Actualizado Miércoles, 24 junio 2026 - 22:38

Anticorrupción ha podido hacer en el caso Mediador lo que la fiscal general no permitió en el caso Koldo: aplicar a un investigado que estaba colaborando con la Justicia la atenuante muy cualificada que le permitiera eludir la prisión. Así se recoge en el escrito de acusación que la Fiscalía ha presentado en la investigación del caso Mediador, dirigida contra el ex diputado socialista canario Juan Bernardo Fuentes Curbelo, 'Tito Berni'. Pide para él ocho años de prisión por cohecho continuado y pertenencia a un grupo criminal.

La lista de 14 acusados incluye a ocho empresarios. Uno de ellos, Miguel Ángel Robayna García, decidió colaborar con los investigadores. El resultado es que por el cohecho y la falsedad documental se le solicitan solo 10 meses de prisión, cinco por cada uno. A otro empresario con esos mismos delitos se le reclaman cuatro años y medio, que de imponerse supondría el ingreso ineludible en prisión, sin posibilidad de suspensión.

«El encausado colaboró con la investigación aportando datos e información que contribuyeron al esclarecimiento de los hechos, siendo relevante y eficaz para la investigación, información que igualmente se comprobó veraz y que fue aportada de forma voluntaria», afirma el escrito de Jaime Serrano-Jover, ante el juzgado 4 de Santa Cruz de Tenerife. Serrano-Jover, que asumió el caso como delegado de Anticorrupción, ha tomado esta semana posesión de su nuevo cargo de fiscal superior de Canarias.

Dada la relevancia política del caso, el escrito de acusación fue presentado ante la Secretaría Técnica de la Fiscalía General. A diferencia del caso de Aldama, esta vez la atenuante que permitía bajar en dos grados la pena no se tuvo que retirar. En el caso de Aldama, Peramato vetó que la rebaja pudiera librarle de prisión. El fiscal jefe Alejandro Luzón sí lo defendió oralmente en su informe y el Supremo acogió sus argumentos.

Como en el caso de Aldama, el empresario beneficiado empezó a colaborar cuando ya había estallado el caso Mediador, por lo que la atenuante de confesión -prevista para quien da el paso antes de conocerse los hechos- se aplica por analogía. Su perfil no es central en la trama corrupta, como sí lo era Aldama en el caso Koldo.

Por otra parte, el empresario del caso Mediador no aportó a la Policía información novedosa que permitiera detectar delitos hasta entonces desconocidos, algo que sí sucedió en el caso de Aldama. En el caso Mediador, sirvió para reforzar lo que ya había. En los dispositivos que aportó «se revelaron conversaciones, mensajes y otros elementos de prueba que permitieron conocer a la unidad investigadora indicios de entidad suficiente para reforzar el caudal probatorio que ya existía en la investigación y que confirmaban la comisión de los hechos investigados».

Además de a Tito Berni, el fiscal acusa su sobrino, Taishet, que le sucedió en el cargo de director general de Ganadería de Canarias cuando él dio el salto al Congreso. Para el sobrino se piden 11 años de cárcel, porque se le añade el delito de estafa. La pena más elevada es para quien ejercía de mediador con los empresarios contactados, Marco Antonio Navarro Tacoronte: un total de 13 años.

El Ministerio Público sostiene que, desde 2021, el ex diputado, su sobrino y el Mediador «idearon un plan criminal en virtud del cual, previa concertación entre ellos y con una distribución de funciones definida, proponían a empresarios del sector agrícola, ganadero y de las energías renovables, tanto a nivel nacional como autonómico y a cambio del pago de regalos, dádivas y comisiones, importantes negocios en el sector privado, así como contratos, percepción de subvenciones y otros ilícitos beneficios en el ámbito público».

La acusación se extiende al general jubilado de la Guardia CivilFrancisco Espinosa Navas, para el que se piden dos años por colaborar con la trama. Servía para dar una apariencia de seriedad a los crédulos empresarios, a los que paseó por la Direccióngeneral como Tito Berni los llevaba al Congreso.

La lista de acusados incluye a dos cargos públicos para los que se piden altas penas de inhabilitación, aunque no de prisión. Se trata de Álvaro de la Bárcena, que ejercía como viceconsejero del Sector Primario del Gobierno de Canarias, y de Estefanía Margarita González, jefa de Servicio de la Dirección Técnica del Organismo Pagador.

Conforme al relato fiscal, como requisito casi obligatorio los acusados reclamaban a los empresarios una mordida inicial de 5.000 euros camuflada como patrocinio a una la asociación deportiva del entonces diputado. Los ingresos llegaban a cuentas controladas por el mediador, que se encargaba del reparto. Parte del dinero se destinaban a sufragar gastos como cenas, billetes de avión, estancias en hoteles y servicios de prostitución.