Actualizado Jueves, 25 junio 2026 - 19:54

Sólo unos días después de que la Junta haya presentado un recurso contra el Plan Estatal de la Vivienda 2026-2030, el presidente andaluz en funciones, Juanma Moreno, y la ministra Isabel Rodríguez coincidieron este jueves en Sevilla, junto al alcalde, José Luis Sanz, para participar en la entrega de llaves a 137 familias que, por sorteo, han resultado adjudicatarias de una nueva vivienda social en régimen de alquiler en el nuevo barrio de Palmas Altas.

La administración autonómica y la central no ocultan sus diferencias en política de vivienda en medio de una profunda crisis de precios al alza que atenaza a las familias. Uno de los aspectos del nuevo Plan Estatal de la Vivienda que ha provocado el recurso de la Junta tiene que ver con el periodo de protección de la vivienda social, que el Gobierno pretende hacer permanente para garantizar que el parque inmobiliario público no acabe en el mercado libre y especulativo y el ejecutivo autonómico pretende acortar para atraer el interés de los constructores y promotores privados y evitar que los concursos acaben desiertos.

Y, aunque tanto la ministra como el presidente de la Junta reivindicaron el esfuerzo conjunto de las administraciones, Isabel Rodríguez aprovechó para lamentar que el 44% de las viviendas de alquiler en Sevilla tenga uso turístico. «En momentos de crisis todas las viviendas deben ser para la gente», afirmó la ministra, tras pedir a las administraciones que usen los fondos asociados al plan para reconvertir vivienda turística en vivienda familiar. «Ministra, aquí se trata de que arrimemos el hombro todos; de que todos pongamos lo que tenemos que poner, cada uno sus recursos y posibilidades para llegar a resolver un grave problema que tenemos en el conjunto de España», respondió Juanma Moreno.

Pero aunque la Junta y el Gobierno coinciden en lo elemental del diagnóstico (existe un problema grave de falta de vivienda asequible), difieren sustancialmente en la solución. Según el recurso que la Junta ha interpuesto contra el Plan Estatal de Vivienda (PEV) 2026-2020, consultado por EL MUNDO, el régimen de financiación que el Gobierno impone "cercena" la autonomía financiera y la autonomía política de Andalucía, a la que obliga a hacer un esfuerzo seis veces y medio (6,47) superior en términos de aportación económica con respecto al plan anterior, pasando de 74.025.900 euros a 478.800.000 euros, mientras que la aportación del Estado estaría en el casi tres (2,91) veces aproximadamente, pasando de 246.753.000 euros a 718.200.000 euros.

Además, el Gobierno ha regulado "con tal profundidad y grado de detalle las actuaciones protegibles que asfixia por entero la autonomía de las comunidades autónomas que únicamente pueden decidir a qué programa adscriben los recursos correspondientes dentro de los porcentajes o cuotas aplicables a cada línea". "En definitiva, la comunidad autónoma de Andalucía se ve abocada a convertirse en una mera ejecutora de la política de vivienda que el Estado impone al amparo del Plan, viéndose limitada a priorizar de entre las políticas estatales y sin capacidad efectiva de formular y ejecutar una política propia en materia de vivienda", subraya la Junta en la memoria justificativa del recurso.

Pero, sobre todo, la Junta cuestiona el régimen de "protección permanente" para las viviendas que se construyan al amparo de este plan, pese a que el Tribunal Constitucional (TC) ya dictaminó anteriormente, con ocasión de la aprobación de la Ley Estatal de la Vivienda, que las comunidades autónomas, como administración con competencia exclusiva en materia de vivienda, deben disponer de margen para establecer las condiciones de acceso y el régimen de protección.

Con este plan, señala la Junta, el Estado, "prevaliéndose de su superior capacidad financiera, pretende de facto lograr lo que ya intentó con el precepto de la Ley Estatal de Vivienda declarado inconstitucional por la sentencia del TC 79/2024: imponer a las comunidades autónomas el carácter permanente del régimen de protección de las viviendas".

En definitiva, la Junta considera que el Gobierno se ha "extralimitado en el ejercicio de sus competencias en materia de bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica (art. 149.1.13 de la Constitución), invadiendo las competencias [autonómicas] en materia de vivienda al establecer un régimen de protección permanente en determinadas actuaciones, que lamina cualquier resquicio a la comunidad autónoma para flexibilizar o endurecer incluso dicho régimen, intentando subsanar en el Plan, lo que no pudo hacer en el artículo 16 de la Ley 12/2023, de 24 de mayo por el derecho a la vivienda".

El Consejo de Gobierno de la Junta acordó el pasado martes presentar ese recurso, que tendrá forma de "requerimiento de incompetencia frente al Gobierno del Estado", por considerar que el Real Decreto 326/2026 por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 "vulnera el orden de competencias establecido en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía, afectando a las competencias en materia de vivienda, así como a los principios de colaboración con el Estado, de lealtad institucional y buena fe del artículo 3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre".