Actualizado
La huelga del profesorado valenciano entró este lunes en su quinta semana sin que nadie hubiera apostado por ello antes del inicio del conflicto. Cuando arrancó el 11 de mayo, fuentes sindicales reconocían que se esperaba aguantar aproximadamente una semana, teniendo en cuenta el impacto que supone un paro indefinido en la nómina de los docentes. Varias son las claves, sin embargo, que explican que el conflicto educativo se haya alargado en el tiempo, con miles de docentes aguantando el pulso en las calles y con todos los ojos puestos en la sede de Campanar de la Consejería de Educación.
La consejera, Carmen Ortí, volvió a sentar este lunes a los cinco sindicatos, en la enésima negociación maratoniana para tratar de cerrar acuerdos que pongan fin a la huelga. Los sindicatos, necesitados también de una salida, se han comprometido a someter a votación del profesorado los compromisos de la Administración en materia de ratios, infraestructuras y reducción de burocracia. No en vano, aunque con oscilaciones, el seguimiento de la huelga ha caído del 50 al 4,34% que notificó este lunes Educación.
El portavoz del STEPV, Marc Candela, ha admitido a última hora de la tarde que el talante de la Consejería es "radicalmente diferente" al de las últimas reuniones. "Tienen un gran interés por cerrar el conflicto", ha afirmado, si bien ha advertido de que los sindicatos no se fían.
La nueva ronda de diálogo comenzó con la desconfianza instalada en ambos bandos. La decisión de la Consejería de retransmitir en streaming las negociaciones pilló con el pie cambiado a los tres sindicatos críticos que aún mantienen la convocatoria de huelga: STEPV, CCOO y UGT. Educación lo hizo por primera vez el viernes y repitió este lunes, cuando la retransmisión de la negociación en YouTube llegó a alcanzar los 1.500 espectadores. Fue su respuesta a la retransmisión en vivo de las reuniones que estaban haciendo los sindicatos en Telegram, con reproches y ataques cruzados entre unos y otros.
De hecho, mientras los sindicatos críticos han cuestionado el intento ahora de la Consejería de hacer de la negociación un "reality show" para "ganar el relato" de la opinión pública, los que se han desmarcado de la huelga -CSIF y ANPE- han puesto en valor el ejercicio de "transparencia". Para evitar, además, "manipulaciones" interesadas por parte de algunos sindicatos, según fuentes sindicales.
Porque la lucha sindical soterrada es otra de las claves que hay detrás de esta huelga educativa que ha paralizado colegios e institutos públicos de toda la Comunidad Valenciana. En diciembre se celebran elecciones sindicales, lo que a juicio de fuentes conocedoras de las negociaciones explica la unidad sindical de las primeras semanas. CSIF acabó sumándose a la convocatoria de la huelga y ANPE manifestó públicamente su apoyo, aunque sin ser organización convocante.
El bloque sindical aguantó hasta que la Consejería de Educación puso sobre la mesa una subida salarial de 200 euros brutos -y progresiva hasta 2028-, lo que propició el paso atrás de CSIF y ANPE, que representan el 30% del profesorado. Las críticas por situarse supuestamente del lado de la Administración se han sucedido desde entonces.
La tensión y la pugna interna sindical alcanzaron su máxima expresión cuando CSIF y ANPE acusaron al resto de sindicatos de "retener" a sus delegados el día que amenazaron con encerrarse en la Consejería. Desde CSIF se ha trasladado incluso a la Fiscalía la "coacción" a sus delegados y el "intento de intimidación". En juego está la representación en las mesas de negociación que salga de las próximas elecciones, en las que el profesorado decidirá qué sindicato representa mejor sus intereses. En la actualidad, el STEPV -considerado afín a Compromís- sigue siendo el mayoritario.
Tanto la consejera como su secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy, han aceptado este lunes algunas de las propuestas sindicales para dar por zanjados los temas de ratios, infraestructuras y reducción de burocracia. Así, por ejemplo, se ha aceptado priorizar la eliminación de barracones o revisar la ejecución de las obras en los centros afectados por la dana.
La última oferta de la Consejería ha sido un acuerdo marco valorado en 3.338 millones de euros que, según su departamento, rebasa en casi 1.000 millones las exigencias sindicales. En infraestructuras educativas, las organizaciones sindicales reclamaban la ejecución del Plan Edificant o la climatización de las aulas. La Generalitat ha presentado un plan plurianual 2026-2029 dotado con 1.410 millones de euros, que incluye 829,7 millones para el Plan Edificant, 400 millones de inversión directa, 140 millones para climatizar "el 100% de las aulas y centros educativos" y 40 millones para la mejora de infraestructuras municipales.
Respecto a la reducción de ratios, la propuesta de Educación fija máximos de 22 alumnos en Infantil y Primaria, 25 en ESO y 28 en Bachillerato, además de reducciones específicas en Formación Profesional y Escuelas Oficiales de Idiomas. Es más, de los 7.742 nuevos puestos docentes que promete la Consejería, 2.742 estarán vinculados directamente a la reducción de ratios.
Así que Ortí ha pedido avances a los sindicatos, esto es, el aval para un acuerdo marco "que no excluye las cuestiones que se puedan ir añadiendo" con posterioridad. En definitiva, que se ponga fin a la huelga.
此内容由惯性聚合(RSS阅读器)自动聚合整理，仅供阅读参考。 原文来自 — 版权归原作者所有。