Cartas al Director
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Pedro Sánchez convocó las elecciones de 23-J con el argumento de que, después de la debacle socialista del 28-M, era necesaria «una clarificación sobre las fuerzas políticas que deben liderar esta fase». No ha pasado un año y, si algo ha quedado clarificado, es que el muro de discordia que el presidente ha construido para justificar su alianza con los partidos más desleales a una idea solidaria de España ni siquiera concede a la gobernabilidad del país unas mínimas garantías de estabilidad, efecto contagio de la Cataluña rupturista, dividida, estancada y empobrecida desde que inició el procés.
El insólito bloqueo por parte del socio de coalición de Sánchez, con la excusa de la construcción de un complejo turístico en Tarragona, ha provocado la convocatoria de las elecciones catalanas en la misma víspera de la aprobación de la amnistía en el Congreso. El consiguiente encarnizamiento previsto de la dinámica competitiva entre ERC y Junts, que sólo puede dirigirse hacia una mayor agresividad con el Estado, llevó a Sánchez a prorrogar por segundo año los Presupuestos y, con ello, a congelar la inversión pública y la iniciativa política, como si fuese un automatismo o un despacho ordinario y no un fracaso que perjudica el interés general y exige una responsabilidad.
Este descontrol evidencia nuevamente que ocupa el Gobierno quien no ganó las elecciones, aunque él se empeñe en conducirse como si lo hubiera hecho, y sencillamente se dedica a bloquear la alternancia al precio que le ponen formaciones enemigas del orden constitucional y, al mismo tiempo, incompatibles entre sí.
En medio de la atmósfera tóxica que ha desatado el Gobierno para protegerse de la acechante sospecha de un escándalo de corrupción sistémica, sentando el peligrosísimo precedente de utilizar a la Fiscalía para filtrar secretos de particulares, en el plazo de 50 días -los que pasarán desde las elecciones vascas del 21 de abril y concluirán el 9 de junio con los comicios europeos, con las decisivas catalanas entremedias el 12 de mayo- se someterá a otro examen ciudadano clarificador el proyecto plurinacional que Sánchez consagró en sus pactos de investidura y del que depende su estancia en el poder.
En el País Vasco, los sondeos sugieren la entrada en una nueva era: Bildu y el PNV sumarán más del 65% de los votos camino del 70%, un resultado inédito producto de la completa anegación por parte del nacionalismo de la sociedad civil y el ámbito educativo, y en medio de una competencia con un lenguaje netamente independentista, como pudo leerse en la magnífica entrevista de Josean Izarra a Imanol Pradales en EL MUNDO. Las políticas del Gobierno no dejarán aquí, por tanto, ningún progreso respecto del sentimiento de pertenencia ni de la voluntad de convivir juntos los distintos.
Tampoco es previsible que eso suceda en Cataluña. El resultado marcará la suerte de la legislatura y el futuro de todo el país. La amnistía y las circunstancias humillantes en las que ha sido negociada y redactada han entronizado a Carles Puigdemont y han legitimado su desprecio a la ley y su apología del abismo que dividió a los catalanes el 1-O. Han dado el máximo impulso a su objetivo existencial, que es destruir el Estado que lo persiguió como autodefensa. Toda la campaña girará en torno a él y a su posible regreso, y la filtración de su cumbre negociadora con Santos Cerdán en Suiza, con las elecciones ya convocadas, no hace sino subrayar la dependencia agónica que Sánchez seguirá teniendo de él. ¿De qué normalización estamos hablando?
Asistimos al primer acto de propaganda electoral con la muy elocuente connivencia del PSOE: Puigdemont obtiene toda la credibilidad cuando vaticina el Poder Judicial propio, el pacto fiscal y la autodeterminación. Él personificará el proyecto independentista y aglutinará todo el vigor que mantenga. Por eso hará hasta el 12-M todo lo posible para que sea máximo. Si ERC adelanta las elecciones es para no seguir acumulando desgaste por su pésima gestión, del agua, de la educación y de la economía, pero sobre todo para no verse arrollada como sin duda se vería desde que el ex president pusiera un pie en la Diagonal.
Si entre buena parte de las bases del PSC ya existía «entusiasmo cero» con la amnistía, la foto de Suiza constatará para ellas las auténticas prioridades del mismo Sánchez cuyo resultado en Cataluña fue clave para conservar el poder. Salvador Illa, que contaba con la eventualidad de una convocatoria tan adelantada, ha tenido la habilidad de convencer al establishment de que es él quien mejor puede representar ahora el voto refugio del peix al cove que durante décadas ejerció Jordi Pujol, respetando al mismo tiempo la hegemonía nacionalista sobre las posiciones clave de la sociedad civil.
Las encuestas empiezan a mostrar un desgaste por el flanco de los votantes que obtuvo de Cs, y el caso Koldo se dibuja como una severa amenaza en el horizonte. Una victoria, aparentemente, consolidaría la narrativa de reconciliación de Sánchez, pero si el independentismo suma mayoría será difícil que a ERC, el tonto útil de esta historia, no le tiemblen las piernas frente a Puigdemont. Con la posibilidad desde hoy claramente abierta de que el PSC abra las puertas del poder a Junts. Y hoy publica Iñaki Ellakuría en este periódico que Junts ya ha trasladado al PSOE que sólo si el prófugo de Waterloo regresa a Canonges tendría incentivos para sostener a Sánchez en La Moncloa: la paradoja es que Illa puede acabar siendo un estorbo.
El PP se asoma a la cita sin haber resuelto la renovación del partido en Cataluña. Sobre Alberto Núñez Feijóo recae en solitario la responsabilidad de defender la igualdad entre españoles. La Declaración de Córdoba firmada el fin de semana pasado es una estupenda guía: se trata en realidad de presentar una idea coherente de España en las tres sucesivas convocatorias electorales. Feijóo no debería retrasar la decisión sobre el liderazgo, pero cambiarlo ahora sugeriría improvisación y abriría controversias en el partido. La negociación abierta con Cs para concurrir juntos en Cataluña, donde esta formación tiene una raíz auténtica en Barcelona y el cinturón rojo, constituye una oportunidad para revestirse de los atributos de modernidad constitucional e intelectualidad crítica que atesoró el partido de Albert Rivera e Inés Arrimadas. Que llegó al millón de votos por no resignarse a asumir como inevitables los marcos culturales del nacionalismo y sus privilegios, ni limitarse a apaciguarlos con diplomacias mal impostadas.