





























El Tribunal de Instancia n� 72 de Madrid ha dado la raz�n a la Comunidad de Madrid y ha condenado a RTVE y a su presidente, Jos� Pablo L�pez, por difundir una informaci�n "tendenciosa y no ajustada a la verdad" sobre el Gobierno de Isabel D�az Ayuso el pasado mes de diciembre en el programa de Ma�aneros 360 de La 1, presentador por Javier Ruiz.
La Comunidad de Madrid demand� a la televisi�n p�blica, a su presidente y al director actual de Ma�aneros 360, -que qued� exluido de la demanda porque en el momento en el que se emiti� la informaci�n, �l no estaba dirigiendo el programa-, por la emisi�n de un r�tulo que vinculaba una subvenci�n del Ejecutivo regional al Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) con el papel de esta instituci�n como acusaci�n contra el ex fiscal general de Estado, �lvaro Garc�a Ortiz.
"Ayuso premia a la acusaci�n contra el fiscal. Subvenci�n de 43 millones para el ICAM a una semana de la denuncia al fiscal, y despu�s, licencia para convertirse en universidad", rezaba el r�tulo que el pasado 1 de diciembre emiti� Ma�aneros 360, acompa�ando una informaci�n que el programa estaba dando sobre una subvenci�n de la Comunidad de Madrid al Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) con el papel de esta instituci�n como acusaci�n contra el ya ex fiscal general del Estado, �lvaro Garc�a Ortiz. Y fue este r�tulo el que llev� al Ejecutivo Regional que preside Isabel D�az Ayuso a demandar al programa de RTVE, despu�s de que el Consejero de Presidencia,Justicia y Administraci�n Local, Miguel �ngel Garc�a Mart�n, enviase una comunicaci�n oficial al director del programa, Pablo del Pozo, solicitando la rectificaci�n de dicha informaci�n. Petici�n que no se lleg� a realizar.
El Tribunal considera en su sentencia, a la que ha tenido acceso este peri�dico, que "la noticia cuya rectificaci�n se solicita omite el motivo de tal subvenci�n que es el pago del turno de oficio y precisamente la omisi�n de ese dato en la noticia emitida con car�cter informativo lleva a considerar acreditada la inexactitud de la misma, reiterando que tal y como se ha expuesto anteriormente este procedimiento no tiene que establecer la veracidad de los datos aportados, procediendo por ello determinar que la noticia emitida frente a la que se ejercit� el derecho de rectificaci�n ten�a una finalidad inequ�vocamente informativa y no de opini�n como alegan los codemandados".
Adem�s, considera que la otra parte de la informaci�n de la que solicitaba rectificaci�n la Comunidad de Madrid "es incompleta lo que lleva a su inexactitud, puesto que se omiten datos y se mezcla con otras noticias que pueden llevar al oyente a confusi�n y por ello el derecho de rectificaci�n ejercitado tambi�n debe de ser estimado en relaci�n con esta segunda parte de la noticia".
Con ello, el Tribunal condena a RTVE y a su presidente "a transmitir y difundir �ntegramente sin comentarios, ni apostillas, dentro de los tres d�as siguientes a la notificaci�n de la sentencia y con una relevancia semejante a la de la noticia original emitida durante el espacio televisivo Ma�aneros el d�a 1 de diciembre de 2025 y el mismo horario de difusi�n", el texto que en su momento, cuando se emiti� la noticia ya envi� la Consejer�a de Presidencia de la Comunidad de Madrid al programa. Adem�s, condena a la Corporaci�n P�blica y a Jos� Pablo al pago de las costas. Cabe recurso de apelaci�n, tal y como se�ala el Tribunal.
La Comunidad de Madrid considera que la vinculaci�n que se present� entre el abono de 43 millones de euros al Ilustre Colegio de la Abogac�a de Madrid y la denuncia, juicio y condena al Fiscal General del Estado "no responde a la verdad por cuanto la aportaci�n de este fondo con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid va destinada al pago del turno de oficio y de la asistencia jur�dica gratuita".
En cuanto al centro universitario, la Comunidad de Madrid asegura que "no existe un trato de favor o irregularidad en relaci�n con la citada entidad".
