La alcaldesa de Valencia, Mar�a Jos� Catal�, ha anunciado la presentaci�n en el Congreso de los Diputados de seis iniciativas parlamentarias para activar el soterramiento de las v�as de Serrer�a y poner fin a "un bloqueo injustificado de la prolongaci�n sur del t�nel" por parte del Ministerio de Transportes.

Las iniciativas, firmadas por la diputada por Valencia del grupo parlamentario popular, Alma Alfonso, est�n compuestas por dos solicitudes de documentaci�n —dirigidas al Ministro de Transportes y al presidente de ADIF— y por cuatro bater�as de preguntas escritas al Gobierno, ha informado el PP en un comunicado.

Las preguntas cercan al Ministerio de forma simult�nea en cuatro frentes: la situaci�n contractual y econ�mica del Estudio Informativo, el uso contradictorio del Estudio de Viabilidad de 2015, el incumplimiento de las resoluciones firmes del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y el desprecio ministerial al Ayuntamiento de Val�ncia.

"Valencia lleva m�s de cuatro a�os esperando a que el Gobierno de Pedro S�nchez d� explicaciones sobre por qu� tiene secuestrado un estudio informativo ejecutado al 76%, que se pag� con dinero p�blico y que es imprescindible para el futuro de nuestra ciudad", ha afirmado Catal�.

La bater�a de preguntas escritas sobre el Estudio Informativo exige al Gobierno explicaciones por escrito, con fechas y actos administrativos concretos, sobre la situaci�n actual del expediente, la valoraci�n econ�mica y contractual formalizada conforme al art�culo 208 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector P�blico, y si existe previsi�n de dictar orden de reanudaci�n en el ejercicio 2026.

Uno de los argumentos repetidos por el Ministerio ha sido que la prolongaci�n sur del t�nel de Serrer�a no puede abordarse mientras no concluyan las obras del t�nel pasante, al entender que su ejecuci�n cortar�a el Corredor Mediterr�neo, "pero cuando eso se confronta con la propia documentaci�n contractual del Ministerio, se revela como una excusa t�cnicamente insostenible", defiende la alcaldesa.

Seg�n ha apuntado, "si el Ministerio hubiera dejado finalizar el contrato en sus plazos originales, el Estudio Informativo habr�a incorporado, por mandato contractual expreso, el an�lisis t�cnico de c�mo minimizar la afecci�n al servicio ferroviario durante la ejecuci�n de las obras, incluyendo las posibles soluciones de desv�o provisional, fases constructivas y compatibilidad con el tr�fico del Corredor Mediterr�neo", ha explicado.

"La excusa del t�nel pasante es una falacia administrativa", ha afirmado Catal�, para quien el Ministerio suspendi� el contrato por motivos que no han querido explicar, y ahora pretende justificar esa suspensi�n mediante una afirmaci�n t�cnica que habr�a sido respondida por el propio contrato si lo hubieran dejado terminar", lo que ha considerado "una cadena de incoherencia".

La bater�a de preguntas sobre el Estudio de Viabilidad desmonta el relato ministerial: exige al Gobierno sobre qu� base documental afirm� el Ministerio que la Alternativa 3 -la que defiende el Ayuntamiento- "estrangular�a" los accesos ferroviarios del Puerto, reclamando identificaci�n del informe, fecha, �rgano autor y copia del documento, que ADIF ha reconocido por escrito que no existe.

Las iniciativas parlamentarias ponen tambi�n el foco en la dimensi�n econ�mica del bloqueo administrativo, pues los valencianos han financiado ya, a trav�s de sus impuestos, dos contratos del Ministerio y de ADIF Alta Velocidad relativos a la prolongaci�n sur del t�nel de Serrer�a por un total de 635.000 euros.

Son el Estudio de Viabilidad t�cnico-econ�mica (adjudicado 2014 y entregado en diciembre de 2015, por 441.787,50 euros) y el Estudio Informativo del que se han abonado 193.387,57 euros correspondientes al 76 % de ejecuci�n alcanzada antes de la suspensi�n de noviembre de 2021.

La bater�a de preguntas exige al Ministerio explicar c�mo puede sostener que no hab�a recibido documentaci�n municipal desde junio de 2024 cuando el propio Ayuntamiento remiti�, el 11 de septiembre de 2024, informes del Servicio del Ciclo Integral del Agua, del Servicio de Movilidad y del Servicio de Asesoramiento Urban�stico, a lo que se suma el cumplimiento de dos resoluciones firmes del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.

"Esto no es un retraso administrativo: es un desprecio institucional", ha concluido Catal�, para quien el Ministerio "incumple simult�neamente con el Ayuntamiento, con el Consejo de Transparencia y con los ciudadanos".