El ministro España volvió a insistir ayer en esta figura fiscal, pero la Comisión Europea no la incluirá en el paquete de medidas contra la crisis que anunciará el próximo miércoles

La Comisión Europea rechaza crear un impuesto sobre los beneficios extraordinarios que, como consecuencia de la guerra de Irán, están obteniendo las compañías energéticas. "No presentaremos nada sobre eso", señalan fuentes comunitarias a este periódico en referencia a las medidas que se darán a conocer el próximo miércoles ante la crisis.

"No es el momento", ahondan. Si la situación se siguiera complicando y si los precios impulsasen estos beneficios hasta cifras mucho más elevadas, en la Comisión no se cerrarían a debatir la creación del impuesto. Pero ahora mismo descartan esta actuación que defiende el Gobierno de Pedro Sánchez, y se antoja complicado que en un futuro se logre el consenso necesario para aplicar esta actuación.

Desde el Ejecutivo español, que es perfectamente consciente del rechazo que suscita el impuesto, siguen sin embargo señalando la necesidad de aprobar esta figura. Ayer mismo, el ministro de Hacienda, Arcadi España, insistía en su creación y en hacerlo, además, en el marco de la Unión Europea.

"España lo que va a hacer es monitorizar la situación actual, estudiar con nuestros socios comunitarios la opción que hemos planteado y luego se tomarán las decisiones que se tomen, pero nuestra opción, en este momento, es la opción europea", apuntó en declaraciones recogidas por Europa Press. "En la parte de progresividad, entendemos que aquellos que están teniendo unos beneficios extraordinarios con los impuestos que ya tenemos, pues sean los que más tengan que aportar, y siempre en el marco de la Unión Europea y con el escrito que hemos enviado a Bruselas", añadió en referencia a la carta que el Ejecutivo remitió a la UE antes de Semana Santa.

España no fue el único país en reclamar este impuesto ya que esa misiva estaba también firmada por Alemania, Italia, Portugal y Austria. "El conflicto en Oriente Medio ha provocado un aumento de los precios del petróleo, lo que supone una carga significativa para la economía europea y para los ciudadanos europeos. Es importante garantizar que esta carga se reparta de manera justa. En la reunión del Eurogrupo del 27 de marzo de 2026, defendimos y apoyamos medidas para gravar los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas", decía el documento, que en el caso español estaba firmado por el vicepresidente económico, Carlos Cuerpo.

"Una solución europea de este tipo actuaría como una señal para los ciudadanos de nuestros Estados miembros y para la economía en general, demostrando que estamos unidos y somos capaces de actuar. También enviaría un mensaje claro de que quienes se benefician de las consecuencias de la guerra deben contribuir a aliviar la carga sobre la población en general", añadía la carta dirigida al comisario de Clima, Wopke Hoekstra. Pero, por ahora, la respuesta de la Comisión es negativa.

No gusta la bajada de IVA en carburantes

En Bruselas tampoco entusiasma la rebaja del 21% al 10% en el IVA de los carburantes que ha decretado el Gobierno español. Consideran que es una actuación que va en la dirección incorrecta, ya que lo que la UE considera que se debe hacer es reducir el consumo. Explican que en situaciones en las que hay problemas de oferta y los precios suben, como es el actual caso, una rebaja de impuestos contribuye a aumentar la demanda y, en definitiva, a agravar el problema.

Y, por encima incluso de esto, está el hecho de que es una medida que no se ajusta a la normativa europea. "Recordamos a las autoridades nacionales que la Directiva del IVA no contempla la posibilidad de aplicar un tipo reducido al suministro de combustible", apuntaron desde la Comisión a comienzos de mes.

Tras esta advertencia, el Gobierno debía enviar una carta a Bruselas para exponer su medida y las razones por las que la había tomado, y fuentes comunitarias confirman a este periódico que esa misiva ya fue recibida ayer. Por ahora, desde la UE prefieren no decir nada y simplemente apuntan que están estudiando el contenido del documento. Pero el Ejecutivo español ya ha sido muy claro de manera pública: mantendrá la rebaja del IVA durante, al menos, tres meses y después se volverá a reevaluar la situación.