"El modus operandi es prototípico" de una organización criminal. Los Mossos d'Esquadra investigan el asesinato en la calle Balmes de Barcelona, ante una Comisaría de la Policía Nacional coincidiendo con el macrooperativo por la visita del Papa, y una de las hipótesis es la guerra que libran en la ciudad dos clanes montenegrinos enfrentados desde hace meses.

La planificación del ataque, la ejecución prácticamente a bocajarro y la huida planificada son tres de las características de un crimen impactante por la zona (una de las calles más transitadas de la capital catalana), la hora (9:50 de la mañana) y el hecho de que se produjera con una ciudad blindada de policías por el viaje del pontífice. Sin embargo, aún es pronto para determinar las causas del asalto mortal y los investigadores optan por la prudencia, aunque no descartan que el asesinato sea una disputa entre estas organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico. Sobre su implantación, son cautos, aunque investigan si podrían tener cierta infraestructura.

De hecho, detrás de los seis muertos por armas de fuego en Cataluña, el último el de Balmes, hay estructuras delictivas, la gran mayoría por tráfico de drogas. Es decir, la policía atribuye al crimen organizado estas víctimas en tiroteos. Desde el cuerpo apuntan que los profesionales que se dedican a ejecutar a rivales de otros clanes actúan sin patrón predecible, ya que lo hacen en el momento que consideran oportuno tras realizar su propia evaluación de riesgos.

La víctima de este miércoles, un hombre que andaba por Balmes hacia abajo, falleció tras recibir un tiro por detrás en la cabeza. De mediana edad, iba vestido con ropa deportiva y llevaba una camiseta del FC Barcelona debajo de una sudadera negra. La policía no encontró documentación y trabajan para identificarlo.

El asaltante, que caminaba siguiéndole a corta distancia, comprobó que la persona en cuestión había fallecido antes de escapar, según fuentes conocedoras. Un agente de la Policía Nacional (de la comisaría que hay justo enfrente) y un vecino trataron de perseguir al autor, que logró huir girando a la izquierda por la calle Granada del Penedés -con menos tráfico que la paralela- hasta Vía Augusta, una rambla con una zona peatonal en medio y carriles para coches de subida y bajada.

En este punto, la policía encontró el arma, dentro del caso ciclista, en el suelo, bajo el banco de una parada de autobús urbano en Gal·la Placídia, una plaza adyacente en obras. También había un teléfono móvil. Su rastro se perdió en esa marquesina. La Policía Nacional entregó después un casquillo de bala a los Mossos que correspondería con el arma usada.

Sobre la guerra particular que libran dos clanes de Montenegro (Skaljari y Kavac) uno de los últimos episodios fue el asesinato a bocajarro de uno de sus integrantes en una terraza de Diagonal Mar. El primero conocido saltó a la crónica negra hace justo un año: el 15 de julio de 2025, un hombre fallecido tras recibir hasta cuatro impactos de bala cuando entraba en su portal en la calle Consell de Cent (peatonal y muy céntrica). Su batalla empezó hace más de una década precisamente por una gran partida de cocaína robada en Valencia.

Sea como fuere, lo cierto es que los incidentes con armas de fuego, muchos vinculados con el narcotráfico, han aumentado en los últimos meses en Cataluña, algo que preocupa a los Mossos. En el primer trimestre de 2026, se han incrementado un 7% los incidentes con armas de fuego reales con respecto al mismo periodo del año anterior. Si en todo el 2025 hubo 176 hechos en los que se usó un arma, aunque fuera de manera intimidatoria, en el primer trimestre de 2026 ya se han producido 48, entre ellos los seis asesinatos.

Elevar las penas de cárcel

Datos desgranados en un gabinete de crisis convocado por la consejera de Interior, Núria Parlon, y la cúpula de Mossos d'Esquadra para abordar cómo frenar la violencia del crimen organizado en Cataluña. En el encuetro de trabajo han estado el intendente Toni Rodríguez, Parlon, el director de la policía, Josep Lluís Trapero, y el comisario jefe, Miquel Esquius.

Ante este escenario, el departamento de Interior plantea elevar las penas de prisión previstas en el Código Penal por producción y tráfico de marihuana a gran escala y por tenencia ilícita de armas. Una medida sobre la mesa como efecto "disuasorio" para evitar que Cataluña siga siendo una "atracción" para las organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico.

En concreto, el Govern propone que las penas de prisión por producción de marihuana en grandes plantaciones y su comercialización y/o exportación se eleven en una horquilla de 6 a 9 años de prisión, frente al baremo actual (1 a 3), por lo que si el delincuente es condenado a 2 años y no tiene antecedentes elude la prisión.

Además, y ante el aumento de las armas de fuego en Cataluña, el departamento de Interior propone también elevar las penas de prisión por su tenencia ilícita: en estos momentos, la condena va de un año a dos de prisión por posesión ilícita de armas cortas y de seis meses a un año por las armas largas y, por contra, el Govern plantea que la condena oscile entre los 4 y 5 años, en la línea de la legislación de nuestro entorno europeo.