Mientras tanto, el partido de Abascal considera que hay margen para trasladar a la práctica este principio en Extremadura vía "baremos"
El portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, este lunes en la sede del partido.EFE
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El "principio de prioridad nacional" que inspirará el "acceso a todas las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas" en Extremadura, así como a la "vivienda protegida y alquiler social", es el punto del acuerdo entre PP y Vox que más polémica ha suscitado, a la espera de conocer en qué se traduce en la práctica. En el partido de Santiago Abascal sostienen que las autonomías tienen margen para introducirlo por distintas vías, aunque reconocen -en el texto del acuerdo- que hay legislación estatal que puede suponer un tope a su aplicación. Y, por eso, se emplazan a modificar esas disposiciones normativas si alcanzan La Moncloa -por ahora, instan a reformarlas-.
Tras las reticencias deslizadas por algunas voces populares ante el pacto extremeño, el portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, pidió ayer al PP "que no moleste": "Que nos dejen construir una alternativa, en la que Vox tenga la fuerza suficiente, ojalá una mayoría absoluta, para de verdad cambiar las políticas en España". "Si eso ocurre, si se puede construir esa alternativa, en las próximas elecciones generales saldrá un gobierno que hará las modificaciones necesarias en aquellas leyes para cumplir los acuerdos alcanzados con Vox", añadió Fúster, deslizando así que, si alcanzan La Moncloa -solos o de la mano del PP-, pondrán en marcha las reformas legislativas necesarias para eliminar los topes a la aplicación del "principio de prioridad nacional".
Esto también lo recoge el propio texto del acuerdo sellado en Extremadura, en el que Vox ya arranca a los populares el compromiso de promover las reformas pertinentes para que lo pactado pueda llevarse a término. "Se instará la modificación de la Ley Orgánica 4/2000 [Ley de Extranjería] y cuantas disposiciones normativas dificulten la consecución efectiva de lo anterior", reza el documento en lo relativo a la aplicación del "principio de prioridad nacional" en las ayudas, subvenciones y vivienda.
La Ley de Extranjería recoge, por ejemplo, que los inmigrantes tienen derecho a acceder "al sistema público de becas y ayudas en las mismas condiciones que los españoles", igual que al sistema de ayudas en materia de vivienda, lo cual pone coto a la "prioridad nacional" que Vox quiere aplicar en estas cuestiones. En el partido, sin embargo, defienden que es posible poner en marcha este principio, al menos en cierta medida, y señalan que la vía para hacerlo -respetando la legislación vigente- son los "baremos", "criterios" o "requisitos" que puede definir la comunidad autónoma para la concesión de algunos recursos públicos.
El texto del pacto recoge, por ejemplo, conceder las ayudas estableciendo un "periodo mínimo reforzado de arraigo y empadronamiento" y vincularlas a la "trayectoria de cotización, permanencia y contribución al sistema", dos cláusulas que el gobierno autonómico podría introducir en la concesión de ayudas que son de su competencia y que llevaría a la práctica, en cierto grado, ese "principio de prioridad nacional".
Mientras, en el PP siguen tratando de rebajar el alcance del pacto alcanzado con Vox en Extremadura. Su secretario general, Miguel Tellado, recalcó ayer que la "prioridad nacional" para la concesión de subvenciones públicas "es un criterio más" y "no es eliminatorio". "Es razonable que la vinculación con el territorio, el arraigo real y la contribución tengan peso a la hora de otorgar viviendas o ayudas estructurales", esgrimió.
Además, precisó que organizaciones como Cáritas, que se dedican a ayudar a extranjeros sin papeles, pueden estar "completamente tranquilas" porque no van a perder la financiación por los pactos con Vox. Aunque el texto acordado en Extremadura la semana pasada señala que se suprimirán las partidas a entidades que participen en la facilitación o sostenimiento de la inmigración ilegal o actúen como cooperadores necesarios de las mafias de tráfico de personas, el número dos de los populares precisó ayer que eso tendría que "acreditarse vía judicial por sentencia".