El Consell ha aprobado este martes el anteproyecto de ley de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de la Generalitat, conocida como la ley de acompañamiento a los presupuestos de 2026, que entre otras cosas contempla rebajas fiscales como una reducción de los tipos autonómicos del IRPF en "prácticamente" todos los tramos. Además, refuerza los controles en el procedimiento para el acceso a viviendas de protección pública (VPP).

Así lo han expuesto en rueda de prensa tras el pleno extraordinario del Consell que ha aprobado la citada norma el titular de Economía, Hacienda y Administración Pública, José Antonio Rovira, la vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero, y el portavoz del Gobierno valenciano y conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina.

La aprobación del anteproyecto de ley de medidas llega después de que el Consell diera luz verde el pasado 29 de mayo al proyecto de presupuestos para 2026, que asciende a 33.305 millones de euros, 1.014 millones más que en 2025, un incremento del 3,1 por ciento. Esa aprobación se produjo a su vez tres días después de que Vox anunciara un acuerdo con el Consell basado en tres pilares: prioridad nacional, reducción fiscal y acceso a la vivienda.

Respecto a las medidas fiscales, José Antonio Rovira ha detallado que las recogidas en la ley de acompañamiento afectan a las rentas medias y bajas, "especialmente" a los niveles comprendidos entre los 32.000 y los 72.000 euros, "a lo que llamamos siempre las grandes olvidadas, que son las clases medias". En total, ha destacado que la rebaja fiscal del Consell beneficiará a 2,7 millones de contribuyentes, que se ahorrarán 160 millones de euros.

A modo de ejemplo, ha indicado que, para rentas de entre 20.000 y 30.000 euros, el ahorro que va a tener una familia que se acoja a prácticamente la gran mayoría de deducciones fiscales puede llegar casi a 600 euros. Mientras, para rentas de entre 30.000 y 40.000 euros, podrán llegar a ahorrarse "casi 650 euros".

El conseller de Hacienda ha insistido en que es "perfectamente compatible mejorar los servicios públicos con una rebaja fiscal justa, responsable y sostenible" y ha confiado en que la citada ley de acompañamiento pueda ser aprobada en Les Corts antes del verano. "Confianza plena, para ello estamos trabajando", ha expresado.

Rovira ha contrapuesto el modelo actual con el del Botànic, con "una fiscalidad reducida para las rentas muy bajas pero que aplicaba el mayor infierno fiscal para las medias y altas". Según las previsiones del Consell, el 72% de los beneficiarios de estas reformas fiscales son contribuyentes con rentas inferiores a 30.000 euros y el 87% del ahorro total se concentra en rentas inferiores a 80.000 euros.

La reforma, ha detallado, prevé reducciones generalizadas de tipos de entre 0,2 y 0,6 puntos porcentuales, sin modificaciones para rentas superiores a 80.000 euros. La aplicación será a partir del IRPF de 2026, que se declarará en 2027, y la reforma se llevará a cabo en dos fases: la primera este año y la segunda con los presupuestos de 2027. El objetivo de la misma es "reducir la carga fiscal sobre las rentas bajas y medias, mantener la progresividad del impuesto y tener un control absoluto del impacto presupuestario".

También se incorporan modificaciones en el impuesto de sucesiones y donaciones dirigidas a "facilitar la continuidad de las empresas familiares y favorecer los procesos de relevo generacional". Para ello, se amplía el círculo de potenciales beneficiarios hasta el cuarto grado de parentesco.

VIVIENDA

En materia de vivienda, la ley de medidas modifica el decreto 180/2024 e introduce a su vez determinadas modificaciones que, según el Gobierno valenciano, "refuerzan los controles, la transparencia y las garantías en la adjudicación para asegurar que las viviendas lleguen a quienes realmente cumplen los requisitos".

Además, para promociones desarrolladas sobre suelo público mediante colaboración público-privada se establece el criterio del "arraigo" o la "vinculación continuada con el municipio". El Consell defiende que se lleva a cabo tras recoger "el guante de vecinos y alcaldes que llevan tiempo solicitando la preferencia de las personas que viven en un municipio para el acceso" a estas promociones y rechaza que se trate de una "cuestión ideológica" ni de "origen o nacionalidad". "Hemos hablado desde el primer día de arraigo", ha indicado Camarero.

En concreto, con estas modificaciones se aportará "mayor transparencia" desde el inicio de cada promoción al exigir a los promotores privados que presenten, junto con la solicitud de calificación provisional, un plan detallado de cómo van a comercializar y seleccionar a las personas adjudicatarias. El mismo deberá incluir cómo se inscriben los interesados, qué criterios se utilizarán para seleccionar a los adjudicatarios y qué mecanismos de publicidad se emplearán. "Implica que se ponga blanco sobre negro desde el inicio todas las condiciones", ha resaltado la consellera.

Paralelamente, se crea una Comisión de Valoración de carácter colegiado en los Servicios Territoriales de Vivienda para el análisis de los visados que revisará los expedientes, verificará que los adjudicatarios cumplen los requisitos, supervisará los visados de los contratos y actuará con criterios "técnicos y homogéneos".

Con ello, el visado administrativo deja de ser un trámite "meramente formal" y pasa a convertirse en un mecanismo de control "reforzado". De esta manera, antes de autorizar la compra o alquiler de una VPP se verificará de forma "más exhaustiva" que el beneficiario cumple las condiciones de ingresos, situación económica e información patrimonial. Ello implica que requerirá la conformidad previa de la Comisión de Valoración con una segunda revisión administrativa para "reforzar garantías y evitar errores o irregularidades".

Por otro lado, establece "reglas claras" para adjudicar VPP al desarrollar de manera "más detallada" el procedimiento de adjudicación en promociones privadas y de colaboración público-privada, con un conjunto de reglas que desarrollan y aseguran su sujeción a los principios de igualdad, objetividad, publicidad y libre concurrencia, "que había eliminado el Botànic de su decreto y ya recuperó este Consell en el decreto de 2024", ha incidido Camarero.

Ahora, las promociones privadas deberán cumplir un procedimiento mínimo obligatorio. Con ello, ha subrayado, "se acaba con cualquier duda sobre cómo se eligen los adjudicatarios". "Todo deberá quedar documentado, publicitado y justificado", ha remarcado.

CRITERIO DEL "ARRAIGO"

Respecto al "arraigo", con la modificación de las disposiciones transitorias, en promociones desarrolladas sobre suelo público mediante colaboración público-privada ahora se podrá valorar la "vinculación continuada con el municipio, por ejemplo, el empadronamiento prolongado". "Recogemos así el guante de vecinos y alcaldes que llevan tiempo solicitando la preferencia de las personas que viven en un municipio para el acceso a las promociones de VPP", ha esgrimido Camarero, que ha afirmado que esta reivindicación ya la aplican "alcaldes de municipios de distinto color político".

Al respecto, la vicepresidenta primera ha hecho hincapié en que no se trata de "una cuestión de origen ni de nacionalidad, sino de vinculación al territorio": "No es una innovación ideológica, es un mecanismo de gestión que utilizan las administraciones habitualmente". En cualquier caso, ha precisado que este "no será un elemento excluyente, sino de preferencia a la hora de puntuar".