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El pleno del Congreso ha dado luz verde, a falta de la votación, a tramitar una reforma de la Ley de Propiedad Horizontal, propuesta por el PP, para que las reuniones de las juntas de vecinos o comunidades de propietarios de un bloque de viviendas se puedan desarrollar de manera telemática, como se hizo de forma temporal durante la pandemia.
La iniciativa, cuya toma en consideración saldrá previsiblemente adelante sin ningún voto en contra, busca modernizar la propiedad horizontal y permite también que el secretario de la comunidad pueda hacer citaciones y notificaciones a los propietarios mediante correo electrónico, no solo por correo ordinario.
Otra de las novedades que supone es que el libro de actas pueda llevarse en soporte y formato electrónico y no exclusivamente en soporte papel.
La modificación propuesta por el PP permite celebrar juntas telemáticas respetando siempre el carácter mixto, algo que en 2021 ya estuvo en vigor con motivo de la pandemia de covid.
A ese respecto, el diputado del PP Javier Noriega ha abogado por garantizar los derechos de aquellos "propietarios de edad avanzada que tienen dificultad con las nuevas tecnologías".
Además, el debate ha desembocado en una nueva discusión sobre el problema de la vivienda en España, durante la cual Noriega ha recordado que, desde que gobierna Pedro Sánchez, éste ha pasado de ser el problema 16 a ser el primer problema de los españoles.
Tras defender que, con un déficit de 100.000 viviendas al año, solo el aumento de la oferta provocará una bajada de precios, el representante del PP ha lamentado que las políticas del Ejecutivo vayan en la "dirección contraria" y ha desgranado las 30 medidas del plan integral de vivienda que propugna su partido.
El diputado del PNV Mikel Legarda ha explicado que su grupo votará a favor, pero ha advertido de que el texto "no debe ver la luz en el BOE tal y como se encuentra".
Según ha dicho, no ofrece garantías sobre las condiciones de las videoconferencias, algo que, en su opinión, sí estaba asegurado en el decreto vigente durante la pandemia, que posibilitaba también la participación en las reuniones a través de "llamadas telefónicas múltiples".
Legarda ha señalado que existe una "experiencia muy limitada para sostener que todas las comunidades de vecinos, que agrupan a dieciocho millones de viviendas en España, están preparadas para votaciones y asistencias telemáticas".
La parlamentaria de Junts Marta Madrenas ha avanzado que su grupo no apoyará esta tramitación, no solo porque el Código Civil catalán ya permite las juntas telemáticas, sino porque la propuesta del PP no está "pensada para abordar problemas muy graves que tienen las comunidades de propietarios, como la morosidad cronificada".
En nombre de ERC, Etna Estrems ha criticado la escasa enjundia de la iniciativa mientras que en Barcelona el fondo holandés New Amsterdam "compra edificios enteros y expulsa a vecinos de sus casas, como ha hecho con Olalla y sus tres hijos", ha denunciado en alusión a un reciente desahucio.
También Gerardo Pisarello (Sumar) ha culpado a los "rentistas que compran viviendas para especular" del problema y ha aludido a la multitudinaria manifestación celebrada el pasado domingo en Madrid en defensa del derecho a una vivienda y contra la crisis habitacional. Grotesco para Vox
La representante de Vox Carina Mejías ha calificado de "grotesco" que el PP "no tenga nada mejor ni de más calado político" que presentar ante el pleno del Congreso.
"Este es el nivel", ha lamentado Mejías, en alusión a un PP "destinado a suministrar titulares menores mientras España se hunde".
Los socialistas, que ya apoyaron la toma en consideración de esta propuesta en el Senado (donde se aprobó por unanimidad en febrero de 2025), previsiblemente la respaldarán también hoy en el Congreso, a pesar de que consideran que "no aporta nada nuevo" respecto al "cambio más ambicioso" que está impulsando el Gobierno a través de otra ley.
No obstante, Jesús Mayoral ha subrayado que el PSOE "apoya todos los instrumentos que puedan ser útiles a la ciudadanía" y ha aprovechado para reivindicar el recién aprobado Plan Estatal de Vivienda (2026-2030) con el aval unánime de las comunidades autónomas.
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