El PP y Vox han presentado conjuntamente una propuesta de dictamen de la comisión de investigación sobre la dana de las Cortes Valencianas que, en sus conclusiones, apunta al Gobierno de España por su responsabilidad en la catástrofe de la dana del 29 de octubre de 2024, que dejó 230 víctimas mortales, y subraya cuestiones como la falta de ejecución de infraestructuras hidráulicas y la "insuficiente y deficiente" gestión de la información durante la emergencia.

Respecto a la gestión de la Generalitat, se limita a subrayar la "falta de dirección a la hora de exigir, contrastar y reclamar de forma constante información actualizada sobre la evolución hidrológica de los barrancos y caudales que estaba en posesión de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ)" y exponer que "no bastaba con esperar la remisión ordinaria de datos o comunicaciones formales", sino que la situación requería "una actitud de máxima iniciativa, anticipación y presión institucional".

Se trata de una propuesta conjunta de ambas formaciones, que suman mayoría en la comisión, de 125 páginas, que se ha consensuado después de que cada uno de los grupos registrara la suya. Según el síndic de Vox, José Mª Llanos, el documento de ambos grupos es el propuesto por su formación, aunque con "alguna ampliación de documentos que han llegado de organismos estatales".

Así, el dictamen argumenta que debió decretarse la emergencia nacional, "bajo la responsabilidad directa del ministro del Interior, que debió declararla por propia iniciativa", y señala que existía "cobertura legal suficiente para que el Estado hubiera asumido formalmente la dirección de la emergencia una vez constatada la gravedad extraordinaria del episodio".

Sobre la gestión de la emergencia, afirma que los efectos "especialmente lesivos del episodio no resultan atribuibles únicamente al carácter extraordinario e intenso del fenómeno, sino también a la concurrencia y acumulación prolongada de deficiencias".

En las conclusiones se expone "con claridad" la existencia de "dos grandes ejes explicativos que vertebran de manera transversal todas las comparecencias: la falta de ejecución de infraestructuras hidráulicas previamente planificadas y la insuficiencia y deficiente gestión de la información durante la emergencia".

Sobre la primera, matiza que "no puede circunscribirse a una sola administración, sino que se proyecta sobre el conjunto de administraciones y, de manera muy significativa, sobre los sucesivos gobiernos de la nación, caracterizados por una dinámica de inacción prolongada". Se suprime la coletilla "atribuible al bipartidismo" que figuraba en la propuesta inicial de Vox.

Y sobre la segunda, apunta a "deficiencias en la transmisión de datos hidrológicos, limitaciones en los sistemas de predicción y problemas en la integración de la información en tiempo real", una situación que "ha sido descrita como un auténtico apagón informativo, especialmente en la información procedente de la CHJ".

También añade un "reproche específico" al presidente de esta entidad, Miguel Polo, "a quien se le atribuye una responsabilidad directa en la falta de suministro de información clave durante los momentos críticos, circunstancia que condicionó gravemente la capacidad de anticipación y respuesta de los órganos de gestión".

La propuesta de dictamen también critica el rechazo de representantes del Gobierno de España a la hora de acudir a comparecer en la citada comisión al argumentar, según PP y Vox, "un impedimento que no lo era tal, puesto que la no obligatoriedad de sometimiento al control de la cámara autonómica no significa en ningún caso que no se pueda comparecer voluntariamente ante la misma". "Se esgrimió un dictamen legal para evadirse de una obligación moral", lamenta.

Y concluye: "La magnitud de la tragedia responde a la concurrencia acumulativa de fallos, carencias y déficits mantenidos durante décadas en distintos niveles de la acción pública (...) Todo ello evidencia la necesidad de impulsar una estrategia integral de prevención, planificación y gestión del riesgo, sostenida en el tiempo y fundamentada en el conocimiento técnico y científico".

Desde Vox, José Mª Llanos ha defendido este dictamen "serio" que ambas formaciones estuvieron trabajando en base a "la rigurosidad, el respeto a las víctimas y el análisis profundo" y, frente a ello, ha incidido en que Compromís ha presentado uno de "página y media" y el PSPV otro de 24 en las que se dedica, a su juicio, a insultarles. Ha censurado esta "falta de respeto" y el "berrinche de la izquierda", a la que ha replicado: "La farsa es la que ellos están demostrando".

Desde el PP, Nando Pastor ha alabado la "enorme responsabilidad" de su partido con el objetivo de elaborar un dictamen "lo más serio y riguroso posible", algo que "no ha sido fácil" por la ausencia de responsables del Gobierno de España, a los que ha acusado de haber dado "la espantada" a la comisión. Y ha reprochado a Compromís que no se haya "atrevido" a presentar un dictamen: "Eso está muy mal, no lo esperaba nadie, es un error político muy difícil de justificar".

"Es para tirarlo a la basura"

El PSPV y Compromís han tachado este documento conjunto de PP y Vox de "ignominia", de "vergüenza" y de "tomadura de pelo", al tiempo que han lamentado que sea "un listado de mentiras", con "una falsedad detrás de otra". "Este dictamen es para tirarlo a la basura", han expresado desde ambas formaciones, que han advertido de que se extralimita de las funciones que el artículo 22 del Estatuto de Autonomía atribuye a las comisiones de investigación.

Fuentes socialistas han señalado a Europa Press que "la teoría del apagón informativo ha sido rechazada mil veces por la Audiencia Provincial de Valencia, al resolver por unanimidad todos los recursos que se han planteado en el procedimiento de la dana alegando que no había información". "La Audiencia los ha rechazado por unanimidad de todos los miembros que la integran, pero el PP-Vox hoy vuelven a insistir con lo mismo", han lamentado.

Además, han censurado que ambas formaciones "han reproducido el mismo patrón de conducta que en 2006" con la comisión de investigación del accidente de metro, "pero ahora nos salva el procedimiento judicial, que deja al aire todas las mentiras": "La única diferencia que hay entre la comisión del metro y la de la dana es que el procedimiento judicial que deja en evidencia todas las mentiras y engaños del PP para tapar su negligente gestión".

Al respecto, José Muñoz (PSPV) ha calificado de "delirante" el dictamen pactado por PP y Vox, "superado ya no por la instrucción judicial, sino por la propia realidad", y ha censurado que intente "sostener un relato de los hechos falaz", como la teoría de un supuesto "apagón informativo" que los tribunales han desmontado. "Todo ha sido un desastre, es la ignominia máxima", ha lamentado.

Mientras, Isaura Navarro (Compromís) ha censurado que el dictamen no atribuya "ninguna responsabilidad" a la Generalitat, que se presente como "víctima", y que tampoco mencione la "desaparición" de Carlos Mazón durante las horas críticas del 29-O o el retraso en el envío del mensaje ES-Alert: "Es una fantasía absoluta (...), es un dictamen completamente absurdo que lo pueden aprobar porque tienen una mayoría, pero lo que no tienen es la razón".

Tras la reunión de la ponencia de dictamen este lunes, este martes comenzará el plazo de cinco días hábiles para presentar enmiendas a la propuesta de dictamen, que terminará el lunes 25 a las 14.00 horas y dos días después, el miércoles 27, se debatirá y votará en comisión. Una vez aprobado allí tendrá que pasar por pleno.