La medida se aplicará desde el 15 de junio, en desarrollo de lo previsto en la normativa vigente
Varios viajeros acceden al autobús urbano de Madrid.Elena Iribas
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A partir del lunes, la Comunidad de Madrid ha limitado la expedición de la Tarjeta de Transporte Público Personal (TTP, conocida como abono mensual, a aquellas personas que acrediten la condición de residente en un municipio de la región de Madrid o en alguno de los municipios integrados en las zonas tarifarias E1 y E2.
También se incluirá a los residentes de aquellos municipios previstos en el convenio suscrito con Castilla-La Mancha y Castilla León, ha precisado el Gobierno regional en un documento publicado este viernes en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM).
Según el BOCM, la medida se aplicará desde el 15 de junio, en desarrollo de lo previsto en la normativa vigente. Hasta el momento, el uso del conocido abono transportes no requería estar empadronado.
La relación de municipios incluidos en el uso de la tarjeta está disponible en la página web del consorcio, que ha detallado que aquellos usuarios que tengan en la actualidad la tarjeta o la tenga que renovar, y no estén empadronados, no podrán hacerlo. Es decir, tampoco podrán renovarla aquellos que la extravíen y la tengan que solicitar de nuevo.
Por su parte, respecto de Castilla y León, los títulos serán válidos en los municipios incluidos en los convenios vigentes suscritos con esa comunidad autónoma.
En el caso de los que sí lo estén, la condición de residente se acreditará mediante certificado de empadronamiento en la que refleje la residencia del solicitante en alguno de los municipios anteriores, el solicitante deberá aportarlo o autorizar su consulta.
Además, "con carácter excepcional" se mantendrá la posibilidad de expedición de la Tarjeta de Transporte Público Personal para los titulares de título acreditativo de familia numerosa.
Fuentes de la Consejería de Transportes han asegurado que la medida "no introduce ninguna novedad", sino que aplica lo que ya establece la Ley del Consorcio Regional de Transportes, que las bonificaciones financiadas con recursos públicos deben destinarse a los residentes de Madrid o de las comunidades con convenios.
Además, han precisado que su puesta en marcha se ha pospuesto por las limitaciones tecnológicas, la implantación progresiva del sistema y, posteriormente, por el impacto de la pandemia.
"Hoy, con el sistema plenamente consolidado, es el momento adecuado para aplicarla", han asegurado fuentes de Transportes, que han recordado que el 94 % de la financiación del transporte público recae sobre la Comunidad de Madrid y los ayuntamientos madrileños.
Por ello, "resulta lógico que estas ayudas beneficien prioritariamente a quienes las sostienen con sus impuestos".
Según sus previsiones, el impacto será "reducido", ya que afecta a un 3,4 % de los usuarios y no tendrá carácter retroactivo, quienes ya disponen del abono lo mantendrán en las condiciones actuales.
La medida, pensada para "garantizar una gestión responsable" y "proteger" los recursos autonómicos, preserva los convenios vigentes con Castilla-La Mancha y Castilla y León, mantiene alternativas de transporte subvencionadas para los no residentes y contempla excepciones como las familias numerosas, han defendido.