Son presuntos criminales en Venezuela, que ha solicitado su extradici�n para que sean juzgados en su pa�s, algunos por delitos de sangre, pero Espa�a, aunque la Audiencia Nacional haya concedido la extradici�n, les protege desde hace a�os primero como refugiados pol�ticos y despu�s por "razones humanitarias".

Sus casos aprovechan los agujeros legislativos espa�oles, cuya normativa no distingue a la hora de acoger: aunque Venezuela les reclama para juzgarles y la Fiscal�a de la Audiencia Nacional ha tramitado sus extradiciones, las leyes migratorias espa�olas han abortado el proceso y les permiten acogerse temporalmente, en suelo espa�ol, a la protecci�n dise�ada para perseguidos pol�ticos, y a razones humanitarias.

Despu�s, se quedan en Espa�a de una forma u otra. La Audiencia Nacional termina decidiendo sobre si tienen derecho al asilo o no, pero entonces, seg�n fuentes judiciales, ya es tarde. Si se les concede, acaban residiendo en Espa�a legalmente. Si no se les concede, seg�n estas mismas fuentes, se convierten en residentes ilegales, al no ser localizados habitualmente. Consiguen ganar el tiempo necesario utilizando espuriamente la normativa de asilo.

EL MUNDO ha documentado, en pleno debate sobre las pol�ticas migratorias espa�olas, ocho casos de ciudadanos venezolanos protegidos en Espa�a durante a�os como asilados cuando en realidad su pa�s les reclama como criminales o delincuentes.

En ning�n caso son v�ctimas de persecuci�n pol�tica, tal y como este diario ha contrastado tanto con fuentes solventes del exilio venezolano en Espa�a, como con fuentes de la Fiscal�a de la Audiencia Nacional. Se trata, para Venezuela -y tambi�n para la Justicia espa�ola, que es quien debe aprobar o no el regreso a su pa�s-, de simples delincuentes y criminales, que al final se las arreglan para permanecer legalmente en suelo espa�ol.

Entre los ocho casos, una mujer reclamada por asesinato, un presunto violador acusado tambi�n de robo, y tres personas buscadas por estafas y malversaciones. Tres de estos ocho presuntos delincuentes est�n, tras acogerse al asilo y luego a la protecci�n humanitaria, en busca y captura en suelo espa�ol, uno de ellos con la extradici�n ya concedida.

Medios venezolanos, o bien del pa�s o bien del exilio, se han hecho eco de los delitos de varias de estas ocho personas. El caso m�s llamativo es el de Elis Margarita V.S., detenida en Madrid hace ahora algo m�s de tres a�os, en marzo de 2023. La polic�a venezolana la involucra en el secuestro y asesinato, en 2020 en el estado de Carabobo, de un empresario cuyo cuerpo fue hallado en una carretera a las pocas horas de desaparecer.

Seg�n la acusaci�n, la mujer es integrante del grupo que ejecut� el crimen, de m�vil econ�mico y orquestado por el hermano de la v�ctima, y logr� escapar a Espa�a despu�s de que las autoridades detuvieran a otras cinco personas.

Espa�a, al igual que en otros casos, ha accedido a la extradici�n solicitada por Venezuela. Pero las leyes migratorias se han interpuesto: la mujer, presumiblemente aleccionada por su defensa legal, ha pedido asilo, y dicha solicitud paraliza temporalmente el resto de procedimientos. Tres a�os lleva en Espa�a, sin visos de que vaya a ser devuelta.

Mois�s Ricardo B.L. fue detenido en Caracas en 2009, despu�s de que una mujer le acusara de violaci�n y robo agravado. El hombre, presuntamente, abord� a su v�ctima cuando ella bajaba de su coche, y a punta de pistola la llev� a una zona apartada. All� pregunt� a la mujer si prefer�a "por las buenas o las malas", antes de violarla. La dej� tirada en una carretera, y la encontraron unos vecinos de la zona.

Tras su detenci�n y despu�s de un tiempo en prisi�n mientras avanzaba el procedimiento en su contra, B.L. qued� en libertad a la espera de juicio. Se le perdi� la pista. Venezuela emiti� en 2013 y 2019 dos �rdenes de busca y captura sin �xito. En 2020, ante la sospecha de su huida, fue incluido en una base internacional de agresores sexuales, el Sistema de Notificaci�n de Alerta Roja Internacional.

