La alcaldesa insiste en que el empleado que trabaja para el Ayuntamiento pasó un proceso selectivo y da la cara por Olano, a quien la oposición ha incluido en la denuncia a la Fiscalía. "Ha empezado la campaña electoral", puntualiza
La alcaldesa de Valencia, María José Catalá.
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La alcaldesa de Valencia, la popular María José Catalá, va a ser una "colaborada muy activa" con la Fiscalía Anticorrupción en las diligencias que ha abierto tras una denuncia de Compromís en la que se la señala por haber cometido un presunto delito de prevaricación y tráfico de influencias relacionado con la recolocación de trabajadores del liquidado Consorcio Valencia 2007 en fundaciones municipales y el Puerto de Valencia. Esta investigación se dirige también contra la presidenta de la Autoridad Portuaria, Mar Chao, las concejalas Paula Llobet y Rocío Gil, y se ha ampliado al concejal José Marí Olano, tras conocerse unos audios en los que habla con los trabajadores de posibles recolocaciones.
Catalá asegura que todos los movimientos de su gobierno respondieron a "una voluntad política evidente" de toda la corporación de cumplir la Ley, que determina que los despedidos en un ERE puedan ser reubicados, siguiendo la normativa vigente. Además, recordó que fue la oposición quien llevó al pleno mociones en las que solicitaba la "recolocación directa a dedo".
"Las palabras de Marí Olano reflejan lo mismo que las de Javier Mateo (PSOE) o Ferran Puchades (Compromís) en el pleno y me parecen igual de graves o de menos graves. Había voluntad política para que esas personas afectadas por un ERE mantuvieran su condición de empleados públicos, siempre bajo el paraguas de la forma legal oportuna. Es más, el PSOE y Compromís indicaban una recolocación directa a dedo, cosa a lo que nosotros nos negamos. Incluso el señor Sanjuan (portavoz socialista) indicó en qué entidades de derecho público podían recolocarse, algo a lo que nos negamos. Hicimos procedimientos totalmente transparentes", argumenta la alcaldesa.
Esas mociones de la oposición se las harán llegar a la Fiscalía, "porque vamos a colaborar activamente para que estas dudas se disipen", añadió Catalá, que ha encargado un informe interno del único proceso selectivo que afecta al consistorio: un administrativo de la Fundación Visit Valencia que pasó un concurso-oposición. "Era empleado público y ni siquiera está en la famosa acta notarial", indica. De lo ocurrido con las dos recolocadas en el Puerto, cuyos nombres sí aparecen en ese acta que firmaron varios trabajadores despedidos, no se hace responsable la alcaldesa.
Para la alcaldesa, la denuncia de Compromís es "esperpéntica" y siembra un precedente para que la "administración no haga esfuerzos tras un ERE para encontrar puestos de trabajo", reflexionó antes de insistir en que está "ansiosa" por remitir toda la documentación a la Fiscalía.
En el fondo, Catalá ve una estrategia y lanza una advertencia: "Ha empezado la campaña electoral y Compromís ha decidido que empiece en la Fiscalía. Pues vale. Y eso significa que voy a ser una colaboradora muy activa con la Fiscalía".
Compromís amplía la denuncia
El grupo municipal Compromís no rehúye esa campaña a la que aludió la alcaldesa, "porque sabe que no llegará limpia a 2027", asegura su portavoz, Papi Robles. La coalición ha ampliado su denuncia para señalar también la actuación del edil Marí Olano, adjuntando los audios en los que se dirigía a los trabajadores del Consorcio y el acta del pleno municipal de septiembre de 2024 donde se trató la recolocación.
Según Robles, Marí Olano aseguró que su actuación fue por "solicitud directa" de la alcaldesa, "lo que deja bien claro que esta operación fue urdida por Catalá y manipulada por el concejal". "'He hecho todo lo que se me ha pedido', dijo Olano. Y fue una negociación prohibida de funcionarios. Gestionó de manera privada un concurso público", asegura la portavoz.
Compromís añade que no solo se intentaron las recolocaciones a medida en Visit Valencia y la Fundación Deportiva Municipal, sino que "van a intentar plazas en Aumsa, pero se van a negar. Se ve que el señor Giner no quería verse salpicado", añadió.
Su grupo pedirá una comisión de investigación municipal y responde a las acusaciones de la alcaldesa acerca de su petición de recolocar a dedo en un pleno. "Catalá miente. Compromís dejó claro desde el primer día que queríamos que la gestión de La Marina fuera pública y que todos los trabajadores quedaran subrogados, todos por igual. Ella decidió privatizarla y contratar en el Ayuntamiento a sus amiguitos haciendo trampas, en un trato de favor clarísimo. Ha convocado plazas preparadas para que la selección del personal fuera a dedo y, además, cuando eso no le ha salido, ha utilizado otros métodos. El trabajador que entró en Visit, probablemente, no cumplía el requisito de ser trabajador público", advirtió Robles, que califica la gestión de sus ocho años de gobierno como "impoluta".