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«Está en el contrato». Así de parco en palabras respondió el ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero el miércoles de la semana pasada ante el magistrado de la Audiencia NacionalJosé Luis Calama, instructor del caso Plus Ultra, cuando eludió ofrecer explicación alguna sobre los trabajos que realizó para la empresa Focus Social Research, de la que cobró 200.000 euros a través de una sociedad pantalla, según asegura la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía.
Sin lugar a dudas, fue uno de los momentos más comprometidos del interrogatorio al que Calama sometió al ex líder del PSOE. El juez preguntó una y otra vez a Zapatero por los detalles de esos trabajos que el imputado sólo enmarcó como «asesoramiento». «Eso es muy poco para un instructor. Vamos a ver qué tipo de asesoramiento. Dígame exactamente qué tipo de asesoramiento y qué trabajos concretos hizo usted», insistió el magistrado de la Audiencia Nacional.
«Está en el contrato y no voy a profundizar más. Yo ni lo he preparado ni está en el auto [de imputación]», respondió Zapatero desconcertado quien, según informaron fuentes presentes en la declaración a EL MUNDO, en ese momento miró a su abogado, Víctor Moreno Catena, buscando auxilio.
Entonces, el juez le recordó que ese cobró sí figuraba en los atestados de la Udef que le fueron entregados en mano el día que se le comunicó su imputación como líder de una presunta organización criminal dedicada al tráfico de influencias a gran escala. Pese a ello, el magistrado no obtuvo respuesta alguna.
Cuando Calama formuló esa pregunta, no fue de forma inocente. La Udef ya trabajaba en el último informe que ha remitido a la Audiencia Nacional donde refuerza el papel de comisionista internacional del ex presidente Zapatero por ejercer, en esta ocasión, su influencia ante el Gobierno de Bolivia.
Agenda de Rodríguez Zapatero en uno de sus viajes a Bolivia incluida en la documentación incautada.E.M.
Para beneficiar a su cliente, el Grupo Gloria, un conglomerado de empresas con base en Perú, Zapatero se llegó a reunir en Bolivia el 15 de septiembre de 2024 -en un viaje al que fue acompañado por los hermanos Amaro Chacón- con el entonces presidente del país, Luis Alberto Arce, y el ministro de Economía de Bolivia, Marcelo Montenegro, según acredita el material incautado en los registros llevados a cabo el 19 de mayo.
En el nuevo atestado, la Policía detalla los múltiples contactos mantenidos por Zapatero con autoridades bolivianas -con un papel relevante de gestión de su secretaria Gertrudis Alcázar, imputada en esta causa de corrupción- mediante la existencia de una «dinámica de intermediación e influencias, orientadas a beneficiar los intereses del Grupo Gloria, todo ello mediando una contraprestación económica de 200.000 euros, empleando para justificar el pago un contrato simulado con una sociedad interpuesta».
Si bien el objetivo real del citado contrato era beneficiar al Grupo Gloria con distintas gestiones sobre los procesos judiciales que tenía abiertos en Bolivia -entre otros a una sociedad del grupo, Soboce, condenada a pagar unos 107 millones de dólares en un procedimiento judicial por competencia desleal-, el pago de los servicios prestados se llevó a cabo mediante un contrato con una sociedad pantalla.
El informe ha sido redactado a partir de las conversaciones intervenidas en el móvil de la secretaria de Zapatero así como en la documentación incautada en la oficina del ex presidente, que sita en la calle Ferraz, de Madrid. Entre las conversaciones analizadas de la secretaria fiel de Rodríguez Zapatero tienen especial relevancia, para gestionar el contrato, las mantenidas con Carmen Almendras Camargo, embajadora de Bolivia en España entre los años 2007 y 2015 y actual Senior Advisor de Kreab Bolivia S.A.
Por otro lado, el cobro de la comisión de los 200.000 euros se fracturó en cuatro pagos. Uno inicial, realizado en el año 2024, de 100.000 euros y otros dos de 50.000 euros hechos el año pasado.
Según el atestado policial, «el flujo de fondos detectado obedece al pago de lo acordado en un único contrato de prestación de servicios de asesoría, suscrito por José Luis Rodríguez Zapatero, como asesor, y Focus Social Research como cliente». La Udef subraya que «los servicios prestados» por el ex líder del PSOE «a cambio de los aludidos 200.000 euros», no guardaban relación con la mercantil Focus Social Research, ya que era empresa cuyo objeto social estaría orientada al marketing y que habría sido empleada como sociedad interpuesta.
«Las personas detrás de estos pagos a José Luis Rodríguez Zapatero formarían parte del conglomerado empresarial de origen peruano denominado Grupo Gloria. El objetivo pretendido era tratar de mediar o influir a favor de este grupo empresarial, en varios litigios millonarios mantenidos con la Administración Pública de Bolivia. Con esta finalidad, Rodríguez Zapatero se había reunido o contactado con altas esferas políticas de Bolivia, como son el propio presidente de la nación, los ministros de Economía y Justicia o el Procurador General del Estado», concluye la Policía.
Tras analizar una serie de documentación, la Udef afirma que «quedaría acreditado que Zapatero realizó gestiones para conseguir una reunión a directivos del Grupo Gloria con el ministro de Justicia de Bolivia».
En el atestado se recalcan «los indicios de la existencia de una organización criminal, liderada por José Luis Rodríguez Zapatero, que, aprovechando sus contactos y ascendencia pública internacional, se dedicaría al ejercicio de influencias de carácter ilícito en beneficio de distintos clientes».
Con este nuevo movimiento de fondos como comisionista internacional, la Udef refuerza los indicios hallados contra el ex presidente del Gobierno y sus influencias remuneradas «por los clientes de la organización criminal simulando servicios de asesoría no prestados» y «creando contratos ad hoc para justificar dichos pagos».
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