Cuatro a�os m�s tarde, en enero de 2023, fue detenido en Madrid, y la Audiencia Nacional dict� auto de extradici�n el 22 de septiembre de ese mismo a�o: Venezuela asumi� ante "el Reino de Espa�a" el "firme compromiso" de juzgarle "con las debidas garant�as constitucionales y procesales". Pero el proceso se detuvo, y as� sigue, por su solicitud de asilo. El hombre lleva tres a�os en Espa�a y no hay horizonte de salida.

La mayor�a de venezolanos que emigra a Espa�a opta por el asilo pol�tico como forma de establecerse, pero la mayor parte de solicitudes son, a la larga, rechazadas. No vale s�lo con invocar la ausencia de garant�as legales en el pa�s de origen: la persona debe ser perseguida por su raza, su religi�n, sus ideas, su g�nero, su orientaci�n sexual, etc�tera.

La misma ley que regula el asilo, la 12/2009, establece un estatus llamado protecci�n subsidiaria, para los casos en que no existe esa persecuci�n personal, pero s� una situaci�n en el pa�s que pone en peligro su vida. Tampoco esto les ha valido a los venezolanos hasta ahora, pero s� por ejemplo a los sirios durante la guerra en su suelo.

Ante la avalancha de venezolanos que emigraban a Espa�a y la imposibilidad de acogerles legalmente, en febrero de 2019 la Comisi�n Interministerial de Asilo y Refugio, adscrita al Ministerio de Interior, invent� un remedio: propuso conceder una autorizaci�n temporal de residencia por "razones humanitarias de protecci�n internacional" para todos los solicitantes de asilo venezolanos.

Para establecerlo, Interior emiti� una nota el 5 de marzo de ese a�o, con base en una ley org�nica de tiempos de Aznar, la 4/2000, "sobre derechos y libertades de los extranjeros en Espa�a y su integraci�n social", que faculta al Ministerio a abrir la puerta "por razones de protecci�n internacional".

As�, se estableci� una suerte de ‘pasarela’ que da estatus oficioso de refugiado pol�tico a solicitantes de asilo venezolanos como estos ocho casos reclamados por el pa�s caribe�o: de ah� se les pasa autom�ticamente a protegidos por "razones humanitarias". Este �ltimo estatus se concede con duraci�n de un a�o, pero de facto se renueva siempre que se solicite con car�cter previo a su expiraci�n.

Entre los ocho casos est� tambi�n el de Antonio Carmelo G.O., acusado de estafa en Venezuela tras enga�ar a dos personas con una inversi�n econ�mica fantasma, y que tras viajar a Espa�a y regularizar su situaci�n pidiendo asilo -lo cual detuvo el proceso de extradici�n solicitado por el pa�s latinoamericano-, se encuentra ahora en busca y captura.

Tambi�n el de Mervi Maril� B.P., perseguida en Venezuela por tr�fico de drogas, a lo que la Audiencia Nacional ha dado suficiente cr�dito como para conceder en 2025 la extradici�n... Suspendida por la solicitud de asilo consiguiente.

El caso de Andrys Guillermo S.P. es particular, por haber participado presuntamente en una sonada estafa y malversaci�n de caudales p�blicos en el Banco Nacional de Vivienda y H�bitat venezolano, en la que hasta 1,3 millones de d�lares fueron derivados indebidamente. Fue detenido en Espa�a en abril de 2024, se le concedi� a Venezuela su extradici�n cinco meses despu�s, pero el procedimiento de asilo solicitado la paraliz�.

Igualmente acusado de estafa en Venezuela se encuentra Jonatan Smit S.A., detenido en 2013 con una maleta con cerca de 80.000 d�lares, presuntamente de una estafa, y cuya extradici�n fue concedida pocos meses despu�s de su detenci�n en Espa�a, en 2024. De nuevo, la solicitud de asilo se interpuso y desactiv� su regreso a Venezuela.

�C�mo se valoran estas situaciones desde el exilio venezolano en Espa�a? "Es cierto que es un tema muy espinoso", explica un abogado muy prominente en el colectivo de nacionales venezolanos presente en el pa�s, y que prefiere mantenerse en el anonimato. "En ninguno de los casos hemos encontrado elementos de persecuci�n por razones de expresi�n pol�tica, pero tambi�n es cierto que posiblemente existan violaciones de derechos fundamentales durante el desarrollo de los procesos en Venezuela, y potenciales riesgos de graves violaciones de DDHH en caso de retorno al pa�s, como un efecto sist�mico y estructural del sistema venezolano".