Un mes (y un día) después de las elecciones andaluzas del 17 de mayo y diez días después de que el PP y Vox se sentaran por primera vez, la negociación no ha fructificado todavía en un pacto indispensable para garantizar la tercera investidura de Juanma Moreno como presidente de la Junta de Andalucía, pero hay una base sobre la que se está negociando y un moderado optimismo trasciende al apagón informativo que han impuesto los dos partidos y, en especial, los populares.

Según ha podido saber EL MUNDO, los representantes del PP y Vox están negociando sobre la base de un acuerdo programático que abarque todas las áreas de gobierno, desde la sanidad a la educación pasando por la agricultura o las políticas sociales. Fuentes populares explican que la idea es "hablar de todo" y el objetivo, a partir de ahí, es pactar medidas concretas, muy concretas. Así, el acuerdo resultante huiría de ambigüedades y establecería un marco claro para las relaciones entre los dos hipotéticos socios alejando (ésa es la idea) lo más posible malentendidos y fricciones. La inclusión de la "prioridad nacional" de la que Vox ha hecho bandera se da por sentada y está ya digerida en el PP.

Pero, además, una negociación tan amplia y, a la vez, tan concreta, tendría una segunda finalidad para el PP de Moreno, satisfacer las reivindicaciones de Vox sin tener que ceder sillones en el ejecutivo. Seguir gobernando en solitario, sin consejeros de derecha extrema, es una aspiración que el presidente de la Junta en funciones y líder del PP-A ha expresado desde la noche misma de las elecciones y una vez digerida la pérdida de la mayoría absoluta.

Más aún, si el previsible acuerdo -el PP no tiene otras opciones de pacto- define con detalle las prioridades de gobierno y las políticas a ejecutar eso sería, en la práctica, un borrador sobre el que elaborar los presupuestos de 2027, con lo que se allanaría el camino considerablemente a la aprobación de las cuentas, otro de los deseos explícitos del líder popular.

De hecho, en el PP se ha insistido, desde el minuto uno, en que el fruto de una negociación con el partido de Santiago Abascal debe ser un acuerdo a largo plazo que garantice la aprobación de los presupuestos. No solo los del año que viene, sino los de toda la legislatura a poder ser.

Desde el lado de Vox, consensuar iniciativas tan concretas también persigue evitar que el PP pueda eludir el cumplimiento de los pactos tal y como aseguran que sucedió en la primera legislatura de Moreno, cuando los diputados de extrema derecha apoyaron en el Parlamento al ejecutivo de coalición del PP y Ciudadanos merced a un acuerdo que no se habría cumplido. La palabra engaño ha sido repetida frecuentemente por los dirigentes de Vox para referirse a aquella etapa y no quieren que en esta legislatura suceda algo parecido.

Sobre la entrada o no en el ejecutivo, ya el portavoz parlamentario de Vox, Manuel Gavira, insistió la semana pasada, tras el pleno de constitución del Parlamento, que lo primero que había que hacer era pactar las "medidas" y que, solo después, se vería "quién las ejecuta", sin descartar de esta forma que el acuerdo final no contemple consejeros de Vox, a diferencia de lo que ha sucedido en los otros pactos autonómicos sucritos entre los dos partidos, en Extremadura, Aragón y Castilla y León.

Este mismo miércoles, la portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Vox en Andalucía, Paula Badanelli, ha repetido que su partido no va a hablar de "carteras ni de sillones hasta que las medidas no estén trabajadas y pactadas".

En una rueda de prensa en el Parlamento, ha insistido en la posición de Vox sobre la "discreción" y "seriedad" con la que hay que desarrollar estas negociaciones.

"Nosotros estamos trabajando en las medidas, que es lo que comentó el portavoz del grupo, Manuel Gavira, el día que se constituyó el Parlamento y en ese punto seguimos", ha añadido Badanelli, quien ha apuntado que su partido no va a negociar "ni en ruedas de prensa ni a base de titulares".

El PP siempre ha expresado su deseo de gobernar en solitario, sin ceder sillones, y esgrimen, en ese sentido, que la situación en Andalucía es diferente a la del resto de comunidades donde ha habido acuerdo con Vox. A Juanma Moreno solo le faltan dos escaños para la mayoría absoluta, que rozó el 17 de mayo, una distancia mucho menor que en Extremadura, Aragón y Castilla y León y eso, a juicio de los populares, justificaría que el acuerdo fuese diferente y no incluyera un ejecutivo de coalición.

Desde aquel primer encuentro cara a cara el 8 de junio, en el que participó el propio Moreno, los contactos entre los dos partidos se han sucedido, no solo presenciales sino, sobre todo, telefónicos y mediante el intercambio de documentos.

Todo ello desde la máxima de evitar cualquier tipo de filtración y a partir de un primer pacto en el que las dos formaciones estaban de acuerdo, la discreción, como ayer se encargó de recordar la portavoz del Gobierno andaluz en funciones y consejera de Hacienda en funciones, Carolina España.

Salvo excepciones, el silencio se ha impuesto alrededor de las negociaciones que llevan adelante Manuel Gavira y Montserrat Lluís por parte de Vox y Antonio Sanz, consejero de Sanidad y Presidencia en funciones, y Antonio Repullo, secretario general del PP andaluz. Hasta el punto de que en el PP se han negado a confirmar, incluso, los nombre de sus negociadores.

El blindaje del diálogo con los de Abascal no se circunscribe a la opinión pública y la prensa, también es una directriz que se aplica de puertas adentro, de manera que la información directa sobre la negociación apenas la manejan unas cuantas personas, además de los propios interlocutores con Vox.

Hasta tal punto llega la obsesión en el PP por mantener el secreto de lo que se habla con el partido de derecha extrema que los pocos contactos que hay con personas ajenas al diálogo se hacen siempre por teléfono, de viva voz, para que no queden rastros por escrito.

Sin embargo, algunas cuestiones sortean el muro levantado por los populares. Una de ellas es la previsión temporal con la que trabajan quienes negocian el acuerdo, que es tenerlo cerrado en cuestión de semanas de tal manera que se pueda convocar la sesión de investidura a mediados del mes de julio.

Solo así, el nuevo gobierno de Moreno tendría tiempo de poner en marcha la tramitación de los presupuestos de 2027 para poder aprobarlos antes de final de año. Así lo han hecho en la mayoría de las ocasiones (salvo cuando, precisamente por el desacuerdo con Vox, no pudieron aprobar una de las cuentas en la pasada legislatura) y no quieren que ésta sea una excepción.

Si la negociación sigue por buen camino y se pactan medidas concretas en la mayoría de las áreas, gran parte del trabajo para elaborar esos presupuestos estaría adelantado y ya con el respaldo garantizado de Vox.