Rosana (50), Antonio (53), y dos de sus hijos (17 y 19 años) serán expulsados de su hogar en el barrio de la Zona Franca de Barcelona. La familia acumula una deuda por impago del alquiler desde 2012: 165 recibos que suman un importe de 94.650,39 euros y al que se le suman 30.541,81 euros por intereses de demora. En total, 125.192,20 euros.

La cantidad es inasumible para la familia. Aseguran que ya se lo han hecho saber a sus demandantes, que son el propietario de la vivienda, el Institut Català del Sòl (Incasòl), y la arrendataria, la Agència de l'Habitatge de Catalunya, según consta en la demanda a la que ha tenido acceso EL MUNDO.

Ambos son entes públicos de la Generalitat encargados de ejecutar distintas políticas en materia de vivienda. En el caso del primero, es "promotor social" en el caso de la edificación y célebre por ser el gestor de la fianza de los alquileres regionales. En el caso de Habitatge, es más conocida, entre otros, por su gestión del parque público de viviendas catalán y su mediación social en contratos de alquiler privado. Porque, como expresa el artículo 3 de la Ley 13/2009, una de sus funciones es "evitar que ninguna persona quede excluida de una vivienda por motivos económicos y garantizar la estabilidad y la seguridad de los residentes más vulnerables".

La familia de Rosana lleva desde 2022 sostenida por dos pensiones que en la actualidad rondan los 800 euros tras distintos ajustes: la mujer, antes única sustendadora de la familia además de cuidadora de su familia, se encuentra incapacitada a raíz de un ictus y enfermedades posteriores, mientras que Antonio padece una discapacidad severa (75%) por una enfermedad que le ha impedido trabajar desde hace años, y que ha requerido severos tratamientos médicos.

Mientras tanto, el alquiler original que firmaron con Habitatge en 2012 era de 475,07 euros, pero en la actualidad alcanza los 602,16 euros más gastos. Con lo que, en la práctica, llegan a los 700 euros mensuales, explica Rosana. "Yo sé que no he pagado nunca", expresa Rosana, "pero siempre hemos ido hablando con ellos para mejorarlo, para conseguir un acuerdo...". Ahora la deuda de más de 125.000 euros es inasumible. El proceso de lanzamiento se ha iniciado, a pesar de los intentos previos de negociaciones: con la intervención de Servicios Sociales, Rosana explica que recibieron la propuesta de costear una parte de la deuda (en torno al 30%) para impedir el desahucio ahora, y pasar a un pago del resto a plazos. Pero esa alternativa queda fuera del bolsillo de los afectados. Antes, Habitatge llegó a plantearles que pagasen la cuota mensual y asumiesen la deuda poco a poco, y la familia pidió un recorte de la mensualidad que se ajustase a sus ingresos (y así empezar a pagar). No se ejecutó.

"Desde el principio Habitatge sabía que nosotros no podíamos pagarlo. Lo sabían", insiste. En sus visitas a las oficinas públicas, "me han llegado a preguntar por qué me había metido en el piso, si sabía que no podía pagar. ¡Pues no me iba a quedar en la calle con cuatro hijos!", recuerda.

Hace años, fueron beneficiarios de los programas de edificación de viviendas económicas en el Barrio de El Polvorí (Barcelona), donde se realojó en viviendas públicas a familias en urgencia social. En el momento de la entrada en el que -todavía- es su hogar, contaban con una renta anual de alrededor de 11.000 euros, gracias a los ingresos de los distintos trabajos de la madre y la pensión no contributiva del padre, entonces de unos 300 euros. Eran seis inquilinos, con cuatro menores de edad. Ahora, dos de sus hijos se han independizado y los otros apoyan -como es posible- la economía familiar. Mantienen que ahora pueden asumir el alquiler y piden alternativas al lanzamiento. Y evitar hacer frente al coste de una vivienda en Barcelona, donde el crecimiento desmedido de los precios en los últimos años se ha traducido en una crisis económica y social. Solo en el distrito donde habita la familia de Rosana el precio del alquiler se sitúa en los 19,50 euros por metro cuadrado según Idealista, disparándose un 75,68% frente a 2012.

