Zapatero. Con el objetivo de mantener prietas las filas, el presidente ha perfeccionado hasta el virtuosismo el arte de convertir lo intolerable en tolerable. Primero, con el silencio. Luego, con la mención a la presunción de inocencia como escudo. Y por último, cuando ya no queda otra salida, con la delegación de responsabilidad: «Esa pregunta quien tiene que responderla es el señor Zapatero, no yo». Así contestó ayer en Bruselas cuando se le preguntó si el ex presidente debe devolver las joyas al Estado, en el caso de que fueran, como sostiene ahora su entorno, un regalo de la monarquía saudí.
La evasión tiene además el mérito de venir acompañada de una inexactitud. Sánchez atribuyó a Zapatero haber «aprobado una ley» que regulaba los regalos a altos cargos. No fue una ley, sino un código de buen gobierno sin rango normativo, aprobado en 2005. La ley de transparencia que hoy obliga a incorporar al patrimonio del Estado los obsequios de relevancia institucional fue ratificada por Mariano Rajoy en 2013. Una nueva mentira que ilumina un patrón: cuando los corruptos son los suyos, no hay responsabilidad alguna. Ni siquiera la de conocer los hechos antes de salir a defenderlos.
Hay, además, un elemento en esta causa que merece subrayarse con más firmeza de la que se le ha dedicado: las hijas de Zapatero. El juez Calama ha documentado que los pagos de la trama fueron a parar al ex presidente y a la empresa de sus hijas. Si hay una imagen que destruye el relato del «pacificador» altruista no es la foto del presidente de Plus Ultra con champán y ostras tras el rescate, sino la de un padre que, según el instructor, habría utilizado a sus propias hijas como instrumento de blanqueo. Un verdadero ejercicio de inmoralidad que termina de destruir cualquier coartada exculpatoria.
En un país cuyo presidente ha borrado la responsabilidad política, lo inaceptable se nos pretende presentar como cotidiano. Pero, al margen de esa narrativa oportunista, lo importante es que la Justicia decidirá. No en función de apelaciones emocionales ni actos de fe, sino basándose en indicios, pruebas y hechos contrastados. El Estado de derecho persiste.