El Ejecutivo alegó de manera oficial y por escrito durante seis páginas que el país podría operar perfectamente sin ellos antes de que el presidente anunciase los de 2027
El presidente, Pedro Sánchez, durante su intervención en el Cercle d'Economia.
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Las intervenciones de Pedro Sánchez en las reuniones anuales del Cercle d'Economia en Barcelona siempre generan mucha expectación. El año pasado, los asistentes se quedaron boquiabiertos cuando el presidente aprovechó para anunciar que se celebraría una consulta pública sobre la OPA de BBVA al Banco Sabadell. No había precedentes de nada parecido y, entre los asistentes, los más boquiabiertos fueron los propios protagonistas de la operación, Carlos Torres y Josep Oliu. Este año Sánchez no ha ido tan lejos, pero sin que nadie lo esperara apretó desde el mismo atril el botón que activa la maquinaria para la elaboración de Presupuestos «de cara a 2027».
El anuncio del presidente fue relevante por varios motivos. El primero, aunque no debería ser noticia, es que el Gobierno tiene previsto responder al mandato constitucional que le obliga a presentar un proyecto de Presupuestos para cada ejercicio, tras haberlo incumplido para el presente 2026 y pese a operar con las cuentas prorrogadas desde 2023. El segundo, porque el Ejecutivo sigue sin tener una mayoría parlamentaria suficiente y sus propios socios ya afilan posiciones para ponérselo, cuanto menos, difícil. Y el tercero, porque apenas cinco días antes había justificado de manera oficial que no era necesario hacerlo.
Y es que si Pedro Sánchez sorprendió ante el Cercle d'Economia el pasado día 3 de junio con el anuncio de que ponía en marcha los PGE para 2027, el Ministerio de Hacienda había defendido oficialmente y por escrito el 29 de mayo, apenas cinco días antes, la situación contraria: la posibilidad de seguir gobernando con las cuentas prorrogadas sin necesidad de aprobar un nuevo proyecto presupuestario durante el resto de legislatura. «Ya tenemos presupuestos en vigor», sentenció.
El Gobierno respondía así a los senadores del PP Alicia García (Ávila) y José Manuel Barreiro (Lugo) a sus preguntas sobre si tenía previsto presentar ante las Cortes Generales un proyecto de PGE durante la presente legislatura o si, por el contrario, asumía ya que esta concluirá sin unas nuevas cuentas aprobadas por el Parlamento y ajustadas «a las necesidades reales del país».
La respuesta del Gobierno, que se extiende a lo largo de seis folios, evita en todo momento asumir el compromiso de remitir un proyecto de ley presupuestaria al Congreso. En lugar de ello, el Ejecutivo se afana en defender las ventajas, la normalidad institucional y la plena cobertura constitucional de gobernar con unos Presupuestos prorrogados.
«La prórroga presupuestaria está constitucionalmente prevista y es una garantía de continuidad en la gestión de las políticas públicas», sostiene el documento, elaborado por el departamento de Hacienda que dirige Arcadi España. Insiste en que el país «sí cuenta con Presupuestos en vigor» gracias a esa prórroga automática de las cuentas de 2023 y subraya que ese mecanismo permite mantener la actividad financiera del Estado «con total normalidad».
Como base de su argumentación, Hacienda despliega ante los senadores la buena evolución reciente de la economía española y menciona expresamente el ritmo de crecimiento del PIB; la reducción del déficit, el descenso de la deuda y las principales medidas impulsadas durante los últimos años, desde la reforma laboral hasta el Ingreso Mínimo Vital o la revalorización de las pensiones.
Lo cierto es que los datos económicos acompañan la tesis del Ejecutivo, si se atiende a las grandes cifras macro. El Consejo Económico y Social (CES) certificó sin embargo hace dos semanas que «el puente» entre la buena marcha económica del PIB y la evolución del bienestar de los ciudadanos «se ha roto», en parte por el comportamiento del precio de la vivienda y por el de la inflación. La ausencia de PGE también ha disparado un 64% las modificaciones de crédito por parte del Gobierno, superando los 31.000 millones este año, solo hasta abril.
Esas seis páginas en las que el Ejecutivo argumenta que no es necesario presentar nuevos presupuestos para que la economía avance se quedaron en papel mojado en cuestión de cinco días, a la vista del anuncio del presidente Sánchez. «Serán Presupuestos sociales y destinados también a resolver el sistema de financiación autonómica», proclamó ante los empresarios catalanes.
El presidente, cercado en las últimas semanas, por los escándalos judiciales que afectan a su familia, a su partido y a su Gobierno, anunciaba de esta manera la primera presentación de PGE de la legislatura. Y el reloj echó a andar de forma casi inmediata: el pasado viernes el BOE publicó la orden de activación y dio hasta el 29 de junio a los ministerios para remitir a Hacienda sus números. Su titular, Arcadi España, ya ha avanzado que esas cuentas para 2027 serás las más sociales de la historia.