La irreflexiva atribución de nacionalidades de la Ley de Memoria a hijos y nietos de exiliados se ha convertido en un problema para la democracia española

Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática.EFE
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Como ya vaticiné a finales del año pasado, la irreflexiva atribución de nacionalidades de la Ley de Memoria a hijos y nietos de exiliados se ha convertido en un problema para la democracia española. Para empezar, el volumen de solicitudes ha desbordado cualquier previsión: casi dos millones y medio. Para continuar, la administración ha tirado por la calle del medio y está regalando nacionalidades al no exigir el supuesto material que permite acceder a las mismas: ser exiliado por razones políticas e ideológicas. O sea, un fraude interpretativo porque el Estado no tiene capacidad exterior para poder hacer cumplir lo exigido por el legislador. Un país de charanga.
Los males no acaban ahí. En el PP están preocupados por los efectos de la ampliación del cuerpo electoral. Y es normal. Resulta que el PSOE ha ganado el voto exterior en las últimas elecciones autonómicas pese a sufrir tremendos batacazos en el voto interior. Me parece apresurado, sin datos más claros, relacionar regalo de nacionalidades y resultados electorales. Sin embargo, se detectan en redes una gran cantidad de comentarios conspiranoicos sobre una posible adulteración del censo para favorecer a la mayoría que sacó adelante la Ley de Memoria. Montesquieu dijo que la suerte de las monarquías se cifraba en las leyes de sucesión a la Corona. Bien podríamos decir que la legitimidad de las democracias se levanta sobre la confianza en el sistema electoral.
Por lo tanto, necesitamos actuar en este tema con rapidez e inteligencia porque nos jugamos mucho. Solo nos faltaba que las próximas elecciones se cuestionen desde el punto de vista electoral. El vínculo entre derecho de sufragio y nacionalidad es un límite constitucional infranqueable. Pero eso es una cosa y otra que Ricardo Darín decida el resultado de las elecciones en Jaén, donde no ha pisado nunca. Ante este delirio, debería modificarse con urgencia la LOREG para volver al voto rogado o exigir haber vivido en España un mínimo número de años para participar en las elecciones. En las municipales se requiere empadronamiento y nadie ha puesto el grito en el cielo. Más adelante, dado el problemón en el que nos ha metido este legislador disparatado, reformar la Constitución para incorporar una circunscripción exterior.

























