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El escenario laboral en la Administraci�n P�blica espa�ola ha sufrido un terremoto jur�dico tras la �ltima decisi�n de la justicia europea. El Tribunal de Justicia de la Uni�n Europea (TJUE) ha dictaminado que las medidas actuales de Espa�a para sancionar el abuso de la temporalidad en el sector p�blico son insuficientes y no se ajustan al Derecho de la Uni�n.
Sin embargo, el Ejecutivo ha reaccionado con rapidez para frenar las expectativas de una regularizaci�n masiva. La sentencia conocida este martes es contundente al se�alar que "la transformaci�n de los sucesivos contratos de duraci�n determinada en una relaci�n laboral indefinida no fija no constituye una medida adecuada para sancionar debidamente los abusos".
El tribunal europeo va m�s all� y critica el sistema de compensaciones econ�micas vigente en nuestro pa�s, apuntando que "no parece que las indemnizaciones previstas por la normativa nacional... puedan eliminar las consecuencias del incumplimiento del Derecho de la Uni�n en todas las situaciones de utilizaci�n abusiva de sucesivos contratos de duraci�n determinada". Asimismo, el fallo invalida los procesos selectivos actuales como m�todo sancionador, ya que "tampoco constituye una medida adecuada para prevenir y sancionar los abusos la convocatoria de procesos selectivos" si la valoraci�n de la experiencia no se limita exclusivamente a las v�ctimas de tales abusos.
Pese al calado de la sentencia, el Ministerio de Funci�n P�blica ha rechazado de plano una conversi�n autom�tica de interinos en personal fijo. Desde el Gobierno se apresuran a subrayar que "el derecho europeo no obliga a Espa�a a hacer fijos los contratos temporales del sector p�blico". El Ejecutivo defiende que cualquier proceso de estabilizaci�n debe pasar por una "oposici�n abierta a todo el mundo", cumpliendo as� con la doctrina del Tribunal Constitucional.
Esta situaci�n afecta a un colectivo de m�s de 800.000 trabajadores, en un sector donde la temporalidad escala por encima del 30%, especialmente en el �mbito auton�mico y local. Este incumplimiento no solo genera inestabilidad laboral, sino que ha provocado que Espa�a pierda ya parte de los fondos europeos, al no cumplir el compromiso de reducir la temporalidad p�blica al 8%.
Por su parte, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha aprovechado el fallo para marcar distancias entre la gesti�n p�blica y la privada. Seg�n el l�der de la patronal, la sentencia "demuestra que el problema con la temporalidad est� en el sector p�blico y no en el sector privado". Garamendi sostiene que en las empresas las cifras de temporalidad "no tienen absolutamente nada que ver" gracias a que se han reducido a trav�s del di�logo social y la reforma laboral.
El dirigente empresarial tambi�n se ha pronunciado sobre la estrategia internacional de Pedro S�nchez, valorando positivamente la apertura de mercados pero rechazando a China como referente. "Nosotros (los empresarios) trabajamos, insisto, en lo que es el �rea europea, en el �rea de las libertades, de las democracias, donde los empresarios nos sentimos a gusto", ha sentenciado. La resoluci�n del conflicto queda ahora en manos de los tribunales nacionales, ya que el TJUE ha recordado que "corresponder�, por tanto, al Tribunal Supremo apreciar si las medidas previstas en la normativa nacional sancionan debidamente la utilizaci�n abusiva" de estos contratos.