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Llegó el día. Justo dos años después de que la jueza Beatriz Biedma (a la que la cloaca socialista quiso destruir su reputación durante la instrucción) comenzara la investigación, da comienzo el juicio oral del caso del hermanísimo. David Sánchez Pérez-Castejón y otros diez procesados (entre ellos el ex líder del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo y otros altos cargos de la institución) se sentarán en el banquillo acusados de presunta prevaricación y tráfico de influencias en la obtención de la plaza de alto cargo en la Diputación de Badajoz en el año 2017, cuando el músico madrileño se encontraba en el paro, vivía en San Petersburgo (Rusia) y jamás había estado en tierras extremeñas. Al artista, las acusaciones le solicitan tres años de prisión, otros doce de inhabilitación y diversas multas por aceptación de nombramiento ilegal. Además, le piden como responsabilidad civil la devolución de todos los salarios percibidos de la Diputación más los intereses.
El recorrido judicial hasta llegar a la apertura de juicio oral no ha sido fácil. La causa ha estado en varias ocasiones a punto de quedar obstruida. Fueron múltiples los ataques públicos -además de diferentes presiones- que recibió la magistrada andaluza durante la investigación y que motivó que todas las asociaciones al unísono salieran en defensa de la magistrada. También se supo -como ha venido publicado EL MUNDO- que la fontanera Leire Díez había contactado en Badajoz con un ex juez expulsado de la carrera profesional por una sentencia en su contra por violencia de género, Luis José Sáenz de Tejada, y con el ex presidente del C.D Badajoz, Joaquín Parra, dueño de gasolineras, encausado por el fraude millonarios de hidrocarburos.
Por si quedaran dudas, esas informaciones se corroboraron ayer con el auto del juez Pedraz, que alude a las propias palabras de la fontanera -en conversaciones intervenidas- y en las que habla de que el objetivo era «destruir el procedimiento». Para ello, se «dirigieron sucesivas denuncias infundadas contra la magistrada encargada de la Instrucción de la causa en la que está imputado D. David Sánchez Castejón (hermano del presidente del Gobierno...). Y así fue, el ex juez, ahora abogado, entre otras cuestiones, quiso personarse en la causa para derribarla, además de montar una campaña contra ella en redes sociales acusándola constantemente de «corrupción». Y aparecerán más cosas, en breve.
Sin embargo, todo sigue en pie. Ya no estará Biedma, pero se sentarán en la Audiencia de Badajoz tres magistrados -José Antonio Patrocinio Pérez, Dolores Fernández y Emilio Serrano, ponente-, aunque varias defensas de los encausados (entre ellos las de David Sánchez) quisieron recursarlos por haber avalado los autos previos de instrucción. Serán 42 testigos, nueve acusaciones populares y están previstas seis sesiones.
El otro gran señalado del proceso es Miguel Ángel Gallardo, presidente de la Diputación de Badajoz entre los años 2015 y 2025, y ex líder del PSOE de Extremadura hasta las elecciones de diciembre del pasado año donde alcanzó los peores resultados de la historia. Su gestión de la imputación en el caso, incluido su aforamiento exprés, terminó con su carrera política. Las acusaciones piden también para él tres años de prisión con multas del doble del beneficio obtenido por David Sánchez y Luis Carrero (el ex asesor de Moncloa que termino de ayudante del músico en la institución pacense y también procesado en la causa, y de la que a su vez deberá de responder por ello el músico.
Hay varios testigos claves. Una de las once aspirantes, Cristina Frutos, directora de orquesta, quien relató en sede judicial que la entrevista personal, que era requisito imprescindible para el baremo de la plaza, apenas existió porque ni le realizaron preguntas los altos cargos de la Diputación. «Vi cómo no estaban muy atentos, no prestaban atención», por lo que «insistí en que podían preguntarme, pero la contestación fue: "Se puede marchar"». La aspirante ratificó ante la jueza que el director del Conservatorio de Plasencia, Antonio Luis Suárez Moreno, le había avisado con anterioridad a la celebración del concurso de que la plaza «estaba dada de antemano» a Sánchez. Otro testimonio será el de Yolanda Sánchez, directora del Conservatorio, que dijo ante Biedma que recibió la orden de contratación de David Sánchez de su superiora, Elisa Moriano, directora del Área de Cultura entre los años 2016 y 2017 «siendo consciente de su ilegalidad», según el auto de procesamiento.
Aunque Biedma considera que la participación de Gallardo es clave en el supuesto entramado para asignar la plaza de coordinador a David Sánchez, también en sus autos recoge la convicción de que existe una persona 'X' y apunta a Pedro Sánchez «por pura lógica».
Lo escribió el 22 de mayo del año pasado en su auto de procesamiento: «Que la decisión de creación del puesto lo fue, a petición seguramente, de persona o personas de su entorno o relacionadas con el mismo que conocían dicha necesidad». En este sentido, el ex portavoz del PSOE de Badajoz y actual diputado de Cultura de la Diputación de Badajoz, Ricardo Cabezas (que está procesado en la causa), señaló el último día de las declaraciones testificales que el propio Pedro Sánchez le transmitió en aquellas fechas (mayo de 2017) tras un mitin de en la capital pacense que su hermano era músico (entonces en paro). En su escrito, la jueza Beatriz Biedma insiste en la búsqueda de la 'X' del caso y abre la posibilidad de que se pueda descubrir durante el desarrollo del juicio oral.
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