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La investigación de la Audiencia Nacional sobre el presunto entramado de corrupción en el área de organización del PSOE salpica al actual presidente de la Generalitat, Salvador Illa (PSC).
El juez instructor Santiago Pedraz ha ordenado a la UCO que requiera al PSOE toda la documentación relacionada con la campaña del PSC de 2024 para las elecciones al Parlament de Cataluña. Unos comicios celebrados el 12 de mayo y que permitieron a Illa alcanzar la presidencia de la Generalitat tras derrotar al hasta entonces jefe del Ejecutivo catalán, Pere Aragonès, de ERC.
En concreto, el magistrado de la Audiencia Nacional reclama toda la documentación interna y contable relativa a estos comicios, celebrados hace dos años y que terminaron dando la victoria y la vuelta al poder a los socialistas en Cataluña tras el procés.
La petición formal incluye los papeles presentados ante la Sindicatura de Cuentas de Cataluña y el Tribunal de Cuentas sobre contratos, facturas, gastos de propaganda, publicidad y servicios electorales durante el período oficial de campaña, comprendido entre el 26 de abril y el 10 de mayo.
La petición está recogida en la interlocutoria del juez que ha posibilitado que la UCO haya entrado hoy en sede de la calle Ferraz y otros inmuebles relacionados con el partido y la supuesta trama corrupta sobre las cloacas del PSOE.
En un comunicado difundido esta misma tarde al saltar la noticia, el PSC se ha defendido alegando que "ha respetado en todo momento la legislación electoral" y que ha actuado "con total transparencia", depositando la documentación de la última y mencionada campaña electoral al Parlament en la Sindicatura de Cuentas. Además, sostiene que ha recopilado toda esa información para que sea puesta a disposición judicial y ha prometido que colaborará con las autoridades judiciales "en todo lo que sea necesario".
No obstante, las explicaciones de los socialistas no parecen convencer por ahora a la oposición. El líder de Vox en el Parlament, Ignacio Garriga, ha reclamado a Illa conocer "quién pagó la campaña electoral del PSC en 2024". "¿Alguna empresa china o algún miembro de la trama criminal de Zapatero y Sánchez?", se ha preguntado.
Por su parte, el líder del PP en Cataluña, Alejandro Fernández, ha recordado que fue el primero en "denunciar las amistades peligrosas de Illa", cuando el pasado mes de julio solicitó al president socialista si ya había descubierto quién era 'Chili', una persona supuestamente involucrada en la trama del caso Koldo, y que presuntamente habría interlocutado con Illa durante su etapa al frente del Ministerio de Sanidad.
El jefe del Ejecutivo catalán respondió que no, pero Fernández rebatió que "se trata de Xiaojuan Li, ciudadana china, hoy supuestamente en búsqueda y captura, y que le endosó al Ministerio de Sanidad" que dirigía Illa 361 millones de euros en mascarillas defectuosas, en sus palabras, y le volvió a exigir explicaciones y que no oculte información de forma deliberada, si la conoce.
Ya antes de que se conociera la reclamación de la Audiencia Nacional sobre los gastos electorales del PSC, la oposición había empezado a cercar a Illa, reclamándole conocer si su acercamiento a China, a través de la contratación millonaria de la teleoperadora Huawei para servicios informáticos de la Generalitat, guarda alguna relación con la trama de Zapatero.
Junts ha registrado este miércoles una petición formal para que Illa comparezca en el Parlament con el fin de aclarar cómo se gestaron esos vínculos con empresas chinas, después de las informaciones que apuntan que el ex presidente del Gobierno habría recibido 2,6 millones de euros en 174 transferencias procedentes de diversas corporaciones, algunas de ellas vinculadas al gigante asiático.
En su petición de comparecencia, los neoconvergentes subrayan que en octubre de 2025 la Generalitat formalizó un contrato de 127 millones con Huawei para el despliegue y gestión de fibra óptica para conectar más de 5.000 edificios públicos en Cataluña como hospitales y comisarías, obviando las advertencias de la Unión Europea sobre los riesgos de seguridad de dejar en manos de empresas chinas las telecomunicaciones de equipamientos críticos.
Huawei gestiona los datos personales de los ciudadanos catalanes que figuran en 78 comisarías de los Mossos d'Esquadra, 100 sedes judiciales, 180 parques de bomberos y centros de emergencias, 821 recintos hospitalarios y 2.381 centros educativos. Por esa razón, el PP, a través de su portavoz en el Parlament, Juan Fernández, ha sostenido que "Illa debería ser el primer interesado en mostrar transparencia en este asunto, más ahora que están saliendo a la luz las presuntas conexiones del expresidente Zapatero con el régimen comunista chino". "Los catalanes necesitan conocer si sus datos personales han quedado comprometidos", ha añadido.
Ya en marzo, los populares registraron una pregunta parlamentaria efectuada por su diputado Hugo Manchón en la que pedían al Govern aclarar "si el ex presidente Zapatero ha ejercido algún papel de representación o intermediación entre algún licitador y la Administración de la Generalitat con relación a la implementación" del contrato suscrito con Huawei. El Ejecutivo catalán todavía no la ha respondido.
El pasado mes de julio, Illa se reunió con directivos de la empresa de telecomunicaciones china durante un viaje institucional al país asiático. Lo hizo después de que Europa lanzara su advertencia de seguridad sobre la compañía. En ese periplo, el socialista también anunció la apertura de una nueva delegación de la Generalitat en el país presidido por Xi Jinping.
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