Los 5.300 pisos ubicados en zonas como Móstoles o Carabanchel eran originalmente de propiedad pública, pero pasaron a manos privadas gracias a una venta por parte del Ayuntamiento de Ana Botella
La manifestación convocada por los vecinos en la Sede de Fidere.
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Medio centenar de vecinos madrileños se manifestaron este martes por la mañana al grito de "Blackstone está haciendo el negocio del siglo". En ese mismo momento, dentro de la Sede de Fidere, en Madrid, el fondo cerraba la venta de 5.300 viviendas a Brookfield Asset Management por 1.050 millones de euros, lo que afecta a 1860 familias en Madrid.
La operación se produce en un contexto de máximos históricos de inversión residencial en España, pese a la inestabilidad internacional por la guerra de Irán.
Este es el último movimiento de una historia que comienza hace más de 20 años. María del Carmen de la Llave es una de las afectadas de esta venta que se atreve a contar su historia. Casada y con dos hijos, la mujer accedió a su piso actual en 2006, cuando le tocó por sorteo ya que pertenecía a una de las muchas viviendas públicas de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS Madrid), cuando Ana Botella era alcaldesa. Su alquiler era de 560 euros y tenía la posibilidad de comprar su hogar al cabo de 10 años.
"La sorpresa vino cuando en 2013 me dicen que me cambian el casero", relata la mujer. Entre 2013 y 2019, Blackstone se hizo con un paquete de viviendas que le colocó como el mayor casero del estado, 1.860 provenían de la EMVS Madrid, que las vendió a un "precio irrisorio", por 68.000 euros.
Más tarde, fue adquiriendo paquetes de viviendas de protección oficial de la Comunidad de Madrid haciéndose con miles de residencias en Móstoles, Alcorcón, Torrejón de Ardoz o Carabanchel. A esta última zona pertenece el bloque en el que vive María del Carmen. La mujer describe un goteo incesante de subidas: de los apenas 600 euros iniciales ha pasado a pagar más de 1.100. "Estamos en lucha", sentencia, "tenemos derecho a una vivienda digna".
A pesar de esto los vecinos siempre se han organizado, y gracias a la fuerza común consiguieron frenar las subidas de 2021 y 2024 a través de la estrategia "Nos quedamos", en conjunto con el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid. "No queremos que nos regalen nada, solo pedimos unos alquileres justos", exclama la inquilina.
La situación actual
De la venta que se cierra esta semana a la entidad Brookfield Asset Management se enteraron porque de repente "varios hombres trajeados paseaban por los edificios, atamos cabos", narra María del Carmen. No se equivocaban: la operación supone el traspaso de la Socimi Fidere y el desembarco de un nuevo gestor, la plataforma Clikalia. El objetivo del nuevo dueño no es mantener el alquiler, sino reformar los inmuebles y venderlos a particulares para maximizar su inversión.
Por eso, al poco tiempo empezaron a recibir burofaxes los que cumplían su contrato en este 2026 para que antes de junio entregasen las llaves sin posibilidad de renovación. Es el inicio de una rotación de domicilios que busca sacar al mercado estos pisos por un precio medio de 295.000 euros, una cifra que queda lejos de las posibilidades de quienes hoy los habitan.
María del Carmen de la Llave explica que se trata de un "desahucio silenciado" ya que "de forma arbitraria la empresa da la posibilidad de quedarse a ciertos inquilinos, pero para ello crean una subida abusiva de hasta 500 euros" sobre el alquiler actual. Además "piden que presenten papeles de solvencia de mínimo 3.000 euros después de años pagando religiosamente" explica la mujer indignada.
En resumen, los vecinos relatan una situación que es una expulsión por asfixia económica donde, aunque no existe una orden judicial inmediata, la imposibilidad de afrontar las nuevas condiciones económicas empuja a los vecinos al mismo destino: la pérdida de su hogar.
La gestión pública
Los afectados apelan a las administraciones públicas para que se pongan de su lado y hacen referencia al Real Decreto-Ley 8/2026, que ha sido rechazado en el pleno del Congreso. Esta medida nace en respuesta a las consecuencias económicas y sociales derivadas de la guerra de Irán, que introduce la posibilidad de ampliar contratos de arrendamiento y limitar las subidas de precios de la vivienda. Eso le podría haber dado un margen de dos años a algunos vecinos para que negocien su nuevo contrato de alquiler o para buscarse un nuevo hogar.
En esta misma línea, los vecinos ya han exigido tanto al Gobierno de España, a través de Casa 47, como a la Comunidad de Madrid y a los Ayuntamientos que recuperen estos inmuebles para el parque público de vivienda, a través del derecho de adquisición preferente, hasta ahora sin obtener respuesta.