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La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha interrogado al que fuera 'numero dos' del Ministerio de Economía en la etapa de Nadia Calviño tras haber objetado y después autorizado el controvertido rescate de Tubos Reunidos (TR) por valor de 112,8 millones.
Se trata del que fuera secretario de Estado de Economía en 2021, Gonzalo García Andrés, que es actualmente consejero comercial de España en Reino Unido.
Aunque la pieza en torno al posible pago de comisiones a la trama de Santos Cerdán por parte de TR se mantiene secreta, EL MUNDO ha podido saber que la declaración a García Andrés fue tomada en condición de testigo el pasado enero y responde a su participación, con resistencia inicial, en el Consejo Gestor del Fondo de Apoyo a la Solvencia a Empresas Estratégicas (FASEE) del 13 de julio de 2021 que terminó aprobando la ayuda.
Según fuentes de la investigación, hay mensajes internos entre miembros de la trama de Santos Cerdán en la que se constata que García Andrés se estaba resistiendo inicialmente en las semanas previas a autorizar el rescate. Así lo comunicó el que fuera presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi), Vicente Fernández, al socio de Cerdán y administrador de Servinabar, Antxón Alonso. Ambos se jugaban una comisión que la UCO ha cifrado inicialmente en 114.954 euros y estaban contrariados por la actitud del secretario de Estado de Economía.
Fernández tenía información privilegiada sobre lo que sucedía en el citado Consejo Gestor que era un órgano interministerial que administraba las ayudas en la pandemia y en el que participaba en este caso, en representación del Ministerio de Calviño, el mencionado García Andrés.
Su antecesora en la secretaría de Estado de Economía, Ana de la Cueva, ya había renegado meses antes de haber participado en la decisión del rescate de Plus Ultra por valor de 53 millones, y había atribuido la decisión a la Sepi.
Tras aquel escándalo, su sucesor García Andrés ponía objeciones a nuevas operaciones y Tubos Reunidos tenía una característica común a Plus Ultra y es que se encontraba en pérdidas antes de la pandemia en señal contraria a que el reglamento europeo sólo permitía ayudar a las empresas que no estuvieran en crisis en 2019.
Según ha podido comprobar este diario en el acta confidencial elaborada por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi), García Andrés terminó participando en efecto en la aprobación final de la inyección en el grupo vasco, aunque la lista de condiciones impuestas a TR fue más amplia que con Plus Ultra y otros rescates anteriores. Por tanto, pese a las objeciones iniciales, García Andrés dio visto bueno, porque en el acta se hace constar, como en otras ocasiones, que la decisión de aprobación se adoptó «por unanimidad». El consejero comercial no respondió al cierre de esta edición a los mensajes de este diario para recabar su versión.
En aquella reunión del Consejo Gestor participó también el actual subsecretario del Ministerio de Transición Ecológica, Miguel González Suela, que, según el acta, defendió el informe de su departamento favorable al rescate. Éste no ha sido llamado a declarar por la UCO, según fuentes del Departamento de la actual vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, en llamativo contraste con el caso de García Andrés. Aagesen, miembro titular, delegó aquel día en González Suela.
Los otros altos cargos presentes aquel día D fueron la entonces subsecretaria de Hacienda, Pilar Paneque, y el que fuera director general de Industria, Galo Gutiérrez en sustitución puntual del secretario general de su Ministerio, Raül Blanco.
Presidió la reunión la actual presidenta de la Sepi, Belén Gualda, partidaria, según la trama de haber aprobado antes el rescate.
La vicesecretaria de Justicia del PP, Cuca Gamarra, pidió el pasado miércoles en el Congreso al vicepresidente primero del Gobierno, Carlos Cuerpo, una investigación interna sobre la actuación del Ministerio de Economía en éste y otros rescates como el de Plus Ultra y Air Europa. La diputada riojana calificó al vicepresidente de "blanqueador" de la actuación del Gobierno al guardar silencio sobre indicios de corrupción en rescates que autorizó su Ministerio. Gamarra recordó que los rescates de Air Europa, Plus Ultra y Tubos Reunidos, todos ellos sometidos a investigación judicial, suman más de 650 millones de fondos públicos. Plus Ultra y TR muestran además graves dificultades para devolverlo y están incumpliendo condiciones iniciales del rescate.
«Estoy convencida de que quien era secretario de Estado de Economía le ha tenido que contar qué ocurrió ahí», dijo Gamarra sobre García Andrés, del que el actual vicepresidente primero era subordinado. Cuerpo no respondió.
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