Actualizado Sábado, 30 mayo 2026 - 09:00

Existe la sensación, cada vez más extendida entre los ciudadanos, de que una parte, y no menor, de la política se ha ido alejando poco a poco de la vida real.

No se refieren, por supuesto, a la política en mayúsculas, la que transforma y mejora la vida de las personas, sino a esa política instalada demasiadas veces en grandes discursos, macrodebates y relatos grandilocuentes que terminan teniendo poco o ningún impacto en la cotidianeidad de quien madruga cada mañana, trabaja, paga impuestos y hace cuentas y malabarismos para llegar a fin de mes.

Mientras en algunos despachos se discute permanentemente sobre estrategias, marcos ideológicos o guerras culturales importadas, hay un país entero esperando respuestas mucho más sencillas y mucho más urgentes. Es el país de quien necesita un médico de familia y no una discusión eterna sobre competencias; el de quien quiere acceder a una vivienda sin hipotecar su vida entera; el de los padres que miran con preocupación el futuro de sus hijos, el del autónomo que sigue defendiendo su negocio pese a la incertidumbre o que no sabe cuánto tiempo más podrá soportar el constante aumento de costes.

Ese es el escenario principal. Aquel donde la gente no suele hablar en términos ideológicos tan complejos como a veces parece creer la política, sino en cuestiones bastante más simples: si hay empleo, si funciona el transporte, si el colegio de sus hijos está en condiciones, si el centro de salud tiene personal suficiente o si su pueblo sigue teniendo oportunidades para seguir a la vanguardia del progreso.

Sin embargo, demasiadas veces da la sensación de que parte del debate político ha terminado atrapado en una especie de burbuja alejada de esa realidad cotidiana. Una política más pendiente del titular del día, de la confrontación permanente o de alimentar debates abstractos que de resolver problemas concretos. Y, cuando eso ocurre, aparece una desconexión peligrosa a la que costó menos dar nombre -desafección política- que empezar a buscarle solución.

Esa distancia entre política y ciudadanía se agrava todavía más cuando, además del alejamiento de los problemas reales, aparecen sombras de corrupción que erosionan la confianza pública. España atraviesa una etapa en la que demasiadas informaciones relacionadas con presuntas tramas, favores, comisiones, redes clientelares o comportamientos difícilmente explicables alrededor del Gobierno de España y del PSOE han terminado generando una sensación de hartazgo entre muchos ciudadanos.

Más allá de lo que determinen los tribunales, el daño político y moral ya existe cuando una parte de la sociedad empieza a percibir que algunos responsables públicos parecen más ocupados en proteger estructuras de poder que en resolver los problemas cotidianos de la gente.

Porque resulta difícil explicar que, mientras miles de familias hacen equilibrios para llegar a final de mes, el debate político acabe tantas veces orbitando alrededor de escándalos, investigaciones o estrategias de supervivencia partidista. Y, cuando eso sucede, la política deja de parecer una herramienta útil para mejorar la vida de las personas y comienza a percibirse como un espacio cada vez más alejado del escenario principal.

La ciudadanía puede entender que existan diferencias ideológicas —y es sano que existan—, pero lo que cada vez comprende menos es que esas diferencias se conviertan en excusa para paralizar actuaciones necesarias o para vivir instalados en una campaña electoral permanente.

La política útil rara vez hace ruido. Está muchas veces en los ayuntamientos pequeños, donde un alcalde dedica más tiempo a solucionar un problema de abastecimiento de agua, a desbloquear una obra o a pelear una ayuda administrativa que a construir un personaje político. Está en quienes entienden que gobernar consiste menos en dar discursos y más en arreglar aceras, garantizar servicios públicos o atraer oportunidades para que la gente pueda quedarse a vivir donde ha nacido.

La Comunitat Valenciana conoce bien esa realidad. Aquí sabemos lo que significa luchar para que lleguen infraestructuras pendientes, defender el agua como una necesidad y no como un eslogan, pelear por servicios dignos en municipios pequeños o combatir el riesgo de despoblación que amenaza a tantos territorios. Y sabemos, además, lo que supone y significa reconstruir en tiempo récord una extensión de territorio arrasada por unas inundaciones y sin recibir ayuda alguna, también por motivos ideológicos.

Probablemente por eso existe también una cierta fatiga hacia esa política de macrovisión, excesivamente abstracta, que habla mucho de grandes conceptos, pero pocas veces aterriza en cómo mejorar realmente la vida de las personas.

La gente no quiere dirigentes perfectos. Quiere dirigentes útiles. No espera héroes ni salvadores, sino personas capaces de escuchar, de pisar la calle, de entender las preocupaciones de quien tiene que cuadrar un presupuesto familiar o de quien teme que su negocio no llegue al próximo año.

Quizá uno de los mayores errores de cierta política contemporánea ha sido confundir la comunicación con la gestión y el relato con los resultados. Pero la realidad siempre termina imponiéndose. Y esa realidad dice que ningún ciudadano vive mejor gracias a una buena campaña de comunicación si sigue sin poder acceder a una vivienda, si ve como se retrasa una cita sanitaria o si siente que las administraciones cada vez están más lejos de sus problemas.

En definitiva, la política no debería consistir en construir debates infinitos sobre países imaginarios, sino en mejorar el escenario principal. Ese en el que vive la gente, ese que no sale siempre en los focos, pero que cada mañana sigue esperando algo tan sencillo —y tan importante— como que se dé respuesta a las necesidades de verdad.

Carlos Gil es secretario general del PPCV.