El juez Pedraz considera que investigó a agentes estimulada por los miembros de la trama de Leire Díez con intención de amedrentarlos
Mercedes González, entonces delegada del Gobierno en Madrid y ahora directora gral. de la Guardia Civil, y Pedro Sánchez en 2023.E. P.
Actualizado
El recelo hacia Mercedes González en la Guardia Civil ha sido notorio desde que Pedro Sánchez la colocó en la Dirección General del Cuerpo. Su sorpresiva llegada en septiembre de 2024 -compatibilizó el cargo cinco meses con la Secretaría General del PSOE de Madrid- fue algo que la plantilla y, muy especialmente, los mandos uniformados no pasaron por alto. Percibieron este hecho como muy ilustrativo del interés del Gobierno en «manejar» al Instituto Armado, especialmente la Unidad Central Operativa (UCO).
Un año y medio después de su aterrizaje, el juez Santiago Pedraz se ha detenido en González a través de una primera aproximación a sus pesquisas sobre la trama dirigida desde el corazón del PSOE para desactivar investigaciones judiciales y policiales por corrupción que afectaban al entorno más íntimo del presidente del Gobierno. El magistrado la aproxima a las cloacas del PSOE y considera que investigó a agentes estimulada por los miembros de la organización delictiva que, entre otros, campos intentó enraizarse en la Guardia Civil. La intención habría sido la de amedrentarlos y despertar desconfianza hacia ellos. Se trata de una pieza secreta del denominado como caso Leire, en alusión a Leire Díez, la fontanera de Ferraz.
Mandos del Instituto Armado consultados por este periódico consideran que el contundente auto de Pedraz cose sus reticencias a la figura de la directora general. En la cúpula hay «hartazgo». «La UCO está salvando a la Guardia Civil. Si el PSOE pudiera, se la cargaba», zanjan. El auto atribuye la apertura de dos informaciones reservadas tras publicar EL MUNDO unos whatsapps entre José Luis Ábalos y Koldo García. Nunca se tradujeron en expedientes de ningún tipo. «Mercedes González no nos representa en absoluto. Ni ella ni el Director Adjunto Operativo (DAO), el general Manuel Llamas», reivindican.
La actitud del máximo mando uniformado de la Guardia Civil -la persona de confianza del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska- mantiene tensionada a la UCO desde hace más de un año por sus «constantes intromisiones» en la unidad para conocer el avance o el estado de las pesquisas que afectan al núcleo de Pedro Sánchez o del partido, tal como reveló EL MUNDO. Según explicaron entonces los mandos, Llamas «se excede de sus funciones» para informarse de detalles que están bajo secreto judicial. Fue nombrado por Grande-Marlaska en diciembre de 2023 como número dos de facto del Instituto Armado tras la directora general. Ambos acumulan fricciones con la cúpula de la Guardia Civil, tal como detallan los mandos tras conocer el sentido de la investigación dirigida por Pedraz. «La UCO es la que está salvando la vida al Cuerpo. Este acoso es algo insólito», insisten.
En la causa está imputado el guardia civil Juan Sánchez Yepes a quien se le atribuyen delitos de revelación de secretos, cohecho y contra las instituciones del Estado. «Los investigados habrían llevado a cabo también actuaciones dirigidas, indiciariamente, a inquietar el normal desenvolvimiento de la actuación de la UCO en los distintos procedimientos judiciales de los más variados modos», apunta el juez de la Audiencia Nacional.
Las mismas fuentes describen como «tirante» la relación del DAO y de González con los jefes de la unidad precisamente por la negativa de los mandos a filtrar ningún tipo de información sobre los casos de corrupción que salpican a los socialistas. El auto detalla un escenario concreto en el que la directora general del Cuerpo intentó influir en los investigadores : «Impulsando la sospecha sobre sus actuaciones ante la directora general de la Guardia Civil (Mercedes González), que motivó la apertura de sendos expedientes de información reservada». Sin embargo, no da más detalles de este episodio.
El juez detalla la estrategia para desprestigiar a la unidad de élite del Instituto Armado. La trama se servía de, dice, «sucesivas denuncias en relación con su actuación ante la Fiscalía General del Estado, a las que inmediatamente daban la oportuna publicidad a través de medios de difusión nacional, haciendo germinar el despectivo y contaminante título de la 'UCO Patriótica'».
El auto del juez de la Audiencia Nacional también señala que los imputados en esta pieza secreta recopilaron, asegura, «datos e información personal y reservada de los mandos que intervinieron en las investigaciones ya referidas a fin de buscar información comprometida sobre los mismos que pudiera llevar a su neutralización». «Entre los hechos imputados se encontraba la posible filtración de mensajes comprometidos de WhatsApp entre Ábalos y otros miembros relevantes de su partido publicados en prensa que se conocía, con certeza, que habían sido publicados por aquel».