El panorama audiovisual español acaba de vivir un vuelco signifitvo, que, aunque esperado, cierra uno de los procesos más intensos sobre la adjudicación de un nuevo canal de la TDT. El Consejo de Ministros ha materializado la adjudicación de la nueva licencia de Televisión Digital Terrestre (TDT) de ámbito nacional, y como se venía anticipando el sector, la frecuencia en abierto ha ido a parar al consorcio Siete (Servicios Integrados de Entretenimiento Televisivo), la empresa administrada por Andrés Varela Entrecanales y vinculada al grupo de accionistas de Prisa agrupados en torno a Global Alconaba, una alianza empresarial capitaneada por los llamados "rebeldes" del grupo Prisa y que cuenta con el asesoramiento estratégico de un veterano de los medios: José Miguel Contreras.

Esta adjudicación cierra un proceso que arrancó formalmente con la convocatoria del concurso en octubre de 2025 y que se ha resuelto con celeridad para que la nueva cadena pueda encender sus emisiones antes de que termine 2026 y arranque 2027, año de elecciones. La duración de la licencia será de 15 años y será susceptible de renovación por el mismo plazo, siempre que se cumplan los requisitos previstos en la Ley 13/2022, de 7 de julio.

El proyecto cuenta con la participación a partes iguales y a través de diferentes sociedades de tres accionistas de Prisa: Andrés Varela -que lidera el proyecto desde el punto de vista industrial-, Diego Prieto -empresario del sector sanitario-, y Adolfo Utor -presidente de Baleária-. Estos tres empresarios controlan alrededor del 15% del capital de Prisa, según informa Efe. A ellos se suma el empresario argentino José Luis Manzano, el mayor accionista de Telefé, aunque no participa a través de la sociedad que representa a este canal de televisión en abierto argentino. Cada uno de estos cuatro empresarios, tiene un 25% de participación en el consorcio.

Las mismas fuentes han precisado que Varela no concurre a través del grupo Alconaba -que tiene el 7% de Prisa- y que en el caso de Utor, lo hace a través de una sociedad integrada por empresarios afines.

La trastienda de la adjudicación del nuevo canal de TDT es, en realidad, la historia de un choque de trenes empresarial y político dentro del Grupo Prisa. La ruptura definitiva entre José Miguel Contreras y el máximo accionista de la editora de El País y la Cadena SER, el fondo Amber Capital liderado por Joseph Oughourlian, es el detonante que explica cómo se ha gestado el proyecto de la nueva televisión.

En 2024, José Miguel Contreras fue nombrado director de contenidos de Prisa Media con un objetivo prioritario: capitanear el regreso del grupo a la televisión en abierto a nivel nacional, un viejo anhelo del entorno de Pedro Sánchez para disponer de un contrapeso audiovisual potente frente a cadenas más conservadoras.

A principios de 2025, el plan encalló por completo. Oughourlian frenó en seco la aventura televisiva y destituyó a Contreras de su puesto ejecutivo. El presidente de Prisa consideró que meter a un grupo muy endeudado como Prisa en los altísimos costes y riesgos económicos que exige lanzar un canal de TDT desde cero era un suicidio financiero. Tampoco quería asumir el coste reputacional de convertir al grupo en una plataforma de marcado perfil partidista.

Lejos de abandonar la idea tras ser apartados por Oughourlian, Contreras y el bloque de accionistas de Prisa "rebeldes" alineados con los intereses de Moncloa decidieron mover ficha por su cuenta. Contreras impulsó el proyecto aliándose con Global Alconaba y con varios de los considerados "accionistas rebeldes" de Prisa (como Adolfo Utor, Diego Prieto o Andrés Varela).

De hecho, la adjudicación no ha estado exenta de polémica y, por supuesto, de lectura política. Desde los sectores de la oposición y diversos analistas de medios se señala este movimiento como una maniobra del Gobierno para tener "su propio canal", apuntan fuentes del sector. Con la entrada en juego de este nuevo canal, el bloque cercano a la Moncloa se asegura una plataforma de influencia estable de cara a la próxima batalla electoral.

Aunque formalmente el consorcio Siete está liderado por empresarios y accionistas significativos del entorno de Prisa, la arquitectura estratégica y el impulso mediático llevan el sello de José Miguel Contreras, cofundador en su día de Globomedia y laSexta.

José Miguel Contreras es uno de los nombres más influyentes en la historia reciente de la televisión, la comunicación y el panorama de medios en España. Periodista, productor audiovisual, empresario y catedrático universitario, su figura combina un profundo perfil técnico con una enorme capacidad de influencia en el entorno mediático de centro-izquierda.

En los últimos años, su figura ha estado estrechamente ligada a la reestructuración y dirección de contenidos del Grupo Prisa (El País, Cadena SER). A través de su productora, Lacoproductora (que acabó siendo absorbida por Prisa), Contreras asumió puestos de máxima responsabilidad editorial, convirtiéndose en el director de contenidos de Prisa Media. Bajo su batuta se potenció la estrategia de vídeo, los podcasts y la actualización de los formatos audiovisuales del grupo.

A José Miguel Contreras se le sitúa como un hombre de la máxima confianza del entorno del PSOE, con excelentes conexiones con la Moncloa tanto en la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero (cuando nació laSexta) como en la actual de Pedro Sánchez.

Se le considera un estratega mediático hábil, capaz de armar proyectos desde cero -como el reciente consorcio para el nuevo canal de TDT- y con una visión muy clara: competir en el mercado audiovisual mediante contenidos informativos y de entretenimiento con una línea editorial claramente escorada hacia Moncloa.

En el tramo final del concurso público solo competían dos ofertas: la de Mediaset España (que ya explota siete canales en abierto y partía con la desventaja regulatoria de la concentración de frecuencias) y la del consorcio Siete, que finalmente ha resultado ganadora. Según ha explicado Óscar López en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, "se ha adjudicado con toda la normalidad y transparencia del mundo", siendo "escrupulosos" a otros concursos del pasado.

Con la adjudicación ya en firme, el grupo dispone de un plazo máximo de seis meses para comenzar a emitir. Las previsiones del sector apuntan a un lanzamiento oficial sea a finales de noviembre de 2026, buscando consolidar su parrilla y sus audiencias de cara al ciclo de elecciones generales previsto para 2027.

El canal nacerá con una marcada vocación generalista y una fuerte columna vertebral dedicada a la actualidad, los informativos propios y el análisis político de corte progresista. Incluso se ha sopesado rescatar marcas históricas del sector periodístico para dotar al proyecto de un sello propio que cale en el espectador de inmediato.