«Negligencias en las salas de emergencia, comida escasa a los usuarios, personal sociosanitario haciendo tareas de limpieza o cocina, humillaciones constantes a los residentes y falta de higiene con colchones orinados y desgastados». Es el cómputo de infracciones denunciado por varias trabajadoras y ex trabajadoras de la residencia de ancianos Hogar Club 65 de Pinseque (Zaragoza) ante la Guardia Civil de Ejea de los Caballeros.

En la demanda, presentada en los primeros días del mes de febrero, se añaden dos episodios de presuntas agresiones sexuales entre internos, sobre los que la dirección del centro «no tomó ninguna medida legal al respecto» tras ser puesta en conocimiento de lo ocurrido. Asimismo, apuntan a una flagrante falta de recursos para prestar una atención digna a aquellos residentes con un alto grado de dependencia, con «administración de medicinas sin prescripción médica» y «noches en las que había un solo responsable para 43 ancianos».

Los hechos denunciados, recogidos por El Periódico de Aragón, han sido refrendados por el testimonio que algún ex residente ha ofrecido ante los medios de comunicación, donde han asegurado haber sufrido robos, haber sido víctima de vejaciones y haber sido sometidos a un férreo control en las raciones de comida que les eran proporcionadas cada día.

«Nos gritaban por la mañana, entraban en las habitaciones lanzando improperios. Aquello era un desastre, una dictadura; no dejaban salir a nadie a la calle. Castigaban a la gente que discutía con un trabajador y racionaban el pan y las galletas del desayuno», narraba uno de los residentes del centro al citado medio regional.

Esta noticia pilló por sorpresa a la gran mayoría de los habitantes de Pinseque, que, preguntados por EL MUNDO, reconocen no saber nada de lo que ocurría en el interior de este centro. «Nos enteramos al verlo en la televisión autonómica, porque, al ser una residencia privada que está situada a las afueras, no tiene mucho arraigo en el pueblo», explicaba un ciudadano bajo la lluvia a las puertas del Ayuntamiento del municipio.

En el consistorio también fue presentada una denuncia anónima que recogía los hechos señalados al inicio de este reportaje. Esto llevó al alcalde del municipio, José Ignacio Andrés Ginto (PSOE), a convocar una Junta de Portavoces urgente, junto a los concejales de Vox, para abordar este asunto y poner al Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) en conocimiento de lo que estaba sucediendo.

Desde el departamento de Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón apuntan que, por su parte, «ya se había puesto en marcha un expediente sancionador hace varias semanas -antes de hacerse públicas las demandas-, que está pendiente de ejecución, por deficiencias materiales y en el funcionamiento del centro». Las fuentes consultadas por este periódico se limitan a destacar que «el centro es privado y no tiene plazas concertadas -financiadas por la administración pública-», y, por ahora, no establecen una fecha límite para la resolución de este informe.

Sin embargo, la Fundación San Jorge, entidad sin ánimo de lucro que gestiona la residencia Hogar 65, ya ha decretado el cierre de las instalaciones para el próximo 31 de marzo, alegando «motivos arquitectónicos» para justificar esta medida tan radical.

«Comunicamos que, tras 34 años prestando servicio a residentes, nos vemos obligados a proceder al cierre definitivo de la residencia por motivos arquitectónicos. La estructura del edificio no permite acometer las reformas necesarias para adecuar el centro a los requisitos exigibles para la atención de personas dependientes», señalan en un mensaje publicado en su página web.

Por tanto, destacan que, en este momento, «el Centro está plenamente centrado en garantizar que el proceso de traslado de los residentes se lleve a cabo con las máximas garantías, velando en todo momento por su bienestar y adecuada atención».

En cuanto a las informaciones publicadas sobre la gestión y el trato ofrecido, pese a negarse a hacer declaraciones directas al ser cuestionados por EL MUNDO, exponen en el escrito que «la Dirección del Centro ha atendido a distintos medios, facilitando información clara, veraz y transparente sobre el proceso de cierre y las actuaciones desarrolladas». Asimismo, «se hace constar que familiares y trabajadores han manifestado su apoyo frente a la difusión de informaciones de carácter negativo ocurrida en los últimos días».

Es cierto que varios familiares de los residentes han mostrado su sorpresa ante la gravedad de las acusaciones vertidas sobre la gestión de la residencia, al desconocer que sus allegados pudiesen estar expuestos a malos tratos de parte de la plantilla del centro. Es el caso de Andrea Gracia, quien tras llevar a su suegra a Pinseque después de pasar unos días en Zaragoza, explica que «nosotros estamos muy contentos con el servicio que nos han ofrecido y no tenemos ningún motivo para quejarnos de nada».

«Mi suegra lleva aquí bastante tiempo y nunca ha manifestado que se hayan producido malos tratos hacia ella o sus compañeros. Las empleadas de la residencia siempre han atendido a nuestras necesidades e incluso, al vivir nosotros en Zaragoza, se han ofrecido varias veces a hacerse cargo de las compras que pudiésemos requerir», expresa a este medio junto al coche en marcha aparcado a las puertas del recinto. En ese sentido, añade que no le gusta que se hayan publicado dichas informaciones, ya que «ahora que van a cerrar, esto puede perjudicar a las trabajadoras a la hora de conseguir un nuevo trabajo», algo que considera que «no es justo, porque todo lo que se está diciendo no es verdad».

Andrea reconoce estar «preocupada» ante la necesidad de encontrar un centro con las mismas condiciones económicas -1.300 euros al mes- y relaciona las denuncias con un intento de «venganza» de parte de las trabajadoras que no han quedado conformes con sus despidos.

Ante estas acusaciones, las empleadas denunciantes han rechazado hacer cualquier valoración por «miedo» a quedar señaladas por los vecinos de un pueblo de apenas 4.600 habitantes. Todas ellas se adscriben al comunicado emitido por UGT Aragón sobre este asunto, en el que reclaman «el aumento de controles y la mejora de las condiciones laborales y de financiación en los centros». Todo para evitar casos como este de la residencia Hogar Club 65 de Pinseque, que, a su juicio, «es la consecuencia directa de años de dejadez, falta de control efectivo y políticas insuficientes».