La estrategia judicial del militar consistía en pedir su eximente completa por alteración psicológica
Antonio en una foto durante una misión internacional en Machu Pichu.
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Los psiquiatras que han evaluado al capitán del Ejército de Tierra acusado de estrangular a su mujer delante de sus dos hijos menores han desmontado este martes uno de los principales pilares de la defensa: la posibilidad de que padeciera una alteración psicológica grave que anulara su responsabilidad penal.
Según informa Europa Press, durante la reanudación del juicio que se sigue contra Antonio P. C., de 42 años, las peritos que le examinaron durante semanas en prisión descartaron que sufriera un Trastorno Depresivo Mayor (TDM) en el momento del crimen y sostuvieron que mantenía intactas tanto sus capacidades cognitivas como volitivas cuando mató presuntamente a Leticia T. C., enfermera del Hospital Gregorio Marañón, en noviembre de 2024.
La cuestión resulta clave porque la defensa había solicitado una eximente completa por alteración psicológica. En términos jurídicos, este tipo de eximente implica acreditar que el acusado no comprendía plenamente lo que hacía o que no podía controlar su conducta en el momento de los hechos.
Sin embargo, las especialistas rechazaron esa posibilidad. Una de las psiquiatras explicó ante el tribunal que el militar nunca aportó informes médicos previos que acreditasen una patología psiquiátrica grave anterior al crimen y sostuvo que, tras las exploraciones realizadas, no encontraron signos compatibles con un trastorno depresivo severo ni con una enfermedad mental que afectase de forma relevante a su percepción de la realidad.
Según expuso, el acusado sí presentaba un "trastorno adaptativo" derivado del deterioro de la relación matrimonial y del conflicto provocado por la inminente separación, pero precisó que ese cuadro no equivalía a una depresión clínica incapacitante. "Había una situación anímica reactiva al conflicto conyugal, pero no un trastorno depresivo mayor", declaró.
La perito insistió además en que Antonio P. C. relató los hechos con detalle y recordaba perfectamente lo sucedido. "Reconoció todo y me contó lo ocurrido. Dijo que estaba rabioso y que no fue intencionado", explicó durante su comparecencia.
Ese extremo resulta especialmente relevante para las acusaciones porque refuerza la tesis de que el procesado comprendía plenamente sus actos y era capaz de dirigir su conducta, dos elementos esenciales para valorar si puede aplicarse una eximente completa o incompleta de responsabilidad criminal.
Las especialistas fueron más allá y señalaron que una persona afectada por un trastorno depresivo grave difícilmente podría mantener el nivel de actividad académica que desarrollaba el acusado en aquellas fechas, cuando cursaba estudios superiores de especialización. También apuntaron que el malestar psicológico detectado posteriormente estaría relacionado principalmente con el impacto emocional del ingreso en prisión, la pérdida de libertad y el proceso de divorcio.
La pasada semana, el juicio ya dejó declaraciones especialmente duras contra el militar. Una amiga íntima de la víctima aseguró ante el jurado popular que Leticia llevaba meses sufriendo una convivencia "muy deteriorada" y describió al acusado como una persona "controladora, calculadora y con estallidos de ira".
La testigo, compañera de trabajo de la víctima en el Gregorio Marañón, relató que apenas dos días antes del crimen la enfermera le confesó que quería divorciarse porque "no podía más". Según explicó, Leticia le hablaba con frecuencia de las discusiones y tensiones en el matrimonio y consideraba que su marido necesitaba terapia para controlar la ira.
También recordó un episodio ocurrido en agosto de 2024, cuando la víctima trató de grabar una discusión. "Él la pilló y fue entonces cuando le levantó la mano", afirmó ante el tribunal. Según su relato, la enfermera nunca llegó a denunciar por miedo a las consecuencias familiares y por la situación de sus hijos.
Las acusaciones mantienen que el capitán actuó movido por el rechazo a la ruptura sentimental y que era plenamente consciente de lo que hacía cuando presuntamente estranguló a su mujer delante de las niñas, de dos y tres años.
El crimen ocurrió el 25 de noviembre de 2024. Según la investigación, el propio Antonio P. C. llamó al 112 tras la agresión. Leticia quedó gravemente herida y falleció posteriormente. Cuando fue detenido, el caso causó un fuerte impacto por el perfil del acusado: un oficial con una trayectoria académica y militar impecable, con participación en misiones científicas, artículos especializados, másteres universitarios y colaboraciones en proyectos vinculados al Ministerio de Defensa.