Por su parte, la Abogac�a del Estado, que represent� a RTVE en el juicio, aleg� en la vista que "si bien el ilustre Colegio de Abogados de Madrid se querell� contra el Fiscal General del Estado, hay dos hechos adicionales que transcurren en el a�o 2025, que adem�s se encuentran acreditados porque est�n ambos de ellos publicados en el Bolet�n Oficial de la Comunidad Aut�noma de Madrid".
Esos dos hechos, seg�n la Corporaci�n Publica, son que "existe una subvenci�n que se otorga como consecuencia de las previsiones de la Ley General de Presupuestos de la Comunidad Aut�noma de Madrid, al turno de oficio y otro hecho es la autorizaci�n a un centro dependiente del Colegio de Abogados de Madrid y los hechos a los que se est� refiriendo la informaci�n resultan exactos".
A�adiendo que "las posteriores vinculaciones temporales realizadas en un programa de televisi�n y realizadas por periodistas concretos y determinados no dejan de ser eso, criterios, opiniones, interpretaciones que en absoluto pueden ser o resultar coercibles a trav�s del derecho de rectificaci�n en los t�rminos a los que a este derecho y a sus l�mites se refiere la ley org�nica constitucional".
El Tribunal considera en su sentencia que la demanda deb�a ser estimada "por considerar que en contra de lo que sostienen los codemandados la rectificaci�n que se pretende no versa sobre opiniones sino sobre hechos que se trasmiten como noticia" y cuya transcripci�n se recoge �ntegra en la sentencia tal y como se emiti� en Ma�aneros.
"Atenci�n a esto, hist�rico: la acusaci�n contra el Fiscal General del Estado acaba de conseguir una universidad. El Colegio de Abogados de Madrid recibe, despu�s de este juicio, lo que el propio Colegio describe como algo hist�rico: una universidad. Clases de Derecho, tres M�ster, vinculadas a la Complutense de Madrid. La acusaci�n acaba de recibir una fuente de ingresos extraordinaria, hist�rica, dice esta propia acusaci�n, tras la condena al Fiscal General del Estado. Despu�s de que la Comunidad de Madrid concediera una subvenci�n de 43 millones de euros menos de una semana despu�s de que interpusiera esa querella por revelaci�n de secretos contra �lvaro Garc�a Ortiz, la Comunidad de Madrid otorga la licencia al Colegio de Abogados de Madrid para que pueda actuar como centro universitario e impartir as� el Grado de Derecho y M�steres vinculados a esa Licenciatura. El Partido Socialista ya ha presentado un escrito en la Asamblea de Madrid solicitando que se paralice esta concesi�n hasta que los centros p�blicos que est�n instruyendo estos grados emitan un informe y se sepa si hay plazas suficientes y la subvenci�n est� asegurada".
La Consejer�a de Presidencia, Justicia y Administraci�n Local explic� al programa de Javier Ruiz que el servicio de asistencia jur�dica gratuita y turno de oficio "se viene presntado y abonando a los colegios profesiones, entre el ICAM, desde que la Comunidad de Madrid ausmi� en 2003 las competencias en materia de Justicia". Anteriormente, el abono lo realizaba el Ministerio de Justicia, que mantiene una asignaci�n de m�s de 48 millones con el Consejo General de la Abogac�a Espa�ola para sufragar los gastos de la prestaci�n de dichos servicios en territorio Ministerio.
"De esta forma, cualquier intento de vincular el abono de los servicios de asistencia jur�dica gratuita a los profesionales de la abogac�a y la procura con otro tipo de circunstancia responde s�lo, a nuestro juicio, a un deseo de desinformar y confundir a los ciudadanos, intentar desprestigiar a la Comunidad de Madrid y al Ilustre Colegio de la Abogac�a de Madrid y tratar de justificar la actuaci�n del fiscal general del Estado, condenado por saltarse la ley", denunci� el Ejecutivo Regional en los escritos enviados al programa.
En cuanto a la relaci�n con el centro universitario del ICAM, adscrito a la Universidad Complutense, el Gobierno de Isabel D�az Ayuso inform� al programa que su tramitaci�n se inici� en 2023, que "ha cumplido escrupulosamente la normativa vigente" y que "cuenta con todoslos informes favorables y elpropio Ministerio de Ciencia le ha concedido el c�digo de centro necesario para que pueda ser incorporado a las memorias de los t�tulos como centro de impartici�n de ense�anzas superiores adscrito a la UCM".
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