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La tensión institucional en el Congreso de los Diputados ha escalado significativamente tras la decisión de la Mesa de vetar la tramitación de una enmienda del Partido Popular que instaba al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a convocar elecciones anticipadas. Ante lo que consideran un atropello directo a los derechos parlamentarios, el PP ha anunciado que recurrirá esta medida ante el Tribunal Constitucional, alegando que es "inconstitucional" impedir que la Cámara vote una moción que, aunque carecía de efectos legislativos, poseía una carga simbólica fundamental para la soberanía nacional.
El detonante de esta batalla legal fue el rechazo, por parte de la mayoría que forman PSOE y Sumar en la Mesa, a las enmiendas registradas el pasado martes por Ester Muñoz (PP) y Miriam Nogueras (Junts). El bloque oficialista argumentó que estas iniciativas "invaden competencias constitucionalmente reservadas a la Presidencia", pues solo Sánchez tiene la potestad de disolver las Cortes según la Carta Magna. Sin embargo, la oposición defiende con firmeza que su texto no pretendía ejecutar dicha facultad, sino simplemente solicitarla, un matiz que la Mesa ya habría aceptado en al menos diez ocasiones anteriores durante la presente legislatura.
Desde el PP, el diagnóstico de la situación es contundente: el veto es un acto de "arbitrariedad" motivado exclusivamente por el temor a una derrota parlamentaria pública. Se estima que una votación sobre este asunto habría arrojado una mayoría de 177 votos a favor —sumando los apoyos de PP, Vox y Junts—, lo que habría escenificado que la mayoría de los representantes de los españoles desea la apertura de las urnas. Alberto Núñez Feijóo ha tildado la maniobra de "antidemocrática", asegurando que el presidente Sánchez intenta evitar tanto el voto ciudadano como el debate en el Parlamento.
La portavoz Ester Muñoz ha calificado la decisión de la Mesa como el "recurso del cobarde" y del "autoritario", advirtiendo que la democracia se debilita cuando se amordaza a los representantes de los ciudadanos. Mientras tanto, Junts se ha visto imposibilitado de presentar su propio recurso al no contar con los 50 diputados exigidos por ley, dejando la resolución de este conflicto institucional en manos del recurso que el PP interpondrá hoy mismo ante el Alto Tribunal.