El ejecutivo andaluz sostiene que el nuevo plan obliga a las comunidades a hacer un esfuerzo financiero mucho mayor que el Estado, alarga los plazos de protección y obliga a las autonomías a pedir autorización al Ministerio para promocionar sus actuaciones
Juanma Moreno, María Jesús Montero y el alcalde de Córdoba, José María Bellido, en la presentación de unas vivienda públicas.EFE
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El Gobierno andaluz presentará un conflicto de competencias en relación al Plan Estatal de la Vivienda 2026-30 porque considera que este programa del Gobierno central invade áreas de regulación que son exclusivas de la Junta y limita su capacidad de gestión. Así lo ha aprobado este martes en una reunión el Consejo de Gobierno, donde se ha anunciado un primer paso en esa dirección contra el Real Decreto 326/2026 del 22 de abril, que, a juicio de la Junta, "no respeta el orden competencial recogido en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía".
El Gobierno andaluz subraya que son varios los aspectos en los que el Plan Estatal de Vivienda lesiona la autonomía financiera de Andalucía, como el diseño del régimen de aportaciones a cargo de las comunidades autónomas, la exhaustiva descripción de las actuaciones y el estricto reparto de cuotas, así como el régimen de protección permanente de las viviendas y el sistema de autorización estatal para la publicidad y la difusión de las actuaciones.
En concreto se solicita que se deroguen o modifiquen los artículos del citado Plan Estatal de Vivienda 4.2 g), 153, 6.5 y la disposición adicional Octava y los artículos concordantes (15, 23, 24, 34, 50, 51, 61M, 146 y 147). De igual manera, cuestiona la exhaustiva descripción de los 18 programas financieros, "cuyo grado de detalle implica una invasión de la competencia exclusiva de la comunidad autónoma para desarrollar el objeto de las ayudas en función de las necesidades del territorio".
La Junta lamenta que el Gobierno no haya respetado los criterios que se establecían en planes anteriores sin haberlo negociado previamente con las comunidades autónomas, para establecer un reparto en el que un 60% de la financiación corresponde al Estado y un 40% a las comunidades autónomas.
La nueva distribución de las aportaciones supone que Andalucía tendría que aportar 400 millones de euros más que en el plan anterior, lo que supone una cantidad seis veces superior (6,47), mientras que la aportación del Estado aumenta también pero no tanto, llegando a ser menos de tres veces mayor.
Según la Junta, la regulación tan minuciosa de las actuaciones y de las cuotas de financiación reservada a cada línea implica una extralimitación del Estado, ya que degrada a las comunidades autónomas a "meras gestoras de las subvenciones", algo que no se ajusta al sistema constitucional de distribución de competencias.
Plazos de protección para la vivienda pública
De igual manera, se considera que el Estado también se ha extralimitado en el ejercicio de sus competencias al fijar un régimen de protección permanente en determinadas actuaciones. "Esta decisión lamina cualquier resquicio para flexibilizar o endurecer dicho régimen, intentando subsanar en el Plan Estatal de Vivienda lo que no pudo hacer en el artículo 16 de la Ley 12/2023 de Derecho a la Vivienda, que fue derogado por el Tribunal Constitucional tras el recurso de inconstitucionalidad presentado por la Junta de Andalucía".
Como se recordará, la Junta y el Estado difieren sustancialmente en los periodos de vigencia de la protección sobre la vivienda pública, ya que la administración autonómica defiende que unos plazos muy largos de protección disuaden a los promotores y frenan la construcción de vivienda a precios asequibles. Sin embargo, el Gobierno sostiene que liberalizar la vivienda protegida en plazos cortos permite que los pisos construidos con financiación pública acaben en el mercado libre y dejen de ser asequibles.
Previa autorización del Ministerio
Por último, la Junta cuestiona el artículo 153 del Plan Estatal de la Vivienda, que supedita a una autorización o incluso a la presencia del ministro la presentación de actuaciones financiadas con cargo a dicho plan. "El planteamiento de una suspensión de las transferencias de estos fondos por esta cuestión refuerza la petición de inconstitucionalidad de la medida, ya que despoja a la Junta de Andalucía de sus competencias exclusivas en materia de vivienda".