En el interior de un piso de tres dormitorios completados a base de donaciones (un sofá de un familiar, una cama de otro, una vajilla de piezas diferentes...), Rosana lamenta que "vivimos con lo que tenemos porque no nos da ni para comer". Las pensiones y ayudas por la enfermedad han evolucionado en estos años, pero no a la misma velocidad que el coste de vida. "No me he negado a pagar nunca", insiste Rosana, solo que el precio de su alquiler se ajustara al ceñido presupuesto familiar, y "que podamos vivir".

La condición de vulnerabilidad económica deberá ser solicitada a partir del presente proceso judicial, pero desde hace 14 años su precaria situación ha sido constatada y paliada con ayudas como la Renta Garantizada de la Ciudadanía (antiguo Programa Interdepartamental de la Renda Mínima d'Inserció, PIRMI) que la Generalitat adjudica a quienes "no dispongan de los recursos económicos mínimos para atender las necesidades básicas de una vida digna". Ellos siempre han dejado su caso en manos de su asistenta social, y alegan que gran parte de las ayudas públicas, como las destinadas al pago del alquiler, no eran solicitables porque ya acumulaban deuda.

En el texto de la demanda, Incasòl y Habitatge recuerdan que el contrato inicial de su alquiler tendría una vigencia de cinco años, a cuyo vencimiento se revisarían las condiciones "económicas y patrimoniales" y el cumplimiento de las obligaciones contractuales. Que los inquilinos nunca acometieron. Es por ello que hubo un primer lanzamiento en 2016, que fue frenado. En ese momento, el juez estimó que debía aplicarse un alquiler social, esto es, ajustado a las condiciones económicas de la familia. No hubo variaciones en la renta, ya que la Administración Pública considera que su propuesta se ajusta a la realidad familiar. Después, en septiembre de 2023 se les notificó que el contrato había finalizado y no se renovaría. No hubo más avisos hasta el recibido el pasado abril, donde se les planteó el lanzamiento. Pero cabe recordar que todos los desahucios quedaron impedidos por el Real Decreto 11/2020, el escudo social que ha caído este 2026 por la oposición a su renovación (PP, Junts y Vox) y que ahora permite reactivar los procesos.

Al reclamo de la vivienda por impago, la demanda de lanzamiento de Incasòl y Habitatge añade dos motivos el artículo 28 de la Ley de Arrendamientos Urbanos para terminar el contrato de alquiler: "por la pérdida de la finca arrendada por una causa no imputable al arrendador" o "por la declaración firme de ruina acordada por la autoridad competente". En resumen, Rosana no sabe por qué tiene que devolver ahora la vivienda social de la Generalitat, responsable del 48% del parque de alquiler social y asequible catalán en 2024, frente al 23% de inmuebles de fondos específicos para estas rentas económicas o el 20% de contratos privados que han sido mediados.

Mientras tanto, en su barrio, otras familias se han acogido a servicios como la Mesa de Emergencias de la Agencia de la Vivienda de Cataluña (AHC), que ampara quienes tienen una emergencia habitacional mediante, por ejemplo, la asignación de viviendas de alquiler social. En 2025, según Síndic de Greuges de Catalunya (el Defensor del Pueblo en Cataluña), se abrieron 1.046 expedientes: 552 fueron resueltos de forma favorable, pero solo 303 atendidos. A fecha de septiembre del mismo año, quedaban 1.304 unidades de convivencia pendientes de la asignación de una vivienda -ya contaban con una resolución favorable-, de las cuales 747 eran barcelonesas.

Síndic de hecho denuncia en su último informe que las Mesas "se encuentran actualmente sin capacidad suficientepara atender el incremento de las situaciones de emergencia", tanto en clave de viviendas, como por la atención de los Servicios Sociales. Añaden que los procedimientos se dilatan (522 días de media), mientras que las prestaciones públicas para prevenir situaciones de desahucio se contraen.

En el texto de la demanda que sostiene Rosana entre sus manos se recuerda que, de acuerdo a la ley, se les informará "de la posibilidad deacudir a las administraciones públicas competentes en materia de vivienda, asistencia social, evaluación e información de situaciones de necesidad social y atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social, a fin de que puedan apreciar la posible situación de vulnerabilidad de la parte demandada".

Preguntados formalmente, desde Agència de l'Habitatge no hacen comentarios para este reportaje.