José Luis Rodríguez Zapatero está afectado por la imputación de sus hijas. No es un escenario que le coja por sorpresa, ni mucho menos, pero no por ello le resulta menos «doloroso». Fuentes de su entorno reconocen que este desenlace ya «se preveía» y que tanto él como su abogado «venían trabajando sobre ese escenario».

El juez de la Audiencia NacionalJosé Luis Calama ha acordado imputar en el caso Plus Ultra no sólo a Alba y Laura Rodríguez Espinosa, sino, también, a la secretaria del ex presidente, Gertrudis Alcázar, a petición de la Fiscalía Anticorrupción. También lo había reclamado con anterioridad la acusación popular. El auto no precisa los delitos concretos que se atribuyen a las hijas y a la secretaria, ni las fechas de comparecencia. Pero en el último mes, el ex presidente ya había transmitido a sus políticos más cercanos que le preocupaba, «y mucho», que el juez Calama citase como investigadas a sus hijas.

De hecho, desde el entorno del ex presidente se ha deslizado otra variable no menor. Y es la del temor real a que el dueño de Análisis Relevante, Julio Martínez Martínez, adopte una estrategia jurídica inspirada, siquiera lejanamente, en la del comisionista Víctor de Aldama. Es decir, colaborar con la Justicia y cargar las tintas sobre Zapatero a cambio de la promesa de una mejora de su situación procesal: «Él es el eslabón débil», apuntan en su entorno.

Si Martínez empeora la situación de Zapatero para mejorar la suya, entonces el ex presidente se enfrentaría a «un dilema», apuntaron hace dos semanas en su entorno. ¿Cuál? «Priorizar a sus hijas o a Sánchez». Y, según responde un político muy cercano a Zapatero, ahí no tendría dudas, Alba y Laura, imputadas también, desde ayer, en el caso Plus Ultra.

El juez, al imputar a las hijas del ex presidente, acepta la solicitud presentada el martes por la Fiscalía Anticorrupción, que consideraba necesario tomar declaración a tanto a ellas como a la secretaria de Zapatero, en calidad de investigadas todas. Aunque el auto no precisa los delitos concretos para ellas tres, su padre y jefe está investigado, principalmente, por tráfico de influencias y blanqueo.

Calama, eso sí, recuerda que Laura y Alba son administradoras formales de Whathefav, una sociedad «instrumental», según los investigadores, destinada a recibir los fondos pagados a Zapatero por sus gestiones para que se concediera el rescate de 53 millones a la aerolínea. Esta circunstancia «determina, por sí mismo, la procedencia de su citación en calidad de investigadas».

«La investigación atribuye a dicha sociedad un papel instrumental en la canalización, ocultación o facilitación de operaciones relevantes para los hechos objeto del procedimiento, y esa mera constatación objetiva sitúa a sus administradoras en el círculo de personas potencialmente afectadas por la imputación, en cuanto titular de la representación orgánica y responsable de la dirección jurídica de la entidad».

El magistrado indica que la alternativa de llamarlas a declarar como testigos «les impondría el deber de decir verdad y la prohibición de reservarse información, comprometiendo de forma irreversible su derecho a no declarar contra sí mismas y a no confesarse culpables». Así, la citación como investigadas «no solo es jurídicamente posible, sino necesaria para preservar sus derechos».

En cuanto a la secretaria del ex presidente, Gertrudis Alcázar, el magistrado indica que la actividad que se le atribuye en el auto en el que dictó la imputación de Zapatero justifican su nueva situación. El magistrado, conforme a los informes de la Udef, la situaba en un tercer nivel de la trama, ejecutando las indicaciones del ex presidente, «como una pieza operativa esencial dentro de la red organizada», «recibiendo instrucciones directas para articular la apariencia documental de los pagos recibidos y emitidos» por la trama.

En la misma resolución, el juez rechaza el resto de diligencias propuestas por la acusación popular unificada y la defensa de Zapatero.

El ex presidente del Gobierno había solicitado al juez que ampliara la solicitud de cooperación a Estados Unidos para incluir determinada información y documentación referida a la incautación teléfono de un empresario investigado, en el que se hallaron mensajes comprometedores para el ex presidente.

Calama rechaza igualmente peticiones de la acusación popular como citar como investigados al exministro de Transportes José Luis Ábalos, a su asesor Koldo García y a un cargo de la Sepi que contactó con la trama. También se rechaza la medida cautelar solicitada por esta acusación en la que pedía la imposición a Plus Ultra de una fianza por el importe de la deuda impagada. El juez aclara que esta investigación no se centra en el procedimiento de concesión de la ayuda pública a Plus Ultra ni, en términos generales, la regularidad del funcionamiento del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, sino las conductas concretas que pudieron influir en la concesión de dicha ayuda en cuanto pudieran ser constitutivas de tráfico de influencias.