Actualizado Lunes, 8 junio 2026 - 00:06

El Real Decreto 316/2026, en vigor desde el 16 de abril y con plazo de solicitudes abierto hasta el 30 de junio, ha activado la primera regularización extraordinaria de inmigrantes en más de dos décadas, un proceso que está comenzando a tener un efecto incipiente en las estadísticas del mercado laboral. Es la séptima operación de este tipo desde la democracia, de acuerdo con estimaciones de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) que puede alcanzar a cerca de 762.000 personas en edad de trabajar. Este proceso de regularización se enmarca como la culminación de casi un lustro en el que el empleo de la población inmigrante ha sido, sin asomo de dudas, el motor del mercado laboral español durante la post-pandemia, algo que se ha reflejado en las cifras de ocupación pero que ha tenido un impacto más limitado sobre las cotizaciones sociales por el elevado volumen de estos trabajadores que trabajan en la economía informal.

Concretamente, España creó 2,28 millones de empleos entre el cuarto trimestre de 2021 y el cuarto de 2025. Solo un tercio de esos nuevos puestos, 724.000, corresponde a personas con nacionalidad únicamente española, mientras que el resto del crecimiento lo aportaron trabajadores extranjeros (1,13 millones, el 49,5 % del total) y personas de doble nacionalidad, es decir, en su mayoría inmigrantes que ya se han naturalizado (426.000, el 18,7 %). Si se suman ambos colectivos, dos de cada tres empleos creados en los últimos cuatro años son de personas de origen extranjero.

Absorber ese volumen de trabajadores en tan poco tiempo plantea un desafío de integración sin precedentes en la historia reciente de España. En apenas cuatro años, el mercado laboral ha incorporado a más de un millón y medio de personas de origen extranjero, un ritmo que supera con creces la capacidad de los mecanismos de acogida, formación y regularización administrativa, que ahora tratan de resolverse mediante la regularización. La velocidad de esa incorporación ha dejado al descubierto desafíos estructurales del empleo de la población inmigrante, alta concentración en sectores de baja cualificación, condiciones laborales más precarias, menor acceso a la negociación colectiva y, de especial interés para la recaudación, una presencia desproporcionada en la economía informal.

La Encuesta de Población Activa (EPA), la estadística de referencia del mercado laboral, encuesta a todos los residentes, estén o no en una situación irregular, mientras que la afiliación a la Seguridad Social, en cambio, solo registra el empleo formal. La diferencia entre ambas cifras, aunque es multicausal y no solo obedece a los ocupados que trabajan en la economía sumergida, ofrece una aproximación imperfecta pero orientativa al volumen de empleo que el sistema no ve. En el cuarto trimestre de 2025, esa brecha ascendía a 1,68 millones de personas en el conjunto de la economía.

De hecho, lo más revelador es que la variación de esta brecha en los últimos años no ha sido igual en todos los sectores de actividad de la economía. Concretamente, allí donde más creció la proporción de trabajadores extranjeros entre 2021 y 2025 es donde más aumentó la distancia entre lo que mide la EPA y lo que registra la Seguridad Social. La industria alimentaria, donde el peso de los extranjeros subió 7,7 puntos porcentuales, vio crecer su brecha en 46.000 personas. En la construcción (+5,5 puntos), la brecha pasó de ser ligeramente negativa a positiva, con 83.000 ocupados. Aunque esta brecha no equivale sin más a empleo informal, porque recoge también diferencias metodológicas y regímenes de afiliación, esta asociación entre ambas variables sugiere que, al menos una parte del empleo creado por la gran incorporación de extranjeros al mercado de trabajo no fue detectada por las administraciones públicas.

¿Hay ya alguna señal de que la regularización esté empezando a cerrar esa brecha? Es muy pronto para conclusiones, ya que el proceso ni siquiera ha cerrado su ventana de solicitudes, pero los datos de afiliación de mayo de 2026 ofrecen un primer indicio esperanzador. Los sectores con mayor porcentaje de trabajadores extranjeros en la EPA son los que más crecen en afiliación entre abril y mayo de 2026. Comercio y hostelería aportan 84.000 afiliados nuevos en un solo mes; construcción, 14.000; agricultura, casi 4.000. La correlación es sugerente pero no concluyente, dado que el mes de mayo arrastra un fuerte componente estacional en turismo y campaña agrícola, y sin la comparación interanual no es posible aislar cuánto corresponde a la regularización y cuánto al calendario.

Para tener una imagen más completa del potencial para la afiliación que tiene la regularización, el reciente trabajo de la AIReF sobre la regla de gasto de pensiones publicado esta semana ofrece la primera estimación detallada. Estima en 762.000 las personas en situación irregular que podrían acogerse, pero de ellas solo 544.000 serían ocupados potenciales tras filtrar inactivos y parados. Aunque la cifra continúa siendo muy importante, es relevante destacar que la propia AIReF reconoce que un porcentaje significativo, aunque minoritario, de los potenciales solicitantes no recurrirán a esta política para regularizar su situación, y también existe la posibilidad de que el número final sea menor dependiendo del porcentaje de rechazos que se terminen generando.

Además, la AIReF estima el impacto que estos ocupados adicionales podrían tener sobre la recaudación de cotizaciones sociales y concluye que el impacto del primer año se sitúa en 0,067 puntos de PIB en el escenario base, con un rango de confianza del 90 % entre 0,027 y 0,098 puntos. El escenario base no es la mediana sino un máximo plausible, porque varios parámetros usados en la modelización ya están cerca de su techo. En promedio hasta 2050, el efecto apenas alcanza 0,03 puntos de PIB. La experiencia histórica de la regularización del año 2005 anima también a una rebaja de expectativas, dado que, de 570.000 personas regularizadas, solo 150.000 se tradujeron en afiliaciones adicionales, un 26%. Las razones son varias: muchos inmigrantes que ya trabajaban informalmente siguieron haciéndolo, y a ello hay que sumar que el colectivo de inmigrantes tiene una propensión elevada de emigrar de España, ya sea a sus países de origen o a otros destinos.

La regularización opera, por tanto, sobre un terreno fértil, un mercado laboral que depende cada vez más del empleo de origen extranjero, pero con un horizonte de impacto fiscal notablemente más modesto de lo que el debate público sugiere. Aunque este proceso cambiará la vida de cientos de miles de personas que dejarán atrás la invisibilidad administrativa, que eso se traduzca en unos mayores ingresos públicos sostenidos por cotizaciones dependerá menos del Real Decreto y más de la capacidad de la economía española para ofrecer empleo formal, mayores salarios y condiciones que inviten a quedarse