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M�s de 33.100 personas presentan el tr�mite de la regular...
Silvia Loren · 2026-04-17 · via España

Inmigraci�n

El Ministerio de Elma Saiz registra 13.500 solicitudes telem�ticas y 19.600 citas previas para la atenci�n presencial, que comenzar� el 20 de abril

Colas en Ayuntamiento de Zaragoza durante el segundo d�a de la regularizaci�n de inmigrantes.

Colas en Ayuntamiento de Zaragoza durante el segundo d�a de la regularizaci�n de inmigrantes.EFE

Actualizado

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M�s de 33.100 personas iniciaron el tr�mite de la regularizaci�n extraordinaria en el primer d�a del proceso que ha lanzado el Gobierno de Pedro S�nchez. Un total de 13.500 solicitudes se presentaron este jueves 16 de abril de forma telem�tica y otras 19.633 personas formalizaron una cita previa para presentar su solicitud de forma presencial, gesti�n que podr� hacerse desde el pr�ximo lunes 20 de abril.

As� lo afirma el Ministerio de Inclusi�n, Seguridad Social y Migraciones, que considera que el proceso ha arrancado "con �xito" y "normalidad" durante sus primeras horas.

Seg�n los datos que obran en manos de la cartera de la ministra portavoz, Elma Saiz, todas las solicitudes presentadas de forma telem�tica se hicieron mediante certificado digital, la mayor�a presentadas por parte de profesionales habilitados, como abogados, graduados sociales o gestores administrativos. Tambi�n los futuros beneficiarios han presentado solicitudes individuales o las entidades sociales inscritas en el Registro de Entidades colaboradores en Extranjer�a (RECEX).

Pese a que la medida ya haya echado a andar, esta regularizaci�n extraordinaria no est� esenta de cr�ticas y peticiones de modificaicones. Empezando por el socio minoritario del Gobierno, Sumar, que no aprueba la "discriminaci�n" de los saharauis en este proceso. De ah� que los de Yolanda D�az hayan efatizado a�n m�s su proposici�n de ley para reconocer la nacionalidad a a estas personas, espa�olas cuando este territorio pertenec�a a Espa�a y a sus descendientes. Podemos, por su parte, lleg� a afear al Gobierno las "concesiones al informe del Consejo de Estado [para las que] no hab�a lugar", como la obligcaci�n de certificar antecedentes penales.

Los partidos de la oposici�n se opusieron directamente a la regularizaci�n. El PP, mediante mociones en los ayuntamientos y recursos impulsados por las comunidades aut�nomas que capitanea por todo el territorio; Vox a trav�s de un recurso presentado ante el Tribunal Supremo.

Puntos donde presentar la solicitud

El proceso de regularizaci�n extraordinaria est� dirigido a personas extranjeras mayores de edad que hayan entrado en Espa�a antes del 1 de enero de 2026 y que puedan acreditar al menos cinco meses de permanencia continuada en el pa�s. El plazo para presentar las solicitudes se extiende desde el 16 de abril hasta el 30 de junio de este a�o, y puede realizarse tanto de forma telem�tica como presencial, en las oficinas de la Seguridad Social, de Correos o de Extranjer�a, as� como a trav�s de representantes con autorizaci�n o entidades del tercer sector.

El Gobierno estima que esta regularizaci�n podr�a beneficiar inicialmente a unas 500.000 personas, aunque algunos estudios elevan la cifra potencial hasta casi un mill�n, como Fundas, que acerca la cifra hasta los 870.000.

Entre los requisitos figura la ausencia de antecedentes penales, que deber� acreditarse mediante un certificado, aunque se han habilitado mecanismos para que las autoridades espa�olas puedan recabarlo por v�a diplom�tica si el interesado no lo logra, lo que podr�a prolongar temporalmente el procedimiento. Asimismo, para demostrar que el solicitante no supone una "amenaza para el orden p�blico", la Polic�a elaborar� un informe policial que deber� ser valorado, aunque la existencia de antecedentes policiales no supondr� autom�ticamente la exclusi�n del proceso.

Adem�s de demostrar la estancia en Espa�a, los solicitantes deber�n identificarse con documentaci�n v�lida y cumplir al menos una de varias condiciones: acreditar una oferta de empleo, demostrar v�nculos familiares con personas dependientes en el pa�s o justificar una situaci�n de vulnerabilidad mediante informes de servicios sociales o entidades acreditadas.