El Gobierno andaluz será parte activa del juicio tras ser aceptada su personación por la jueza que instruye la investigación de las causas del accidente donde murieron 46 personas
Carolina España, portavoz de la Junta de Andalucía, ayer en rueda de prensa en SevillaEuropa Press
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La jueza de Montoro que investiga las causas del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), Cristina Pastor ha aceptado la personación de la Junta de Andalucía como acusación particular en el caso que trata de establecer las responsabilidades en el siniestro en el que murieron 46 personas el pasado 18 de enero al colisionar un Alvia con un Iryo en el tramo cercano a la localidad cordobesa.
La portavoz y consejera de Economía de la Junta, Carolina España, anunció ayer la personación del gobierno autonómico en el caso como una vía para no dejar a las solas a víctimas y familiares y acompañarlos en los tribunales. "Después de lo que hemos conocido recientemente consideramos que es urgente y necesario que se llegue hasta el final en la investigación", explicó.
Otras administraciones como el ayuntamiento de Huelva han solicitado la personación, si bien ha sido rechazada. Con la aceptación de la Junta de Andalucía, el Gobierno andaluz tiene la facultad de participar activamente en el juicio que presumiblemente se abrirá una vez concluya la instrucción en marcha.
En este sentido, las investigaciones que están a cargo de la Guardia Civil y la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) han descartado ya posibles causas como un fallo humano por parte de los maquinistas, un atentado terrorista y, prácticamente, un siniestro provocado por los trenes que circulaban por la infraestructura de alta velocidad. Todos los indicios apuntan al estado de la vía y concretamente a la rotura de un carril como motivo por el que los últimos coches del Iryo 6189 que circulaba en dirección Madrid se salieron de la vía, ocupando el espacio por el que segundos después, a las 19:43 llegaba un Alvia que lo embistió a 204 kilómetros por hora.
La infraestructura y su estado de mantenimiento son responsabilidad de Adif, por lo que la empresa adscrita al Ministerio de Transportes sería la principal señalada. Tal y como informó ayer EL MUNDO, los sistemas de mantenimiento de Adif detectaron una caída de tensión superior a lo ordinario 22 horas antes del accidente.
Si bien el margen de caída de tensión no entraba como suficiente en los protocolos de Adif como para intervenir, la Guardia Civil subraya que su prolongación durante casi 22 horas debía haber despertado sospechas de que algo estaba mal en la vía. En su informe del pasado 28 de marzo a la jueza afirma que «Adif a pesar de contener en sus especificaciones que (el SAM) debe estar diseñado para detectar la fractura, no lo exigió» y adelanta que «habrá que dilucidar si existía la posibilidad técnica de recibir algún tipo de alerta por estas caídas de tensión, sobre todo por el tiempo que se mantiene en esos niveles no habituales y por la gravedad de las consecuencias».
Además de la no intervención por la fractura del carril que presumiblemente desencadenó el accidente, la Guardia Civil y la CIAF avanzan en investigaciones que apuntarían a falta de mantenimiento, de prevención o negligencia en las tareas de Adif. Han manifestado en numerosas ocasiones sus quejas por la actuación de la empresa pública en torno a sus intervenciones en el escenario del accidente sin permiso judicial, las incoherencias de los certificados que avalan las soldaduras de carriles en el tramo, las auscultaciones que Transportes asegura que se hicieron en el tramo para verificar su seguridad o la capacitación de los técnicos que las ejecutaron o autorizaron.
El presidente de la empresa pública, Pedro Marco de la Peña, acudió el pasado mes de marzo a la comisión de Transportes del Congreso, donde defendió las actuaciones de Adif y calificó de "infamias" las acusaciones de que retiró pruebas sin consentimiento de la jueza y señaló como "bulos" las informaciones que señalan que técnicos de la empresa cambiaron 10 días después del siniestro los certificados de ejecución de las soldaduras implicadas en el accidente, realizados en mayo de 2025. Marco de la Peña asegura que "se revisaron" con total trazabilidad y que esa revisión "es una buena práxis".