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El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha anunciado este martes que la Dirección General de Ejecución Penal y Reinserción Social ha emitido una instrucción oficial para que los centros penitenciarios informen a la población reclusa extranjera sobre el proceso de regularización extraordinaria recientemente aprobado. Esta medida administrativa, que da cumplimiento al Real Decreto 316/2026 del pasado 14 de abril, tiene como objetivo asegurar que los internos en situación irregular conozcan sus derechos y los trámites necesarios para acceder a la residencia legal.
Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Marlaska destacó que las instituciones dependientes de su departamento ya están trabajando para difundir esta información a través de tablones de anuncios, bibliotecas y escuelas dentro de los recintos carcelarios. Para facilitar este proceso, se ha designado a un profesional del equipo técnico en cada prisión como punto de referencia para los interesados. Además, los centros deberán garantizar el apoyo lingüístico necesario y entregar a la mayor brevedad cualquier copia de la documentación que la administración penitenciaria tenga en su poder sobre el solicitante.
No obstante, el ministro ha sido tajante al señalar que el proceso es extremadamente riguroso en cuanto a la seguridad. El requisito "imprescindible" para ser susceptible de regularización es carecer de antecedentes penales. Esto implica que ningún preso condenado, ni aquellas personas que hayan cumplido su pena pero mantengan antecedentes vivos, podrán acogerse al proceso. Incluso los presos preventivos quedarán excluidos si cuentan con antecedentes por condenas previas.
Para quienes no tengan historial delictivo, la Policía Nacional elaborará informes específicos para valorar si el individuo representa un riesgo para la seguridad nacional, la seguridad pública o el orden público. Marlaska se mostró "muy seguro y convencido" de que estos informes serán "absolutamente procedentes y oportunos", ya que resultan una pieza sustancial para determinar el derecho a la residencia. Finalmente, Interior ha ordenado que se registren todas las solicitudes en los expedientes personales, asegurando que todas las autoridades implicadas cumplirán con sus obligaciones recogidas en la normativa vigente.