El presidente del tribunal, Fernando Andreu, ha recordado al letrado que solo los acusados pueden elegir la lengua en la que intervienen
El letrado expulsado se prepara a abandonar el juicio mientras su cliente se sienta ante el tribunal.
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La Sección Segunda de la Audiencia Nacional ha expulsado a un abogado que se negaba a intervenir en castellano en el juicio a 16 acusados de enaltecimiento del terrorismo. El presidente del tribunal, Fernando Andreu, le ha indicado en media docena de ocasiones que no podía intervenir en euskera, recordándo a Santiago González Arias que ese derecho corresponde exclusivamente a los acusados.
El letrado ha seguido en euskera, excepto para decir que existía en la Audiencia "un servicio de traducción". "¿Ah, ve cómo sabe castellano? Pues hábleme así", ha respondido Andreu, sin éxito. "No entiendo lo que está diciendo, así que no tiene la palabra. [...] Señor letrado, bajo los apercibimientos legales, por última vez le requiero para que se dirija al tribunal castellano".
El incidente ha concluido con un "retírese de la sala" y la designación de un nuevo letrado para su defendido.
En la vista oral se juzga a 16 acusados para los que el fiscal José Perals reclama penas que llegan hasta los dos años y medio de prisión, además de multa y largas inhabilitaciones. Todos ellos, según el Ministerio Público, participaron en el recibimiento de homenaje al etarra Ibai Aginaga -él mimsmo, uno de los acusados- que acababa de salir de prisión. Entre los acusados está José María Sagarduy, que ostentó el récord de etarra con más tiempo pasado en prisión. Otros siete acusados tienen antecedentes relacionados con terrorismo o kale borroka.
El acto tuvo lugar en la localidad de Berango (Vizcaya) en marzo de 2022, cuando la izquierda abertzale ya había acordado no celebrar actos públicos de bienvenida a etarras por el coste social que tenía y el desgaste que implicaba para el Gobierno central, al que EH Bildu apoya desde el inicio a cambio de propiciar la excarcelación de miembros de ETA.
Quienes impulsaron el ongi etorri de Aginaga en el frontón de la localidad fueron tres grupos "disidentes" de esa línea oficial de la izquierda abertzale, partidarios de mantener una línea más dura respecto a los presos y no aceptar la legalidad. Así lo han explicado en el juicio los miembros de las Fuerzas de Seguridad autores de los atestados e informes de la investigación.
El acto se celebró con medidas extremas de seguridad para evitar que acabara en el juicio que hoy se celebra. "El móvil en el bolsillo!! Viendo la realidad diaria y para no ayudar a los txakurras. Apaga el móvil! No grabes! No saques fotos! Y si le ves al de al lado, dilo!!!", se indicaba en octavillas repartidas a los asistentes en el control de acceso.
Además de la Fiscalía, ejercen la acusación Dignidad y Justicia, Vox y la Fundación Villacisneros. En cuanto a los acusados, ninguno ha querido declarar en el juicio, ni siquiera a sus defensas. La única diferencia entre ellos es que un bloque se limitaba a explicar que no tenía nada que declarar y otro respondía de manera concreta a las dos preguntas del presidente: si conocía los hechos por los que se le acusaba ("sí") y si reconocía los hechos ("no").
En el repaso a la investigación, el fiscal ha preguntado a la Guardia Civil por una entrevista del etarra homenajeado al poco de ese recibimiento. En ella, Aginaga se "ratifica en su disidencia y justifica los ogni etorris". "¿Y habla de la vuelta a la lucha armada, de una pequeña chispa que se pueda encender de nuevo?", ha preguntado el fiscal. "Sí, habla de la chispa, en referencia velada a la vuelta a la continuación de la lucha armada".
Para el homenajeado el fiscal pide dos años y nueve meses, y para otros cuatro acusados con antecedentes, dos años y medio. De imponerse esas penas, supondrían su ingreso efectivo en prisión. Al resto sin antecedentes -incluido el etarra Sagarduy, que los tiene cancelados- se le piden dos años, una cifra que da opción al tribunal a suspender la ejecución de la pena en caso de condena.